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Domingo 18 de abril de 2010


 

+ México: crisis 1995-2010 (7)

+ González Casanova: la realidad

 

Los años sesenta fueron de un intenso debate en torno a la democracia. A las movilizaciones sindicales animadas por dirigencias vinculadas al Partido Comunista Mexicano, casi de modo natural se conformó una oleada académica, política y social de contención a la propaganda oficial y sobre todo estadunidenses sobre lo que se llamó el “milagro económico mexicano”. Las cifras macroeconómicas sí impresionaban: una tendencia de más de diez años con tasas de crecimiento económico de 6% promedio anual, con inflación de 2% también anual promedio. Por tanto, el discurso oficial había logrado sentar la tesis --que medio siglo después habría de retomar la ciencia política estadunidense-- de que la economía era la que determinaba la política.

El discurso gubernamental del priísmo en el poder era retórico pero contaba no sólo con el aparato político e ideológico de difusión y sobre todo de contención  de la crítica, sino que había logrado la gran victoria intelectual de subordinar el pensamiento económico al cuerpo ideológico del sistema. Por esos años, por ejemplo, el entonces intelectual Enrique González Pedrero llegó al absurdo ideológico de escribir que la izquierda había nacido con la Revolución Mexicana, cuando el pensamiento crítico y marxista de la izquierda se había consolidado hacia mediados del siglo XIX.

Pero al final, el pensamiento político oficial había ganado la batalla por las ideas. Mientras en las calles y en los partidos y en los sindicatos se agitaba la bandera de la democracia, el sistema político priísta insistía en considerar la democracia no a partir del pensamiento político histórico que la definía como un sistema de ejercicio de la libertad para elegir gobernantes, en el gobierno priísta se consideraba a la democracia como una forma de ofrecer resultados económicos y sociales. Así, la democracia en México se presentaba de manera singular con la definición constitucional incluida en el inciso A, de la fracción II del artículo 3: “…considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. De ahí que las cifras oficiales de crecimiento, consolidación de una clase media y datos de aumento del salario real mostraban a México como uno de los países más democráticos del mundo, en la realidad México carecía de los indicadores tradicionales de democracia: libertad de voto, partidos políticos, libertad de prensa, libertad de organización y partidos políticos.

En este contexto, en los años sesenta el debate académico y político sobre la democracia --Octavio Paz, Cosío, Fuentes, Moreno Sánchez-- relacionaba justamente libertad con desarrollo. Los intelectuales no supieron discernir el hecho de el desarrollo óptimo es imposible de alcanzar por las e4structuras injustas de producción internacional y su reproducción en las economías nacionales. Los niveles de pobreza en los EU, por ejemplo, arrojaban la conclusión de que esa nación era la menos democrática del mundo, cuando en realidad la propia conformación capitalista había impedido la creación de estructuras de dominación social.

De ahí la importancia de la investigación del sociólogo Pablo González Casanova La democracia en México, aparecida en su primera edición en 1965, en la justamente abordaba la democracia mexicana en relación directa con el desarrollo. La propuesta de interpretación de la estructura política en México enfatizaba el hecho de que las cifras de desarrollo reales eran diferentes a las asumidas como indicadores oficiales. El método de González Casanova fue el de analizar cuantitativamente la estructura económica del país y de ahí derivar referencias de organización política. La audacia del sociólogo logró revelar, vía de más de 60 gráficas y cuadros, los mecanismos de conformación  de la estructura política del sistema priísta.

La tesis de González Casanova se sustentó en una pregunta concreta: “¿en qué forma la estructura de poder de un país como México condiciona y limita las decisiones en materia de desarrollo económico o deriva en decisiones que corresponden propiamente a medidas de simple crecimiento económico?” El punto central de la indagación fue la encontrar una correlación entre estructuras de poder y desarrollo económico. Es decir, lograr las pruebas para concluir que la estabilidad y desarrollo en México no eran un milagro sino --vía la aplicación del método marxista de relacionar estructuras productivas con equilibrios políticos-- producto justamente de un determinado sistema económico en donde la producción pasaba también por acuerdos políticos impuestos.

El PRI había logrado la coartada propiciatoria: las cifras de bienestar, la política social asistencialista, el diseño de un Estado tutelar que rayaba en el paternalismo, los acuerdos productivos negociados en los pasillos del poder presidencial y del poder económico del Estado y no en la dialéctica empresarios-trabajadores, había logrado altas tasas de crecimiento económico con estabilidad macroeconómica y una política presupuestal de tipo social en la que el Estado creó políticas sociales como una forma de disminuir la carga de inversiones y fiscal a los empresarios. Con crecimiento económico, estabilidad macro y bienestar social, la democracia dejaba de ser una prioridad y se convertía en parte del costo político que debían pagar los mexicanos como cuota de ingreso a los países de altos niveles de producto interno bruto.

