Martes 16 de junio 2009

 

+ Tráfico de armas policiacas

+ Licencias sin control oficial

 

La crisis en la seguridad pública a nivel estatal y municipal ha conducido al desvío de las funciones de las organizaciones policiacas: en lugar de utilizar a las policías para vigilar las calles, gobiernos y municipios se han dedicado a vender el servicio de vigilancia privada y a usar la licencia colectiva de portación de armas para registrar sin control a escoltas privados y dotarlos de charola y arma de uso exclusivo del ejército.

Las policías auxiliares, de seguridad y bancarias a nivel estatal han comercializado las funciones que debieran ser sociales. Empresarios y ciudadanos pueden alquilar policías para sus propiedades o pueden dar de alta a sus escoltas en organizaciones policiacas para conseguir arma y credencial.

La privatización de la seguridad pública se ha convertido en un buen negocio para estados y municipios, pero a costa de pervertir la función policiaca. Dos casos que ha jalado la atención oficial es lo que ocurre en la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México y en la Policía Bancaria del DF, cuyas licencias locales de portación de armas pasa por túneles de corrupción y comercialización que impiden un estricto control de las armas.

Empresarios y particulares han aumentado el alta de sus escoltas en ambas policías, con lo que obtienen el permiso para utilizar armas de 9 milímetros de uso exclusivo del ejército. En la ASE mexiquense dan de alta escoltas sin cumplir con las estrictas exigencias de las autoridades militares federales y otorgan permisos con oficio de comisión para operar en todo el país pero con la restricción de que sólo pueden tener validez en el Estado de México.

Por lo pronto y ante la crisis de la seguridad en el DF, policías mexiquenses de la ASE ya vigilan instalaciones oficiales y particulares en el Distrito Federal, pero con un permiso de portación de armas con validez nada más para el Estado de México. Ello implica sobre todo la pérdida de control sobre las armas y sobre el personal, además de que los reglamentos de uso de armas son diferentes en varios estados de la república.

Los servicios de escolta armada para, particulares, vía el alta en las policías auxiliares y bancarias estatales, son irregulares porque no cumplen con los requisitos legales. Pero sobre todo porque la licencia colectiva otorgada por el ejército a esas policías es para armas de 9 milímetros y éstas son de uso exclusivo del ejército y policía. Sin embargo, cualquier particular puede, vía la compra del servicio, violar la ley, dar de alta a un escolta privado en esas policías y tener acceso a armas poderosas de 9 milímetros.

El asunto se evidenció con claridad en enero pasado, cuando varios escoltas particulares de Andrés Manuel López Obrador fueron detenidos en un retén en Sinaloa por portar armas de uso exclusivo del ejército. Los escoltas del tabasqueño estaban dados de alta en la policía bancaria del Distrito federal, por lo que sólo podían portarlas en la capital de la república. Peor aún: los guardaespaldas de López Obrador carecían de oficio de comisión, aunque en el entendido de que esos oficios no tienen de valor oficial y sólo explican la presencia de los guardias armados fuera del territorio permitido. Por lo menos hubo ahí tres irregularidades: escoltas particulares portaban armas de uso exclusivo del ejército, circulaban con sus armas fuera de la jurisdicción permitida y carecían de los oficios de comisión.

La policía bancaria del DF y la ASE del Estado de México comercializan con particulares una licencia otorgada como área de gobierno, en lugar de servir a la sociedad. Pero hay más: la corrupción. Las policías del DF y el Estado de México no tienen controles estrictos sobre los escoltas privados, cobran el servicio sin documentarlo con papelería oficial, reciben el dinero en cuentas privadas, no otorgan facturas y los acreditados no cumplen las exigencias médicas y sicológicas exigidas por el ejército. La ASE mexiquense, inclusive, vende comandancias regionales por millones de pesos más una renta mensual por el alquiler de charolas y armas. El armamento no está registrado legalmente ante las autoridades militares. Y hay indicios de que algunos miembros del crimen organizado utilizan ya los huecos de la corrupción para tener escoltas armados con charolas oficiales.

Las policías auxiliares, bancarias y estatales de seguridad han contribuido a un tráfico legal de charolas y armas en todo el país. Ello responde a la falta de una regulación estricta a nivel estatal sobre el uso de la licencia de armas. Los policías municipales de varios municipios de Nuevo León han evidenciado la falta de capacitación para portar armas. La venta de charolas y armas a escoltas privadas se convierte en un negocio fuera de control y en ingresos policiacos para estados y municipios.

Paradójicamente, la inseguridad se ha convertido en un negocio para las corporaciones policiacas estatales y municipales, pero a costa de entregar armas y credenciales sin cumplir con las leyes establecen condiciones muy estrictas para supervisar médica y sicológicamente a quienes tienen armas como escoltas. En lugar de profesionalizar los servicios de seguridad ciudadana, las agencias de seguridad estatal han optado por comercializar la licencia colectiva de portación de armas.

 

www.indicadorpolitico.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

 

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