Jueves 29 de octubre de 2009

+ Eje político Edomex-Acteal

+ Chuayffet contamina el 2012

 

A pesar de haber sido diseñada y votada por la totalidad de legisladores de todos los partidos y de haberse cumplido el plazo para impugnaciones judiciales, la reforma constitucional electoral en Chiapas para homologar elecciones en el 2012 ha desatado una ofensiva del PRI aliado con la iglesia católica. Sin embargo, el tema central no es electoral sino penal: la inminencia de incriminaciones a los responsables políticos de la matanza de indígenas en Acteal en diciembre de 1997.

En una de sus primeras decisiones en diciembre de 2006, el gobernador Juan Sabines creó una comisión especial para investigar el caso Acteal. En agosto pasado, la Suprema Corte otorgó amparo a campesinos acusados de la matanza pero con fabricación de pruebas y liberó a 26 de ellos. Y en los próximos días la comisión local determinará responsabilidades de los funcionarios federales y estatales que realizaron una investigación política para proteger al PRI. Y el principal inculpado sería Emilio Chuayffet.

De ahí que las próximas conclusiones de la comisión estatal sobre Acteal hayan descubierto el eje político Acteal-Chiapas-Edomex, a través del hilo conductor de Chuayffet, secretario de Gobernación de Zedillo en diciembre de 1997, paradójicamente hoy protegido por el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi. Abandonado por Zedillo debido a la matanza de indígenas en Acteal, Chuayffet renunció en enero de 1998. Este 2009 reapareció como jefe de la bancada de diputados federales mexiquenses y enfilado con el grupo de poder local hacia el 2012.

Chuayffet ha establecido un espacio mexiquense de poder en Chiapas. Por ejemplo, el obispo Arizmendi, salió de su obispado para bendecir hace poco un matrimonio a domicilio lejos de su jurisdicción: fue el sacerdote que ofició la boda de la hija de Chuayffet en el Estado de México, en cuya fiesta hubo un invitado súper especial: el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Arizmendi se ha opuesto a cualquier visita del gobernador Sabines a Acteal.

La red de poder mexiquense en Chiapas va más allá. En Chiapas existe una sucursal de la Fundación Isidro Fabela, dirigida por el chiapaneco Mario Carlos Culebro. El presidente de la Fundación en el Estado de México es Arturo Peña del Mazo, tío del gobernador. De ahí que la ofensiva del ex diputado priísta Walter León Montoya, quien pide juicio político contra Sabines por la ley electoral, sea parte de los tentáculos de Chuayffet en Chiapas. Por cierto, como diputado priísta León promovió la separación e independencia del Soconusco para quitárselo al estado de Chiapas. Y fue investigado por la PGR por estar vinculado con grupos paramilitares priístas.

En el fondo, la matanza de indígenas en Acteal forma parte de la agenda pendiente del PRI. Lo extraño es que Arizmendi, sucesor del obispo zapatista Samuel Ruiz, se haya aliado al PRI para proteger a Chuayffet y a los responsables de Acteal. Las incriminaciones legales que vienen podrían determinar una responsabilidad directa de Chuayffet en Acteal y contaminaría su papel al frente de la bancada de diputados mexiquenses en la cámara federal. La decisión del gobierno de Sabines --quien ganó la gubernatura como candidato de una coalición de todos los partidos contra el PRI-- es la de hacer justicia --aunque sea tardía-- por la matanza en Acteal.

La concesión de amparos por la Corte a 26 campesinos encarcelados desde 1998 reabrió el interés en el caso Acteal. La comisión creada por Sabines en diciembre de 2006 dará a conocer en breve sus resultados y estarán en el tono del gobierno chiapaneco de hacer justicia a los campesinos e indígenas aplastados por los gobiernos priístas e inclusive el gobierno coalicionista de Pablo Salazar Mendiguchía, cuyo fiscal Mariano Herrán se dedicó a fabricar pruebas para encarcelar inocentes.

El problema de fondo en Acteal radicó en una estrategia de acoso priísta contra indígenas simpatizantes de los zapatistas del EZLN y en la decisión oficial de Zedillo de permitir y alentar la existencia de grupos indígenas de corte paramilitar articulados al PRI. Si la indagación de la comisión formada por el gobernador Sabines va hasta el fondo, existe la posibilidad de que haya acusaciones directas contra el entonces procurador Jorge Madrazo y Chuayffet.

La iniciativa de reforma electoral chiapaneca es un pretexto para acotar los resultados de la Comisión estatal sobre Acteal. La propuesta electoral no fue firmada por el gobernador Sabines sino que la promovieron todos los partidos. Y como mandatario, Sabines estaba obligado a promulgarla en el diario oficial. La presidenta del Congreso local chiapaneco, la panista Ana Elisa López Coello, ha señalado las bondades de agrupar las elecciones en una sola fecha, para evitar el dispendio electoral y ha deslindado al gobernador de la propuesta. Ahora la oposición PRI-Iglesia usa la ley electoral: el obispo Arizmendi encabeza la petición terrenal de juicio político contra el gobernador Sabines para blindar a Chuayffet.

De acuerdo con el calendario legal, la reforma fue aprobada en septiembre con el voto de todos los diputados. El pasado 12 de octubre se venció el plazo para interponer una controversia constitucional y la PGR no inició averiguación alguna sobre el asunto. Sin embargo, la reforma y el caso Acteal han tenido réplica en los afanes presidenciales del grupo Edomex.

 

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