Martes 28 de julio 2009

 

+ Crimen organizado o subversión

+ Pillerías o seguridad del Estado

 

Más que las fuerzas armadas o la decisión del gobierno federal de irse a fondo en la lucha contra el narco, quien tiene que reflexionar su papel ante el crimen organizado es la sociedad mexicana. Los datos se acumulan para concluir que el narcotráfico no quiere un espacio tolerable para sus tareas sino que aspira a dominar el escenario político y policiaco.

Las preguntas clave que deben hacerse a esta altura del conflicto de violencia por el crimen organizado tienen que ver ya con la existencia misma de la soberanía del Estado:

1.- ¿Se trata de acciones defensivas u ofensivas del crimen organizado o de la subversión de un grupo que quiere quitarle el control político nacional al Estado a través de la hegemonía de la fuerza?

2.- ¿Penetró el narco algunas estructuras de la sociedad o domina ya las pasiones sociales a través de la violencia?

3.- ¿Tratan las quejas de defender realmente los derechos humanos de la ciudadanía o se trata de una ofensiva social del crimen organizado para sacar al ejército de la lucha contra la delincuencia y que las mafias sigan controlando los sectores sociales, políticos, de gobierno y policiacos?

4.- ¿Se lucha contra bandas organizadas pertrechadas con armas de alto poder o se defiende la seguridad nacional del Estado y por tanto de la sociedad?

5.- ¿Quiere la sociedad combatir a los capos de la droga que han inducido un aumento en el consumo de estupefacientes que idiotizan a los ciudadanos y a los jóvenes o prefiere legalizar el consumo para que los Barones de la Droga se conviertan en la nueva casta privilegiada de la sociedad?

Michoacán se ha convertido en un  microcosmos de un conflicto de definición de México como sociedad. Hay datos reveladores: un medio hermano del gobernador del estado se entrevistó con La Tuta, el jefe de la mafia de La Familia, principal banda de narcos. La Familia no es una banda sino una sociedad política, de poder y de control social sobre la mayor parte de la sociedad michoacana. La Tuta, con toda tranquilidad, se apoderó de un espacio mediático político --ante la pasividad del gobierno estatal y la complicidad acrítica del conductor-- para mandar un mensaje.

El gobierno de Michoacán ha perdido influencia, control y hegemonía política sobre la entidad porque es incapaz de combatir por sí mismo al crimen organizado y porque las bandas han comprado a policías, funcionarios, políticos, funcionarios judiciales y asesores del gobernador. Lo peor es que La Familia controla territorio, por lo que Michoacán es un caso típico de pérdida de la soberanía del Estado. Lo mismo ocurre en Monterrey. Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Culiacán y otras ciudades de la república.

El poder del crimen organizado se conoce cada día que se informa que policías municipales, estatales y federales han sido comprados por el crimen organizado o que se sabe de muertos o que se prueban armamentos sofisticados en manos de delincuentes. La intervención del ejército en labores policiacas no fue un capricho del gobierno sino el reconocimiento de que la estructura civil policiaca fue no sólo incapaz de combatir a las bandas sino de resistir la corrupción. Y las revelaciones de bandas, dinero, armas, capos y delincuentes del crimen organizado han confirmado la peor de las hipótesis: el crimen organizado se metió a las entrañas de la sociedad y el poder.

El país ha sido llevado a la orilla del peor de los precipicios: verse obligado a decidir si los derechos humanos son un objetivo para calificar la lucha contra el crimen organizado o serán excesos no regulados por la dimensión del conflicto de la inseguridad y la subversión criminal contra la autoridad del Estado. No se trata de autorizar una lucha criminal contra los criminales sino de proteger primero los derechos humanos de la ciudadanía violados por un crimen organizado que asesina personas, secuestra ciudadanos e induce a personas y sobre todo a jóvenes y niños al consumo de drogas.

La estrategia gubernamental de ofensiva contra el crimen organizado ha revelado que en el país se escondía una poderosa estructura criminal con capacidad para rebatirle el poder al Estado. El dilema era claro: o enfrentarla o entregarle el poder y llegar al punto de generar una clase política controlada por el narcotráfico. Pero a la estrategia gubernamental le ha faltado el consenso social. La crítica a las fallas gubernamentales es superficial y magnifica la coyuntura. Pero Michoacán y La Familia han demostrado el poderío de las bandas criminales y sobre todo la pasividad e incapacidad del gobierno estatal que se queja que no le informen operativos cuando La Familia llegó hasta la familia del gobernador Godoy. En Michoacán no gobierna el Estado sino el narco. Así de simple.

El tema de los derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado puede detonar el gran debate nacional: ¿debe terminar la participación del ejército como la única fuerza armada capaz de contener y derrotar a los narcos para evitar con la presunta violación de los derechos humanos o se pueden defender los derechos humanos sin obligar al gobierno a ceder la plaza al crimen organizado? Porque el día que el ejército abandone la lucha contra el narco, las mafias criminales van a ganar… y a gobernar.

 

www.indicadorpolitico.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

 

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