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Viernes, 18 Mayo, 2012
+ PRI
adelanta vísperas en Sedena
+ Militares:
estrictamente con la ley
El cumplimiento
de la orden de presentación del general retirado Tomás Ángeles Dauhare
ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO) fue ajena a la estabilidad institucional de las
fuerzas armadas, pero reveló cuando menos tres hechos:
1.- El PRI adelantó vísperas e introdujo la inestabilidad en ciertos mandos militares retirados que
ya ven al PRI de regreso a Palacio Nacional. La invitación como partido a
generales retirados rompió la disciplina militar que aún los retirados
deben guardar al mando castrense y al presidente de la república como comandante
en jefe de las fuerzas armadas. Todavía no gana las elecciones y el PRI soltó la posibilidad de que el próximo secretario de Seguridad Pública federal sea un
militar, lo que ha despertado la ambición de generales retirados.
2.- Algunos
altos mandos militares retirados violaron la disciplina militar y
cayeron en el juego priísta de criticar la estrategia de seguridad del gobierno
federal y del alto mando castrense como una forma de apuntarse a
posiciones políticas para el próximo gabinete. El problema de fondo no fue el
de conocer percepciones críticas de los retirados, sino que los militares
retirados se han salido de los canales institucionales castrenses que
son muy estrictos. En este sentido, el PRI politizó el comportamiento de
generales retirados en el contexto de la decisión priísta de fijar la percepción de que de los retirados podría salir inclusive el próximo secretario de
la Defensa Nacional.
3.- Al usar a militares retirados para criticar la estrategia gubernamental de seguridad,
en la que las fuerzas armadas constituyen el pilar fundamental, el PRI
introdujo un factor de desestabilización. El general Ángeles cometió un
error de criterio al aceptar presentarse en una reunión de la campaña presidencial del PRI y de criticar la estrategia gubernamental de la que él
mismo fue parte como subsecretario de la Defensa Nacional al iniciar el
sexenio del presidente Calderón. Con ello, el PRI está dividiendo la
unidad de las fuerzas armadas justo cuando la disciplina militar es vital por
el papel fundamental del ejército en la lucha contra el crimen organizado.
A estos puntos
hay que agregar otros tres que ya contaminaron el proceso de
presentación del general Ángeles ante la SIEDO a una solicitud formal de la Procuraduría
General de la República:
1.- La decisión
de los abogados del general Ángeles, obviamente con el aval del militar
citado a declarar, de mediatizar el asunto y sacarlo de los
canales institucionales de la disciplina militar para convertirlo en escándalo
periodístico.
2.- La queja de un militar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, justo cuando se
han multiplicado las denuncias ante ese organismo como parte de una campaña de desprestigio de las fuerzas armadas para debilitar la moral castrense en la estrategia de
lucha contra los cárteles del crimen organizado. Con esa solicitud ante
la CNDH, el militar trata de salvarse aportando elementos a los
adversarios del ejército, a pesar de que se cumplieron los pasos
institucionales y castrenses para conducirlo a declarar.
3.- La imprudencia de la esposa del general Ángeles de afirmar que su esposo fue víctima de una “traición”,
concepto que tiene nociones delicadas en los procedimientos de la disciplina
militar. De manera mañosa, la esposa del general Ángeles trató de introducir al general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, en un
asunto del que el ejército es ajeno porque se trata de un expediente
manejado directamente por la PGR. El problema fue que la esposa del general Ángeles
buscó que el general secretario irrumpiera en un proceso judicial
delicado para un acto de impunidad. En algunos sectores castrenses se
leyeron las declaraciones de la señora Ángeles como una especie de vulgar chantaje.
Lo que el general
Ángeles, su esposa y su abogado no quieren entender es que el asunto es
ajeno al ejército, tiene que ver con un expediente de la PGR y se basa en
declaraciones de un testigo que no se pueden dejar pasar y mínimo deben
de investigarse. El general Ángeles goza de muy buena reputación en las
fuerzas armadas, pero en denuncias vinculadas al crimen organizado no basta la
confianza sino que hay que desahogar las indagatorias. En este sentido, el
general Ángeles no fue detenido sino presentado a declarar; sin embargo,
la politización de la información y el ruido que introdujo el PRI al convocar
a generales en retiro a actos políticos de campaña y usar relaciones para
designaciones propias de quien ya adelantó la victoria presidencial, llevaron a
la autoridad a dictar el arraigo del militar retirado.
El dato que se
quiere ignorar tiene que ver con una muestra de voluntad de los altos
mandos del ejército de no usar el uniforme para la impunidad y que los
presuntos acusados militares tendrán que ser llevado ante tribunales civiles. Lo
paradójico del asunto es que la solicitud del general Ángeles de buscar la protección de la CNDH se convirtió en un dardo clavado en el costado del cuerpo militar y
una evidencia de indisciplina. Mientras el ejército trata de salvaguardar el fuero militar como una garantía de eficacia y lealtad a la defensa de la
soberanía, un general retirado ha buscado los espacios civiles en donde
las leyes han permitido la impunidad.
De ahí que el
ejército ha tomado el camino más sensato: reiterar que el caso del general
Ángeles es un tema de una persona y no involucra a las fuerzas armadas
como institución, algo que por cierto el acusado debió de haber entendido
porque en aras de salvarse a sí mismo no vacila en tratar de embarrar a
las fuerzas armadas y a sus altos mandos. La autoridad militar decidió cumplimentar un requerimiento de la PGR sin invocar la jurisdicción militar y con ello dejar
claro que el ejército no protegerá a investigados ni los cobijará bajo
el fuero militar.
La decisión
militar de cumplir con una orden de presentación de la PGR contrasta con
la complicidad de algunas instancias del poder civil que prefieren la apatía o
la connivencia ante denuncias de funcionarios, políticos y policías
señalados de colaborar o proteger a banas criminales.
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carlosramirezh@hotmail.com
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| Carlos Ramírez
