Miércoles 19 de agosto 2009

+ Corte suple mal poder judicial

+ ¿Y la Judicatura y el Congreso?

Luego de haber fracasado en los casos de Aguas Blancas y Lydia Cacho, la Suprema Corte se metió en otro callejón sin salidas con el caso de la investigación de la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo. Lo más que se podrá probar será la negligencia en la supervisión del lugar.

El problema más serio del caso ABC no radica en la tragedia por la muerte de 49 niños. Tampoco hubo, según el párrafo segundo del 97 constitucional, “una grave violación de alguna garantía individual”. El asunto más severo será de nueva cuenta eludido por la Corte: la existencia de leyes redactadas para otro México, un sistema legal corroído por la corrupción y un aparato de justicia proclive a los arreglos.

Es decir, la tragedia de la guardería ABC reveló el colapso del sistema de impartición de justicia, cuando las normas legales no responden a las exigencias de la sociedad. El sólo dato de que se haya hecho necesaria la intervención de la Corte para suplir las fallas de las investigaciones ministeriales, el temor a un nuevo caso de impunidad del poder y la aplicación sospechosa de leyes que permiten la elusión de la justicia indican que el problema está en el derecho y las leyes.

Lo malo fue que la Corte, presionada por los padres de los niños fallecidos, escogió la parte equivocada del segundo párrafo del 97 constitucional. Más que investigar la “violación grave” de las garantías individuales, la Corte debió de aplicar la parte final del mismo párrafo que la faculta para “solicitar al consejo de la judicatura federal, que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal”. El peligro de la impunidad en el caso de la ABC radica en la posibilidad de que la investigación del ministerio público sea tergiversada por razones políticas al involucrar al gobernador de Sonora o a un ex director del Seguro Social o que los jueces que sentencien el caso también caigan en el tráfico de influencias. Acaba de ocurrir con el caso Acteal revertido por la propia Corte.

Por tanto, el temor de los padres radica en que el ministerio público y los jueces no apliquen las leyes sino que conduzcan una investigación politizada para exonerar a los responsables. El problema del caso ABC se localiza en que no se trató de una acción de fuerza para violar intencionalmente las garantías individuales, sino que fue una tragedia producto de la negligencia y la corrupción. Ya desde ahora se presume el hecho de que se haya tratado de un asunto “no grave”, a pesar de las muertes.

Los legisladores, gobernantes y ministros de la Corte se han tardado demasiado en reformar el aparato de justicia. El caso ABC será otra evidencia de que el actual esquema legal, jurídico y judicial no responde a las exigencias de la sociedad y que las leyes se hicieron para violarse. A ello se refería el ministro ponente de la Corte Sergio Aguirre Anguiano al señalar que el reporte final de la comisión investigadora será otro “parto de los montes”, un volcán que da a luz a un mísero ratoncito: las leyes así lo permiten.

Lo más sensato y de fondo hubiera sido remitir el caso al Consejo de la Judicatura, cuya función es, según el artículo 68 de la Constitución, “la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación”. La venalidad de miembros del poder judicial --sobre todo jueces-- cae en el terreno de la supervisión de la Corte. Es decir, la Judicatura tiene la tarea de inspeccionar a jueces en la aplicación de las leyes y su función “asegura medios y elementos de calidad en la impartición de justicia, dando certeza en la atención de los servicios que brinda tanto a los Tribunales y Juzgados Federales como a la sociedad, en un ámbito de eficiencia y eficacia, y que contribuye a lograr una justicia que da respuesta y garantiza la seguridad jurídica de los gobernados”. Por si fuera poco, el presidente del Consejo de la Judicatura Federal es el ministro presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Y en el caso de los ministerios públicos, donde se refugia la corrupción y se promueve la impunidad, su supervisión cae en el terreno de la ley de responsabilidades de funcionarios públicos. Por tanto, el Congreso tiene una participación directa en la supervisión de los trabajos del ministerio público. Y ahí es donde radica la evasión de responsabilidades del Congreso, al pedir la intervención de la Corte en tareas de supervisión que corresponden a los propios legisladores a través del juicio político contra funcionarios que no cumplan con eficiencia sus tareas.

Al final de cuentas, la Constitución señala en su artículo 108 que “los gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales”. Y la negligencia en el caso ABC constituyó una violación a la Constitución.

Con la Corte sobre los jueces y el Congreso vía juicio político sobre la PGR y sus ministerios públicos, la investigación del caso ABC pudiera tener mejores resultados. Al final, las conclusiones de las comisiones especiales investigadores de la Corte terminan siendo “parto de los montes”, sin castigos concretos, en tanto que la Judicatura y el Congreso tienen instrumentos legales más sólidos para castigar el prevaricato de los impartidores de justicia.

De ahí que el caso ABC deba de conducir a la gran reforma integral del sistema judicial, no a una comisión de la Corte que parirá un pequeño ratón.

 

www.indicadorpolitico.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

 

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