Miércoles 24 de junio 2009

 

+ Martí y su IFE legítimo

+ ¿Instituciones al diablo?

 

Si se revisa a fondo la propuesta de condicionar el voto, entonces el empresario Alejandro Martí estaría siguiendo los pasos de Andrés Manuel López Obrador: mandar al diablo a las actuales instituciones electorales y crear una especie de IFE “legítimo” para servir a los intereses de un reducido grupo empresarial vinculado a Televisa.

Por ley, los compromisos de los partidos deben ser registrados exclusivamente en el Instituto Federal Electoral. Y ningún grupo civil puede tener la facultar de obligar por cualquier vía a los aspirantes a comprometerse a lo que exige la ley. Y si ese nuevo registro se hace para condicionar el voto, entonces Martí estaría violentando el proceso electoral y convirtiéndose en una autoridad electoral paralela.

Y por último, la ciudadanía no le otorgó a Martí la representatividad para meterse en un proceso electoral con reglas establecidas por las leyes y las verdaderas autoridades electorales. Al final de cuentas, Martí ha elaborado una condicionalidad que sólo beneficia a un grupo de élite de la sociedad y a sus propias pasiones lastimadas. Si cualquier padre de algún secuestrado utilizar su poder económico para condicionar los procesos políticos, entonces ahí estaríamos ante un fermento realmente fascista: por empresarios en política tienden al fascismo autoritario y poderoso.

Los candidatos a cargos de elección popular deben asumir compromisos con sus electores, no con estructuras de dominación corporativas. Lo lamentable del Grupo Político Martí es la perversión de las tareas de México Unido Contra la Delincuencia, cuya función ahora aspira a poner legisladores. Pero ahora resulta que MUCD participa en una agenda electoral parcial que responde a los intereses de una fracción de la sociedad. Por tanto, MUCD se convirtió en un grupo de presión política para convertir al Grupo Político Martí en un poder fáctico. Y lo grave de todo es el poder de Televisa detrás de Martí y sus aliados políticos conservadores.

MUCD ya había comenzado a desviarse de su condición de organismo ciudadano al convertirse en una instancia de legitimación de la política de seguridad pública federal. En lugar de cumplir con su papel frente a los organismos de seguridad, se fue fusionando y subordinando a las corporaciones policiacas. De su papel activo en la calle, MUCD pasó a las reuniones oficiales dentro de las instancias de gobierno.

Lo malo de todo es la ingenuidad de Martí. Un candidato a diputado puede firmar su apoyo a las demandas de un grupo privado reducido, pero esas iniciativas tendrían que pasar por el consenso de 628 legisladores en las dos cámaras. Por eso es que los propios candidatos han comenzado a tomarle el pelo a Martí y su IFE legítimo, firman todo lo que les pongan enfrenta y a la hora decisiva --después del voto-- dirán que no se pudo.

Y hay otro perfil operativo. ¿Qué ocurrirá si los candidatos de varios partidos en un distrito firman la agenda particular del Grupo Político Martí? ¿A quién le dará esa “ciudadanía” el voto? ¿A todos? Y a la hora de las iniciativas y los votos, ¿cómo reclamará el Grupo Político Martí a los legisladores el incumplimiento de los compromisos?

Los partidos tienen la obligación legal de registrar su programa de ofertas políticas en el IFE. Y el IFE no exige una agenda específica porque sería ilegal y violatoria de la autonomía de los partidos. Arbitrariamente y escudado en su tragedia, Alejandro Martí se ha querido colar como la instancia superior para condicionar el voto de los ciudadanos. Y ahora resulta que los partidos registraron legalmente su plataforma en el IFE pero los candidatos hicieron sus promesas por su lado con un empresario. ¿A quién le deberán su lealtad legislativa los legisladores: a su partido o a un empresario con poder económico para crear sus organismos rémora?

A la larga, la ingenuidad de Martí está siendo manipulada por los propios candidatos. Los que han firmado ante notario sus compromisos, han recibido una carta de buena conducta y con ello pueden ir con los electores para buscar el voto. Y como no existen garantías de una gran reforma electoral como la que pide Martí y MUCD porque esa agenda se negocia en otra ventanilla, al final Martí habrá sido cómplice de un engaño a los electores. A menos, claro, que Martí establezca una lista negra de quienes no cumplan con sus compromisos.

Como se ha visto en las últimas horas, Martí se ha convertido en un cómplice silencioso del PAN y del PRI, cuyos candidatos han ido corriendo ante notario a firmar lo que le pongan enfrente. De manera autoritaria, Martí y MUCD se han convertido en una aduana política de condicionamiento del voto. Y si legalmente nadie puede obligar al ciudadano a condicionar su voto, entonces Martí está cometiendo un delito electoral de enormes magnitudes, inclusive con decisiones que tienen que ver con la promoción de voto que sólo corresponde a las autoridades electorales.

El camino democrático es que Martí y MUCD se conviertan en partido político y lancen sus candidatos y el camino autoritario se avanza con condicionamientos del voto. A menos que hayan decidido secuestrar el voto.

 

www.indicadorpolitico.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

 

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