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Domingo 12 de diciembre 2010


 

+ 2012: desafío de politólogos

+ Rehacer el sistema al vacío

 

 

Entre los analistas políticos hay una frase que resume el corto plazo: “o ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo”. Por eso el gran desafío de la realidad crítica del país lo representa para la capacidad de análisis de los encargados de intentar explicar lo que ocurre en el país.

Por eso los espacios de opinión de los diarios se llenan con puntos de vista y no con intentos de razonamiento de la realidad. Ahí se localiza el texto de Ernesto Hernández Norzagaray, presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C., presentado en el XXI Congreso Nacional de Estudios Electorales, en Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, Puebla, el pasado 1 de Diciembre de 2010.

Por su importancia para el análisis, lo presentamos íntegro:

Este año se celebraron elecciones en catorce estados de la República Mexicana. En ellos se postularon más de cinco mil candidatos y estuvieron en juego más de dos mil cargos de representación política, y esos correspondieron a doce de gobernador, cientos de diputados locales y alcaldes, miles de regidores, síndicos y síndicos procuradores –sin contar las 418 que por usos y costumbres se llevaron a cabo en Oaxaca.

Estas elecciones comprometieron el 37% de los ciudadanos registrados en la lista nominal, decenas de miles más que se desempeñaron como funcionarios de casilla y representantes de partidos y coaliciones. Seguramente sólo un pequeño porcentaje de casillas no se instalaron en esta franja del vasto territorio y en muchos de los casos fue por problemas de inundaciones, y en otros por la inseguridad que ha traído la espiral de violencia que existe en el territorio nacional, pero de manera especial en varios estados del norte del país. Sorprende, además, saber que los partidos postularon candidatos solos o a través de coaliciones, cuyo resultado ha sido la ratificación de la pluralidad en los cargos de representación política.

Entonces, que se hayan llevado a cabo estas elecciones con la concurrencia de todos los partidos, y en su mayoría con una participación superior al 50% de la lista nominal, no es un dato rutinario sino de gran trascendencia. Es la expresión de que para la mayoría de los mexicanos las elecciones siguen siendo, aun con todo lo cuestionable, la vía menos costosa para diagnosticar e intentar resolver los problemas complejísimos que tiene la sociedad mexicana.

Las elecciones de este año fueron muy dramáticas, quizá como nunca los mexicanos vivimos en varios estados la zozobra de organizar y realizar comicios en condiciones de un virtual Estado fallido. Existen gobiernos legalmente constituidos pero éstos coexisten con el llamado poder del crimen organizado: Así, si bien los partidos, en tanto entidades de interés público, son las instituciones que detentan el monopolio de la representación política, no han quedado exentos de la contaminación, a veces sutil y otras brutal, que traen consigo las relaciones de estas dos formas de poder de manera que ha dado vida a la narcopolítica.

Los órganos electorales autónomos, que son las instituciones ciudadanizadas, se han mostrado incapaces de detener el flujo de recursos sucios en los procesos electorales e, incluso, en algunos casos, de detener postulaciones de personajes que presuntamente tendrían compromisos con el crimen organizado.

Los ciudadanos, sujetos indispensables en toda elección, en algunos estados fueron los grandes ausentes el día de la jornada electoral, dado que la atmósfera social se encontraba cubierta por la telaraña de la zozobra y la tensión de los días previos, y cómo no decir que, en varios estados, las instituciones electorales deben pedir permiso para entrar en pueblos y capacitar a los ciudadanos que habrán de instalar las mesas directivas de casilla, o de plano, por razones de seguridad, en algunos lugares no se establecieron

Este ciclo de elecciones sucede, además, en un momento especialmente crítico de la llamada guerra del Estado contra el narco. Para principios de julio aproximadamente 28 mil vidas se habían perdido en cuatro años y medio, con su impronta dramática para miles de familias con responsabilidad o sin responsabilidad en estos actos de violencia, pero que se pierden irremediablemente. Duele sobre todo cuando la mayoría de ellos jóvenes o en un rango de edad aún productiva. No obstante estos saldos negativos la estrategia contra el crimen sigue hacia adelante, sin considerar que muchas de las pérdidas humanas, corresponden a ciudadanos que estuvieron en el lugar y el momento equivocado.

A pesar de todo, el comportamiento de los votantes fue en términos generales normal, pero igualmente heterogéneo, como una muestra de la dinámica que hoy se vive en los estados de la federación.

Veamos cuatro estados donde hubo elecciones y fue más acusado el fenómeno de la violencia del crimen organizado.

En Baja California, los comicios intermedios se celebraron bajo una atmósfera de violencia criminal, que ha sido la constante desde antes de la alternancia en el gobierno del estado, lo que enseña que ésta, por sí misma, no significa gobiernos capaces de atender con eficiencia las expectativas de los ciudadanos. Los resultados electorales muestran la permanencia del abstencionismo, que parece instalado desde hace varios años en un 70%, pero lo novedoso ha sido que la mayoría de ese 30% de bajacalifornianos que sufragó, que había venido apoyando al PAN, en estos comicios favoreció a los candidatos priistas, que ganaron los cinco municipios y la mayoría absoluta del congreso del estado.

