Lunes 20 de julio 2009

 

+ Godoy: familia en La Familia

+ Y qué tal si sí hay narcopoder

 

Cuando salió la semana pasada de la Procuraduría General de la República con la información de que su medio hermano, el diputado federal electo y pieza clave del PRD local Julio César Godoy, formaba parte del cártel de La Familia, el gobernador michoacano Leonel Godoy regresó a Morelia para pedir a su familiar que se entregara sólo para lavar el honor del apellido.

Nada más. Sin embargo, el problema era mayor: una mafia del crimen organizado había penetrado las esferas del poder político local. Y la máxima autoridad estatal en Michoacán prefirió denunciar la ocupación federal de una entidad de la república por fuerzas de seguridad para combatir lo que el propio Godoy había señalado como “delitos federales”.

En sus principales declaraciones en torno a la decisión del gobierno federal de enviar más efectivos militares, navales y policiacos a combatir a una mafia que había usado impunemente un medio de comunicación michoacano para amenazar al presidente de la república, el gobernador Godoy fue muy cuidadoso en esconder el centro mismo del problema: la participación de su medio hermano Julio César en el cártel de La Familia.

En desplegados amañados, el gobernador Godoy señala la “falta de confianza hacia las autoridades locales”, pero la acredita a la oposición del gobierno de Michoacán hacia el operativo de arresto de políticos y funcionarios del gobierno estatal --entre ellas la ex procuradora y jefa de asesores del gobernador-- del 26 de mayo. Sin embargo, en la PGR existe efectivamente falta de confianza pero por otras razones: funcionarios, familiares y colaboradores cercanos del gobernador aparecieron como miembros del cártel de La Familia. La máxima argumentación de Godoy es ingenua: “¿qué tal si resultan falsas las acusaciones y muchos de los detenidos son inocentes?” La respuesta ingenua es simple: “¿y qué tal si las pruebas en poder de las autoridades determinan que son ciertas?”

Michoacán no es Chihuahua o Ciudad Juárez. En estas plazas del norte de la república el narco logró comprar policías para operar con absoluta impunidad. En Michoacán, en cambio, el cártel de La Familia contrató a alcaldes, funcionarios del área judicial del gobierno estatal, asesores directos del gobierno estatal y al medio hermano del gobernador. Es decir, una mafia del crimen organizado se metió en las estructuras del poder local.

Las evidencias de las autoridades federales llevaron a la conclusión que en Michoacán no existía en realidad una autoridad judicial con autonomía suficiente para combatir al crimen organizado. Cuando del gobierno federal le avisaron al gobernador Godoy que su procuradora aparecía vinculada a La Familia, la respuesta fue moverla de esa posición a la coordinación de asesores del gobernador. Lo peor fue que no hubo una investigación propia para determinar el señalamiento federal. Godoy no se cansa de decir que conoció desde muy joven a su ex procuradora y jefa de asesores, hoy presa.

El otro aviso que prendió las alarmas federales fue la facilidad e impunidad de Servando Gómez La Tuta, jefe de La Familia, para acceder a un programa local de televisión y hablar directamente al aire. Algunos investigadores consideran que se trató de un operativo manejado por alguien con sensibilidad política y contactos para el manejo de los medios. Y ahí apareció en el tablero de análisis el nombre de Julio César Godoy, un político con relaciones y experiencia para operar resortes mediáticos. Este dato no es menor para entender por qué el gobierno federal decidió una operación para aumentar efectivos contra La Familia sin pasar por la autoridad local.

Lo que quedó en el centro del debate fue la debilidad política del gobernador Godoy, pero no derivada de la decisión federal de no informar operativos hasta no tener arrestado a su medio hermano sino del hecho de la falta de ejercicio del poder para poner orden en una entidad donde una mafia del crimen organizado controla alcaldes y habla por televisión.

La operación en Michoacán de una mafia como La Familia revela indicios de pérdida de soberanía del gobierno del Estado sobre el espacio político de la entidad y del Estado nacional sobre una parte del territorio. Es decir, que el enojo del gobernador Godoy no debiera enfocarse al gobierno federal que quiere recuperar territorio en manos del narco sino hacia su propia incapacidad para mantener el carácter de libre y soberano de una entidad de la república dominada por mafias. Ahora resulta que para Godoy el gobierno federal viola la soberanía y no el narco.

El gobernador Godoy carecerá de confianza en tanto su medio hermano y diputado federal perredista siga fugado y le pida que se entregue sólo para lavar el honor de la familia y no emprenda una operación propia de seguridad para liquidar a La Familia y recuperar la soberanía.

La crisis de seguridad pública de Michoacán es un asunto federal en tanto que implica una crisis de la seguridad nacional por la existencia de una mafia del crimen organizado que suple y copa las instituciones de gobierno estatal y municipal y arrebata territorio soberano a la nación. Y también es federal si funcionarios y el medio hermano del gobernador aparecen en revelaciones que advierten que forman parte del cártel de La Familia.

 

www.indicadorpolitico.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

 

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