La indagación de González Casanova se centró en tres objetivos:

1.- La relación  de la estructura política formal con la estructura real de poder.

2.- La relación del poder nacional --de la nación-Estado-- con la estructura internacional.

3.- La relación de la estructura de poder con la estructura social, con los grupos macrosociológicos, con los estratos, con las clases.

Hacia mediados de los sesenta México era considerado, en efecto, un milagro económico, social y político. El enfoque optimista del modelo mexicano lo ofrecería, precisamente a la comunidad intelectual de los EU, el historiador Daniel Cosío Villegas. Pero se trataba de una evaluación de los resultados de la estructura de dominación hegemónica dictatorial de la estructura de poder del sistema priísta vía tres pilares fundamentales: la estructura presidencial, el poder corporativo del PRI y el bienestar social derivado de una política de inversiones públicas. Detrás de ello se encontraba lo que antes había descubierto González Casanova: una estructura social, económica y política de poder diseñada desde el Estado, con el saldo final de la subordinación de las relaciones sociales y de producción determinadas por el control centralizado del Estado.

El PRI controlaba la estructura de poder a través del modelo corporativo que por cierto había fundado Lázaro Cárdenas en 1938 al crear cuatro sectores dentro del PRI: el popular, el campesino, el sindical y el militar. Pero el modelo no se agotaba nada más en estructuras sino que lograba funcionar por la día de la dominación autoritaria: el gobierno era el único con poder de decisión  para autorizar la existencia de organizaciones sociales, campesinas, laborales y militares. Y más aún, Cárdenas logró incrustar la representación social del PRI con las del Estado. Por ejemplo, como lo señalaría José Revueltas en México: una democracia bárbara, las organizaciones campesinas del PRI eran las mismas que a su vez tenían la representación directa del Estado en las comunidades del interior. Así, la Confederación Nacional Campesina era simultáneamente el sector campesino del PRI y el sector campesino del Estado. Por tanto, la elección de dirigentes de los sectores corporativos eran, con todo, realmente designaciones oficiales del poder presidencial.

El sistema priísta creó dos estructuras de poder: la formal, vía la corporativización de los sectores productivos sociales que dependían directamente del Estado y que carecían de fuerza autónoma para crear espacios de decisión, y la invisible, a través de sectores poderosos que no pasaban por el PRI pero que al final acordaban en espacios metapartidistas siempre dominados por el Estado, como los empresarios, los medios de comunicación, el gobierno de los EU, entre otros. La decisión final fue siempre la del presidente de la república vía el control del Partido, el ejercicio del autoritarismo, el poder judicial subordinado al ejecutivo y el absoluto manejo del presupuesto público. Los únicos contrapesos del ejecutivo estaban también subordinados: el legislativo se formaba con legisladores que eran designados por el presidente de la república vía el control del presupuesto para campañas y la autoridad electoral como decisión de la Secretaría de Gobernación y la Suprema Corte designada directamente por el presidente de la república y aprobada por ese legislativo obediente al ejecutivo.

Las posibilidades reales de la democracia, por tanto, no derivaban por tanto de las tasas de crecimiento económico, estabilidad macroeconómica y bienestar social, sino de la desarticulación de la estructura de poder dominada por el presidente de la república a través del PRI. El debate sobre estos temas, ciertamente, no fue fácil. El gobierno priísta controlaba todo el aparato de creación de debate y de ideología: congreso, medios de comunicación, poder policiaco y judicial y reconocimiento legal de estructuras de poder. Destacaban por ejemplo tres instancias determinantes de la democracia que estaban bajo el control directo del gobierno-Estado-partido: las direcciones sindicales, el registro de partidos políticos y la creación de organizaciones campesinas. La capacidad de hegemonía del sistema político priísta llegaba al punto de centralizar en el gobierno-Estado las posibilidades de estructuras democráticas.

En los años sesenta, el país ser tuvo que conformar con estructuras de poder controlabas con absolutismo por el gobierno. De los cuatro partidos políticos, tres dependían del presidencialismo: el PRI, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, dejando aislado a un PAN que carecía de fuerza para convertirse en opción o alternativa. El otro partido con capacidad de movilización era el Comunista Mexicano, pero sin ninguna posibilidad de conseguir el registro legal y siempre en la semiclandestinidad y acotado por la policía. Por tanto, sin juego democrático de partidos, la democracia mexicana simplemente no existía. Lo mismo ocurría con la relación obrero patronal: el yugo del Estado y el gobierno impedía la formación de sindicatos libres y las organizaciones empresariales descansaban bastante en la política de subsidios directos y sobre todo en la decisión del Estado de cargar con la política de bienestar que debiera de ser producto de los entendimientos entre los factores de la producción.

