Lunes 14 de septiembre de 2009

+ Buendía: Bartlett se “cubrió”

+ Fiscal, su primo; MEC-MMH

 

Como en una buena novela policiaca y de espionaje, el caso Manuel Buendía se ha convertido ahora en el caso José Antonio Zorrilla Pérez. Una maniobra de muchos hilos subterráneos quiere mantener en prisión al ex director de la Federal de Seguridad pero con la intención de no reabrir la investigación del asesinato del columnista de Excelsior, ocurrido el 30 de mayo de 1984, y proteger al gobierno de Miguel de la Madrid.

Hay cuando menos seis expedientes abiertos del Caso Zorrilla:

1.- El jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard ha girado la orden de impedir la preliberación de Zorrilla y para ello sus funcionarios han llegado a traspapelar la documentación legal entregada por Zorrilla para obtener los beneficios de la liberación anticipada. La razón radica en el hecho de que Ebrard trabajaba para el gobierno priísta de Miguel de la Madrid en 1984 al lado de Manuel Camacho vía Carlos Salinas.

2.- El caso Zorrilla recuerda uno de los principales problemas de la seguridad pública de hoy: en el gobierno de De la Madrid comenzó la penetración del narcotráfico en las estructuras de poder. Zorrilla quiere ser presentado como el único responsable de ese proceso de perversión del poder. A veinticinco años de distancia, el problema número uno de la inseguridad es justamente la complicidad del crimen organizado en las estructuras de poder. En el gobierno de De la Madrid hubo un pacto secreto del narco con el Estado para usar los narcodólares contra la devaluación.

3.- La investigación oficial del asesinato de Buendía se hizo con la intención de desviar la atención. Para ello, el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, operó la designación gubernamental de un fiscal especial: el abogado fiscalista Miguel Angel García Domínguez. Pero hubo el dato poco conocido de que García Domínguez era primo de Bartlett. Por tanto, las pesquisas alejaron de Gobernación --donde trabajaba Zorrilla bajo las órdenes directísimas de Bartlett-- las sospechas de un crimen del poder. En un interrogatorio, García Domínguez le dijo a Zorrilla que le habían prometido el cargo de ministro de la Suprema Corte. “Y no voy a perder ese cargo por usted”, afirmó el fiscal especializado en asuntos de impuestos. Y no lo perdió: el caso Buendía le dio su sillón en la Corte.

4.- La única manera de atajar las sospechas del crimen del poder fue crear un chivo expiatorio: acusar Zorrilla del crimen por el móvil de impedir la publicación de su nombre como protector de narcos; el gobierno de De la Madrid y Bartlett quedarían al margen con un asesino solitario. Sin embargo, detenido en 1989, Zorrilla recibió toda clase de privilegios durante el periodo 1984-1988: salida sin conflictos de la Federal de Seguridad, disolución de la DFS para borrar huellas del narco, candidatura a diputado del PRI por Hidalgo y ningún acoso. Por tanto, De la Madrid y Bartlett realmente protegieron a Zorrilla. Cuando Zorrilla fue detenido en 1989 por el gobierno de Carlos Salinas, lo lógico hubiera sido indagar por qué el gobierno de De la Madrid no hizo algo para investigar a Zorrilla. La protección de De la Madrid a Zorrilla implicaría un hecho de complicidad criminal que aún es tiempo de investigar.

5.- A pesar de su vena crítica al poder, al neoliberalismo en ascenso y al crimen organizado, el punto más conflictivo del periodismo crítico de Buendía fue la revelación de las actividades de la CIA en México. En 1985 asesinaron al agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y se revelaron las primeras informaciones de la protección al narco por policías de la Federal de Seguridad, de Investigaciones Políticas y Sociales y de la Judicial Federal, es decir, de Gobernación y la PGR. Buendía había destapado el asunto antes. Zorrilla fue acosado por los EU no por el asunto del narco sino por haber abandonado el patrocinio de la CIA y haberse acercado al KGB y sobre todo a la policía secreta de Alemania comunista. Un reportaje en el The New York Times en julio de 1985 reveló esas preocupaciones de la CIA contra Zorrilla. La fuente de esa nota fue el embajador norteamericano John Gavin, operador directo de la estación de la CIA en México.

6.- Hasta ahora no se ha profundizado en una línea de investigación: la relación personal e informativa de Buendía y Zorrilla. La relación de Zorrilla con Buendía era más cercana y afectuosa de lo que hoy se quiere reconocer, al grado de haberle creado algunas incomodidades a Buendía.

De acuerdo con abogados consultados, Zorrilla ha entregado toda la documentación para obtener la gracia de la preliberación. El pasado 8 de septiembre, el director ejecutivo de Sanciones Penales del gobierno del DF, José Manuel Casaopriego, informó a Zorrilla que se le revocaba el beneficio de la preliberación por dos razones: no haber firmado el alta de vigilancia y no haber entregado la documentación exigida sobre labores en reclusorio. Sin embargo, Zorrilla firmó y los documentos fueron entregados a Casaopriego, quien los traspapeló a propósito para mantener encerrado a Zorrilla.

De ahí que haya una extraña colaboración del gobierno perredista De Ebrard con priístas del gobierno de  Miguel de la Madrid para no soltar a Zorrilla porque la liberación reabriría automáticamente el caso Buendía. Ebrard se ha con vertido en un protector de De la Madrid y Bartlett y puede estar asumiendo una complicidad a posteriori en el crimen de Buendía.

 

www.indicadorpolitico.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

 

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