Miércoles 21 de octubre de 2009

 

+ PAN-PRD-APPO-EPR-SCJN

+ Venga la sentencia: Tres Patines

 

El principal resultado de la investigación de la Corte sobre la crisis de Oaxaca en el 2006 para indagar si hubo violaciones graves a las garantías individuales fue que valió un cacahuate. Los tremendos ministros de la Tremenda Corte tiraron el trabajo de indagación, decidieron políticamente y se sumaron a la alianza electoral con el PAN, el PRD, la APPO, el EPR para imponer al Juanito de López Obrador en la gubernatura estatal.

El voto final de los ministros de la Tremenda Corte sobre el caso Oaxaca ocurrió en los términos de la doctrina López Obrador: las leyes se hicieron a contentillo; y si las leyes no se ajustan a los deseos, entonces peor para las leyes. De ahí que los ministros de la Tremenda Corte tendrán que explicar la inutilidad de las comisiones de investigación porque al final el voto se toma en función de criterios políticos… y ahora electorales.

La inculpación del gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz fue una carta tapada, producto de una reunión previa de la Corte con el alto mando político del gobierno federal. Resultó evidente el juego de poder cuando la Tremenda Corte pudo sacar de la inculpación de responsabilidades al entonces presidente Fox y a la PFP y meter como responsable directo al gobernador Ruiz.

Lo interesante fue que el proyecto de resolución, producto de la investigación de un equipo de abogados de la Tremenda Corte, había concluido una responsabilidad atenuada del gobernador, pero ocho ministros votaron por la inculpación independientemente de los resultados de su investigación y de sus investigadores.

Lo peor de todo fue que la decisión inapelable de la Tremenda Corte cayó exactamente donde querían que cayera: el proceso electoral oaxaqueño del 2010 para renovar al gobernador del estado. Por tanto, la Tremenda Corte se unió a la coalición PAN-PRD-APPO-EPR para fortalecer la candidatura del Juanito oaxaqueño de López Obrador, el senador ex priísta Gabino Cué. No sería la primera vez que la tremenda Corte decide afectar políticamente a un gobernador. Pero faltaba que el máximo tribunal jurídico del país se redujera a oficina de asuntos electorales del gobierno legítimo de López Obrador.

La decisión de la mayoría de ministros de la Tremenda Corte partió de una lectura mal intencionada de la crisis oaxaqueña de 2006. El conflicto estalló con el plantón de maestros en mayo, se agudizó con la mala operación de desalojo de junio y entró en la locura con la fundación de la APPO para exigir la renuncia del gobernador Ruiz. En octubre intervino el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y logró reencauzar el conflicto. Los ministros de la Tremenda Corte ocultaron intencionadamente el hecho de que en octubre el gobernador aceptó la intermediación de Abascal y se dedicó a resistir ataques violentos.

Asimismo, la Tremenda Corte no quiso reconocer que la crisis de Oaxaca no tuvo que ver con el abuso de fuerza --sólo ocurrió en el intento de desalojo de junio-- sino con el alzamiento anarquista de la APPO y la toma del centro de la ciudad para instalar una comuna revolucionaria con gobierno propio. El dirigente appista Flavio Sosa Villavicencio se adelantó a la lucha y creó el servicio de taxis revolucionarios de la APPO de uso obligatorio en la zona ocupada, porque su tarea antes de la revolución fue la de ser flotillero de taxis con permisos que le regaló el gobernador José Murat.

La violencia real de la policía llegó con la PFP, pero también por la resistencia violenta de los appistas. La batalla en noviembre en los linderos de Ciudad Universitaria mostró el grado de violencia insurreccional de la APPO, por el uso de bazucas artesanales con cohetes dañinos. Y el asesinato del documentalista Brad Will acreditado a la APPO mostró la profundidad de las batallas. La lucha de la APPO no se trató de una protesta sino de una insurrección. Ahí están algunos videos: el que muestra a Lucía Morett insultando a  policías o el que exhibe imágenes de un comandante del EPR en la toma del canal 9 de la televisión gubernamental por la APPO.

La interpretación sesgada y contaminada de la crisis de Oaxaca llevó a la Tremenda Corte a enjuiciar a un gobernador por un conflicto que duró ocho meses, pero sólo por el uso de la fuerza una vez en junio. De junio a noviembre la APPO se apoderó de la ciudad por el abuso de la fuerza y aisló el centro con barricadas para instalar una comuna anarquista. Y noviembre y diciembre la policía federal recuperó a sangre y fuego la parte del territorio que tenía bajo su poder violento la APPO.

Al gobernador Ruiz se le puede reclamar el fallido operativo para desalojar a los plantonistas en junio, pero en realidad la violencia fue utilizada por la APPO contra la autoridad y contra la ciudadanía. Y el asalto final en diciembre fue realizado por la PFP y sus altos jefes, los mismos exonerados por la Tremenda Corte. La crisis no llegó a mayores por la habilidad política del secretario Carlos Abascal, pero no se resolvió por la intransigencia de la APPO. El 4 de octubre Abascal reunió a todos los grupos políticos en conflicto, pero la APPO se negó a transitar la legalidad.

Al final, la crisis de Oaxaca se debió al agotamiento del acuerdo político entre priístas en 1977, a raíz de la caída del gobernador Manuel Zárate Aquino. Es decir, que la crisis del 2006 en Oaxaca fue una crisis entre las familias priístas del poder. Los ministros de la Tremenda Corte leyeron las proclamas de la APPO pero no entendieron la verdadera historia política de Oaxaca.

 

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carlosramirezh@hotmail.com

 

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