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Miércoles 7 de abril de 2010


 

+ El caso Posadas, a la Corte

+ Y si no resuelve, al exterior

 

Luego de diecisiete años de peregrinar ante las autoridades con argumentos fundamentados para aclarar el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo de 1993, el caso aterrizó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la solicitud de aplicar el segundo párrafo del artículo 97 Constitucional y crear un grupo especial de investigación.

La petición para que la Corte Suprema “averigüe” el caso Posadas como una sucesión de “algún hecho o hechos  que constituyan una grave violación de alguna garantía individual” fue firmada por el gobernador del Jalisco, Emilio González Márquez.

Un incidente burocrático dejó entrever la viabilidad de la solicitud: la demanda fue entregada hace días, se aceptó y se designó a la ministra Olga Sánchez Cordero para realizar la ponencia e inclusive fue incorporada a la página de la Corte Suprema. Sin embargo, a principios de semana se repuso el procedimiento para seguir otro camino. El texto --copia está en poder de Indicador Político-- consta de 106 páginas y tiene documentación exhaustiva sobre las irregularidades en la investigación del asesinato de Posadas, con referencias a documentos legales.

Por la acumulación de datos y evidencias que merecen una lectura cuidadosa, la revisión de la solicitud del gobernador de Jalisco podría tomarle a la Corte algo más de días para llegar a la conclusión de si procede o no crear la comisión investigadora, igual a la que operó en los casos de Aguas Blancas, Atenco, Oaxaca, Puebla y recientemente el incendio en la guardería ABC de Hermosillo. Ahora se trata nada menos de que del crimen de un cardenal de la iglesia católica y las evidencias de presiones del gobierno de Carlos Salinas para imponer la tesis oficial de la confusión. Si la Corte Suprema de México desecha el caso, entonces los grupos que exigen revisar el caso Posadas irán a tribunales internacionales de derechos humanos a exhibir la justicia mexicana.

La solicitud aporta datos reveladores que comprueban graves irregularidades en la investigación oficial:

“Desde un principio existieron graves irregularidades que demuestran que la autoridad que tenía la obligación de investigar, no lo hizo y, que por el contrario, hubo robos de objetos materiales en la escena del crimen, como el robo de la cruz pectoral que portaba ese día el Cardenal Posadas Ocampo, como el robo de los boletos de entrada al estacionamiento del Aeropuerto de Guadalajara, de los vehículos que se encontraban en ese lugar, en el momento en que ocurren los hechos; como el robo de cartuchos, ojivas y demás material que desprendieron las armas de fuego que se utilizaron en los homicidios, etcétera”.

La solicitud se apoya en indagaciones propias de comisiones coadyuvantes de investigación: la del entonces diputado Fernando Guzmán Pérez y la del abogado investigador José Antonio Ortega Sánchez. Todos ellos apuntan datos que prueban que la investigación oficial violó la certeza jurídica. Además, se trata de un caso de “denegación de justicia”. Si la Corte rechaza el pedido, habrá avalado la manipulada tesis Nintendo de Carpizo.

Las pistas que se negaron a seguir los investigadores de la PGR de 1993 a la fecha son las que llevan al ex presidente Carlos Salinas, a su poderoso jefe de gabinete Joseph-Marie Córdoba Montoya y al entonces procurador Jorge Carpizo McGregor, quien orientó la investigación para que concluyera en la tesis oficial de la confusión. Sin embargo, hay evidencias y declaraciones de testigos que señalan agresiones de Córdoba al cardenal y presiones Carlos Salinas sobre el cardenal para sacarlo de puntos de interés presidencial. La PGR ha protegido al ex presidente Salinas.

De ahí el reclamo legal del gobernador jalisciense González Márquez:

La investigación ministerial que lleva la Procuraduría General de la República, dentro de la averiguación previa número SE/001/95 contiene  irregularidades como alteración de la escena del crimen y robo de evidencias el día de los hechos, sin que hasta el momento se haya iniciado una averiguación previa para conocer quiénes y por qué lo hicieron; desaparición del primer detenido, Jesús Alberto Bayardo Robles, alias  “El Gory” quien fue declarado con manipulación y sobre su declaración se construyeron las tesis del fuego cruzado y de la confusión, al día de hoy no ha sido procesado ya que la Procuraduría General de la República, indebidamente lo entregó a las autoridades norteamericanas sin avisar a los jueces que lo estaban procesando y, ahora que lo requiere la PGR las autoridades norteamericanas no lo encuentran; y otras irregularidades cometidas inmediatamente después del día de los hechos”.

Y refuerzan la petición algunas preguntas inquietantes que hizo en el 2003 la Conferencia Episcopal Mexicana”:

“¿Por qué no se investiga la razón por la cual los agentes de la Procuraduría, enviados desde México a investigar el homicidio, salieron antes de que el homicidio fuera cometido?

 “¿Por qué no se investigan las presiones a las que fue sometido el cardenal Posadas Ocampo en las oficinas de Los Pinos, los días previos a su muerte?

“¿Por qué no se investigan las intervenciones telefónicas a varios representantes de la Iglesia Católica y especialmente las del Señor Cardenal Posadas Ocampo?

 “¿Por qué no se investiga el seguimiento y vigilancia a la casa y oficina del Cardenal Posadas Ocampo los días previos a su muerte?

El caso Posadas sigue abierto.

 

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