Las posibilidades de la democracia descansaron en el desgaste --por efecto de la ilegitimidad que provocó la represión, de las crisis económicas que redujeron las posibilidades de cobertura pública de necesidades y subsidios y la movilización violenta contra la estructura de control político oficial-- de los hilos del control autoritario. El gobierno de López Portillo legalizó al Partido Comunista Mexicano porque la izquierda se estaba yendo a la guerrilla y no dejaba gobernar al PRI porque obligaba a una escalada represiva que llamó la atención internacional, pero con ello rompió la hegemonía partidista del PRI y de paso abrió espacios fuera de control en el legislativo. Y la derrota final ocurrió cuando el gobierno se vio obligado a separarse de la estructura de control electoral y crear un instituto totalmente independiente de la Secretaría de Gobernación.

Por tanto, la identificación de la estructura de poder del sistema político priísta fue la clave para con seguir, en luchas articuladas, la alternancia partidista en la presidencia de la república. Sin embargo, la alternancia no llevó a la democracia porque el PAN ha mantenido algunos de los hilos del poder. La evolución a la democracia debió de haber pasado por la etapa de transición, una fase de acuerdos entre todas las fuerzas políticas y sociales para la construcción de un sistema político sin dependencias partidistas ni hegemonías presidenciales. Las posibilidades de una alternancia convertida en transición democrática dependen de la urgencia de deshacer los nudos políticos del corporativismo priísta.

El esfuerzo de González Casanova se localizó en el escenario justamente de identificar las estructuras para poder desmontarlas y transformarlas. El académico descubrió la existencia de factores formales y factores reales de poder. Y entre éstos enlistó aquéllos que aun existiendo fuera del ámbito de las relaciones reales, de todos modos se articulaban al sistema político priísta: los caudillos y caciques regionales, el ejército --pero después de que Miguel Alemán desapareció el sector militar en el PRI--, el clero, los latifundistas y los empresarios nacionales y extranjeros. “Se trata, en todos los casos, de instituciones que han influido o influyen directamente en la decisión gubernamental y cuya acción como instituciones políticas no sólo era ajena a la teoría euroamericana de la democracia --para la vida política todos ellos deberían haberse organizado como ciudadanos--, sino que incluso la mayoría eran el blanco de toda ideología liberal”.

A partir del esfuerzo de convertir en estadística y gráfica toda la estructura de poder, González Casanova llegó a la identificación de dos caminos de interpretación del futuro inmediato de México: el análisis marxista y en análisis sociológico. González Casanova fue el segundo --después del marxista José Revueltas-- en hacer un análisis de México desde los enfoques de Karl Marx, es decir, la dialéctica de burguesía-proletariado. Este método no era ajeno a la realidad, sobre todo porque a mediados de los sesenta el Partido Comunista Mexicano había alcanzado ciertos liderazgos obreros y estudiantiles y sus evaluaciones trataban de encontrar el camino marxista para México, aunque con ciertas tentaciones leninistas. Este camino, por tanto, era el más difícil porque seguía la metodología marxista de la lucha de clases, el conflicto y sobre todo la dictadura del proletariado.

La vía sociológica de González Casanova le entró inclusive a la definición de democracia en sociología y ahí se basó en la concepción de Max Weber, sin duda vigente: impedir la formación de un grupo cerrado de funcionarios para cerrar el acceso a cargos públicos y disminución de la autoridad oficial para aumentar la esfera de influencia de la opinión pública. Y para completar el cuadro, González Casanova enlista algunas de las instituciones y garantías que debieran existir para considerar democrático a algún sistema político. Ahí hizo uno de los primeros esfuerzos que luego continuaron algunas organizaciones  multilaterales para identificar funciones sociales, económicas y políticas propias de un sistema democrático, tales como libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de sufragio, entre otras.

A partir de estas consideraciones, González Casanova llegó a la conclusión del camino más viable de México a la democracia. “Nadie puede ocultarse que en México no hay condiciones de una revolución socialista y que en cambio se pueden presentar las condiciones de un golpe de Estado fascista, que el margen de seguridad en que camina el país es muy bajo y que de no acelerarse los procesos de democratización y desarrollo es posible, en una situación de crisis, que las clases dominantes recurran para mantener el poder al gobierno dictatorial o de fuerza. En estas condiciones, si se busca el desarrollo, se tiene que buscar un desarrollo pacífico y, en la lexicología marxista, se tiene que buscar un desarrollo burgués y una democracia burguesa”. Años más tarde, González Casanova se hizo totalmente marxista porque también habían  cambiado las condiciones de la lucha ideológica con la democratización del pensamiento político.

