Jueves 16 de julio 2009

 

+ Narcoguerra va sin consenso

+ Estados y municipios, ajenos

 

Más que la estrategia y la táctica, lo que falla a la política del gobierno federal contra el narcotráfico es el consenso social y político. La sociedad carece de caminos para avalar las decisiones y la clase política gobernante ve con incomodidad la intervención del Estado en la vida política estatal y municipal.

Cuando en mayo se dio el arresto de alcaldes, políticos y funcionarios en Michoacán, la respuesta del gobernador Leonel Godoy fue crítica. Ahora que sabe que su medio hermano y diputado perredista formaba parte de la estructura de la mafia de La Familia, el gobernador michoacano ya no sabe cómo justificarse y quiere centrar el asunto no en el tema del narco en su familia y su familia en La Familia sino en su renuncia que nadie ha pedido.

La peor parte de la lucha contra el narco no ha sido la respuesta violenta de las mafias ni los asesinatos de policías y militares, sino la evasión de responsabilidades de políticos y funcionarios estatales y municipales y la acumulación de evidencias de que el narcotráfico logró comprar la lealtad parte de la sociedad política.

Por tanto, el gobierno del presidente Calderón debiera hacer el esfuerzo para reconstruir el consenso social y político en la lucha contra el narcotráfico. La dimensión del problema por la profundidad de la penetración del crimen organizado en las instituciones de gobierno y sobre todo la respuesta violenta de las bandas no ha dejado otro camino que el de la confrontación a balazos. Pretender ahora reducir el asunto a regresar al camino de las labores de inteligencia sería tanto como desandar lo caminado porque las acciones oficiales se han dado después de la acumulación de investigaciones de inteligencia. El problema no radica en saber dónde está metido el narco sino cómo sacarlo de sus cuevas de protección.

Las exigencias de la sociedad en dos marchas nacionales y en protestas estatales y municipales no han encontrado el camino de la participación en partidos políticos, en los poderes legislativos y en los gobiernos estatales y municipales. Es la hora en que el ejército tiene que entrar violentamente en instalaciones policiacas para profundizar la limpia de las corporaciones copadas por el narcotráfico.

El hecho de que el hermano de un gobernador en funciones haya sido parte de la estructura de una de las mafias más peligrosas, violentas y dañinas, la de La Familia michoacana, indica la dimensión de la apatía. Después de los arrestos espectaculares del 26 de mayo, el gobernador de Michoacán salió en defensa de los detenidos, pero sin hacer sus propias investigaciones. Lo grave es que su hermano haya sido revelado como parte de la mafia de La Familia. Cualquier análisis o crítica sale sobrando: o Godoy y el PRD son realmente pasivos --para no decir otra cosa-- o supieron lo de su hermano y miraron hacia otro lado.

La sociedad política tiene ciertamente la obligación de vigilar los derechos humanos de los delincuentes pero carece justificación que no condene severamente la alianza de políticos con el narco: el hermano de Godoy fue recientemente electo diputado federal perredista. ¿Por qué se sigue pidiendo la salida del ejército de la lucha contra el narco y se evita cualquier evaluación de los gobernadores de los tres partidos en estados dominados por el narcotráfico? ¿Por qué no hay algún apoyo social a favor de los agentes y militares torturados y asesinados por el narco?

La lucha contra el narco llegó a un punto de no retorno: o se sigue por el camino de la confrontación, arresto y desmantelamiento violento de bandas y complicidades políticas o policiacas o el ejército regresa a sus cuarteles e incumple su compromiso constitucional de resguardar la soberanía del Estado y la nación dejándole el campo libre a las mafias. Ahí se localiza el momento delicado actual. Y ahí de define la mezquindad de partidos, políticos, funcionarios, gobernadores y alcaldes. Nada, pero absolutamente nada han hecho esas instancias de poder para apoyar al ejército en la lucha contra el narcotráfico.

El gobierno del presidente Calderón necesita reconstruir el consenso de la política de seguridad pública y el ejército requiere de un reconocimiento a su labor. Los gobernadores y alcaldes necesitan tomar decisiones de apoyo directo a los compromisos de seguridad pública. Cada vez que el ejército arresta a policías por complicidades con el narco se prueba de la complicidad, omisión o negligencia de las autoridades estatales y municipales. Y ante esas evidencias, la sociedad mira con pasividad las cosas, como si secretamente prefiriera mejor vivir con el narco que apoyar la limpia.

La respuesta violenta de las mafias contra el ejército y la policía ofrece las evidencias del tamaño del problema: la apatía de los gobiernos federales de López Portillo a Fox prohijaron una estructura del narcotráfico y el crimen organizado que le disputas hegemonía al Estado, como se ve en las balaceras en las calles, en el aumento del tráfico de drogas y en la larga lista de políticos y funcionarios detenidos por complicidades con el crimen organizado.

La reconstrucción del consenso alrededor de la seguridad pública es un asunto de seguridad nacional del Estado.

 

www.indicadorpolitico.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

 

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