Viernes 11 de septiembre de 2009

+ Caso Zorrilla: ocultar crimen

+ Urge reabrir el Caso Buendía

 

Detrás del debate jurídico sobre la preliberación de José Antonio Zorrilla Pérez, sentenciado por el asesinato del periodista Manuel Buendía en mayo de 1984, se oculta una maniobra para distraer la atención de la esencia del conflicto: Zorrilla fue una víctima propiciatoria para ocultar las pistas del crimen político del columnista de Excelsior como un crimen del poder.

La decisión de las autoridades del gobierno del DF de liberar a Zorrilla, luego reaprehenderlo y ahora regatearle la preliberación a la que tiene derecho debe llevar a la necesaria reapertura del caso Buendía. Y hay razones especiales: la presión periodística para mantenerlo en prisión bajo el cargo de matar a Buendía, la investigación parcial que eludió investigar a los jefes directos de Zorrilla y la participación del actual jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard Casaubón, en el gobierno priísta de Miguel de la Madrid como funcionario en el gabinete presidencial en 1984. Buendía se preparaba a denunciar relaciones del gobierno de De la Madrid con el narcotráfico.

Mantener a Zorrilla en prisión es una forma de proteger la presunta responsabilidad de Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett y otros funcionarios de entonces, a quienes Buendía iba a revelar con relaciones con el narco.

Zorrilla fue acusado por el fiscal especial Miguel Angel García Domínguez de haber organizado el crimen de Buendía. Buendía fue asesinado, de acuerdo con versiones de los que hoy quieren refundir a Zorrilla en la cárcel, cuando se disponía a publicar información de relaciones del narco con la Federal de Seguridad, la Secretaría de Gobernación y familiares del presidente De la Madrid. Por tanto, Zorrilla habría actuado para proteger a un gobierno. Sin embargo, Zorrilla fue arrestado y acusado de ser el responsable único de un crimen político del poder.

Zorrilla fue sentenciado a 35 años de prisión. Al cumplir casi 20, el 57% del tiempo, solicitó su preliberación en abril del 2007. Y luego de cumplir con los requisitos legales, las autoridades judiciales lo preliberaron en febrero de 2009. Sin embargo, una columna del abogado Granados Chapa y un desplegado de la Fundación Buendía condujeron a la decisión del GDF de reaprehender a Zorrilla. El punto clave radica en la aplicación ilegal de retroactividad del código penal del DF de 2002, prohibido por el 14 constitucional, respecto a que hoy los sentenciados por homicidio calificado no pueden salir libres antes de cumplir su sentencia.

Zorrilla aparece como un preso político de Ebrard. El asunto no es legal sino político. Y el punto de partida es claro: la investigación manipulada del fiscal especial García Domínguez para acusar a Zorrilla de haber sido el responsable directo del crimen. Sin embargo, Zorrilla no mató a Buendía ni organizó ningún grupo especial. Eso sí, como director de la DFS, Zorrilla recibió órdenes de realizar una operación de encubrimiento del crimen.

La acusación exclusivamente contra Zorrilla, avalada por la Fundación Buendía y el columnista Granados Chapa, en realidad contribuye a la tesis del asesinato como un asunto personal: Zorrilla, en este escenario, habría matado a Buendía para que no publicara información sobre presuntos nexos de Zorrilla con el narco. ¿Y las versiones de que Buendía en realidad contaba con información que relacionaba a otras importantes figuras oficiales con el narco, como Manuel Bartlett y familiares directos del presidente De la Madrid, entre otros?

La investigación oficial de García Domínguez, designado por De la Madrid, se realizó bajo la consigna de culpar y sacrificar a Zorrilla y excluir a cualquier otro funcionario. La aprehensión de Zorrilla ocurrió a mediados de 1989 por decisión del presidente Salinas. En la cárcel, Zorrilla acató la Ley Omertá o el código de silencio de las mafias. Pero antes, de 1984 a 1988, Zorrilla fue protegido por el gobierno de De la Madrid y su secretario de Gobernación. Con sospechas del asesinato de Buendía y los datos de Gavin sobre el narco en la DFS, Zorrilla fue desplazado de la Federal de Seguridad en 1985 y fue designado, por De la Madrid y Bartlett, candidato del PRI a una diputación por Hidalgo. Luego renunció a la nominación y nadie lo buscó por el caso Buendía.

La preliberación de Zorrilla, por tanto, debe obligar a periodistas y amigos de Buendía a reabrir el caso. Zorrilla fue una víctima propiciatoria para desviar la atención de lo que Buendía investigaba en 1984: la penetración del narcotráfico en las esferas del poder político. Refundir a Zorrilla será crear una capa de protección al narco en el poder, una de las revelaciones de Buendía en 1984. La tesis de Zorrilla como responsable solitario para protegerse a sí mismo es en realidad un insulto al trabajo profesional de Buendía como periodista investigador.

Zorrilla alcanza legalmente la preliberación. La decisión de Ebrard de mantenerlo en prisión es política y debe ser leída como parte del papel de  Ebrard en el gobierno priísta de De la Madrid. Zorrilla ya pagó su culpa de complicidad, pero es la hora de que los periodistas exijan una investigación que vaya más allá del expediente manipulado por García Domínguez, quien por cierto primero fue asesor del presidente Salinas y luego recibió el premio de una silla en la Suprema Corte, donde cobra como ministro jubilado.

 

www.indicadorpolitico.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

 

- - 0 - -

Imprimir


  Regresar