Sin utilizar el concepto de transición a la democracia --que se popularizó más bien a principios de los setenta con las transformaciones democráticas de regímenes dictatoriales--, González Casanova detectó que la liberación paulatina de ciertos controles oficiales y el aumento en el nivel de vida se sentaban las posibilidades reales de evoluciones a la democracia. “Las posibilidades de la democracia han aumentado en la medida en que ha aumentado el ingreso per cápita, la urbanización, la alfabetización”.

El país, en efecto, había cambiado. Dialécticamente, la evolución social sostenida con ritmo por los gobiernos priístas fue generando niveles también crecientes de desarrollo político y de movilización social. Asimismo, el papel fundamental del Partido Comunista Mexicano en la organización sindical, en el activismo en las universidades públicas y su disciplina para resistir los embates crecientes de la represión, aunados al efecto multiplicador ideológico y político elevaron el nivel de movilización social y convirtieron a la democracia en la bandera de la modernización política. Lo malo fue que en algunos niveles se dieron los relevos políticos y el PCM no pudo fundar nuevas prácticas democráticas, aunque al final su lucha callejera obligó al gobierno a escalar la represión hasta convertirla en moneda de divisa corriente y con ello generar la ola de demanda democratizadora.

El estudio de González Casanova fue otro de los esfuerzos para sentar las bases de una transformación democrática de México que pudiera identificarse como transición, es decir, un acuerdo para ir evolucionando hacia instituciones democráticas y para generar nuevas relaciones sociales ajenas al PRI, al Estado y al gobierno. Lo malo, sin embargo, fue que en esos tiempos no existían debates en torno al modelo de la transición y la disputa por espacios de poder obligaba a las confrontaciones. Los sectores sociales independientes no tenían la coherencia de procesos de transición. La transición a la democracia en España en 1976-1978 no supo ser analizada por las élites políticas, quizá por la polarización de posiciones: de un  lado, el PRI que se negaba a hacer concesiones de poder que le hicieran perder espacios de dominación hegemónica; de otro, un Partido Comunista con una agenda de revolución socialista con todo y nacionalizaciones generalizadas. En medio se localizó una clase priísta gobernante que entendió la presión interna en el sistema que podía causar explosiones de ruptura y por tanto asumieron la decisión de optar por el camino intermedio entre el socialismo y el priísmo: la vía de las reformas paulatinas, tibias, progresivas pero al final sin un modelo final de democratización.

Asimismo, en el ambiente académico privada la confusión entre cuando menos tres corrientes: la institucional que aceptaba la hegemonía Estado-PRI basada en el dominio político de la Revolución Mexicana y se conformaba con reformas políticas de coyuntura y reconocían el objetivo central de bienestar y no democracia, la marxista que continuaba su propuesta de revolución socialista vía el fortalecimiento de un movimiento obrero dominado por el PCM y la liberal que bordaba en torno a una transformación democrática paulatina operada por sectores progresistas del PRI o de plano le apostaban a la ruptura dentro del PRI como la única posibilidad de avanzar a la democracia. En todo caso, las dificultades para avanzar en la democratización se ahogaban en la habilidad del PRI para promover algunos cambios y sobre todo para mantener fuertes sus corporaciones políticas.

El mecanismo de dominación ideológica lo constituyó el papel de la Revolución Mexicana y su propiedad escriturada al PRI. La oposición y la disidencia cometieron entonces el error de tratar de disputarle al PRI la propiedad de la historia política oficial, en lugar de construir movimientos sociales más sólidos y extendidos. Por eso fue que la transición se hizo posible sólo cuando el gobierno de Carlos Salinas, en 1993, decidió desligar al PRI de la Revolución Mexicana y el PRI se quedó sin uno de sus tres sistemas de cohesión: el nervioso, y los otros dos, el sistema óseo y el sistema sanguíneo, no le alcanzaron para mantener su hegemonía política e ideológica… y perdió la presidencia de la república en el 2000.

El estudio de González Casanova quedó como el esfuerzo más coherente de una radiografía del poder político del Estado-gobierno-PRI. Y en política, como en la vida cotidiana, basta conocer el fondo de las instituciones para detectar sus debilidades y lograr las transformaciones.

 

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