Sin embargo, lo cierto fue que de esa mínima participación, los candidatos ganadores sólo alcanzaron a lo sumo la mitad de los votos, es decir, cuando mucho el 15% de la lista nominal de su distrito o municipio. Un porcentaje ínfimo, ante el tamaño de las necesidades y las expectativas ciudadanas.

En Chihuahua, el comportamiento electoral no fue muy distinto. Prácticamente el 60% de la lista nominal no asistió a las urnas a sufragar por los partidos y coaliciones de su preferencia. La atmósfera de violencia –en particular en la fronteriza Ciudad Juárez- no se quedó en los llamados crímenes domésticos, sino se irradió hacia los sectores de la clase política, que se han transformado en objetivo del crimen organizado. Esto puso a prueba a las instituciones políticas del estado, que fueron rebasadas por el ambiente de violencia criminal poniendo en entredicho la viabilidad de las mismas elecciones. Nuevamente tenemos un caso de gobernantes con apoyos de bajo porcentaje de la lista nominal. El gran ausente es el ciudadano y el presente es el fenómeno de la violencia criminal.

En Tamaulipas, igual o peor. En este estado fronterizo la violencia criminal no ha cesado ni un solo día. Las pasadas elecciones volvieron a recordar que la clase política no está fuera de los objetivos del crimen organizado. El ataque fatal contra el candidato del PRI al gobierno del estado y la subsecuente impunidad, mostró con toda evidencia la gran debilidad de las instituciones judiciales, su incapacidad para resolver el crimen y castigar a los culpables de este magnicidio. No obstante, contra los tiempos electorales hay que reconocer la capacidad de acuerdo entre las fuerzas políticas y la participación de los ciudadanos para garantizar la formación de gobierno. Apostar, aún con su debilidad, por las instituciones de nuestra frágil democracia.

Finalmente, el estado de Sinaloa, que vivió durante estos meses un ambiente de violencia criminal sin precedentes y los ataques contra miembros de la clase política, no dejó de ser la excepción. Sin embargo, los ciudadanos asistieron puntualmente a las urnas con un 58 por ciento de la lista nominal. Un porcentaje superior a lo ocurrido en las elecciones de gobernador de 2004. El resultado, además, como sucedió en Oaxaca y Puebla, permitió el triunfo de los candidatos postulados por una coalición de fuerzas políticas y sociales heterogéneas, comprometidas con la alternancia en el gobierno del estado.

En suma, lo que tenemos son estados con elecciones convulsionadas por la violencia criminal, a la que frecuentemente se le agrega lo de las campañas negativas, creando un ambiente poco propicio para la participación ciudadana, traduciéndose en una aguda crisis de seguridad con su correlato sobre las instituciones, tanto políticas como sociales, sin que tenga los antídotos eficaces para disminuir y hacer manejables los altos niveles de incertidumbre. Este escenario, de por sí crítico, se ha visto agravado a un problema procedimental, legal, por el largo camino que existe entre el día de la elección y la toma de posesión.

Esta referencia a los casos estatales tiene, además del sentido humano, que en sí mismo es muy costoso, el correspondiente a nuestra comunidad académica. Algunos de los temas son recientes y otros, si bien no lo son tanto, adquieren una dimensión nueva que afortunadamente ya es materia de estudio de muchos de los que nos encontramos en Puebla. Apunto hacia seis ejes problemáticos que son, y serán, materia de la nueva agenda de los estudios político-electorales:

Elecciones en estados de excepción o estados de la federación casi fallidos, es decir, estados donde cada vez es más difícil realizar elecciones en franjas de su territorio, por la incapacidad que tienen los tres niveles de gobierno para asumir un control absoluto, de manera que la cobertura organizativa de las instituciones electorales, frecuentemente se pone en entredicho.

Poder público y narcopolítica. Cada vez se hace ostensible la sospecha de vínculos de personajes del poder político con el crimen organizado y esto ha dado para reconocer la existencia de la narcopolítica. Un fenómeno que se manifiesta en muchos países del hemisferio, pero donde tenemos un gran rezago de cómo se comportan los actores de esta dualidad, que mina las instituciones públicas y la confianza de los ciudadanos en su democracia.

Un eslabón de la anterior dualidad, es la debilidad de los sistemas electorales para tener control sobre todos los intentos de financiamiento ilegal, gracias a un entramado poroso y fácil de evadir, que está teniendo un alto costo para las instituciones de la democracia y que en medios académicos como el nuestro, estamos obligados a plantear posibles reformas constitucionales y reglamentarias, que amplíen los dispositivos para que este mecanismo no siga minando y debilitando la lucha franca por los votos.

También una pregunta de investigación que hoy preocupa a muchos investigadores y ciudadanos, es qué costo tiene la existencia de gobernantes con escasa legitimidad electoral, ya que como hemos visto en las experiencias comentadas, cada vez hay más ejecutivos producto de un pequeño porcentaje de la lista nominal, y eso, al menos en términos de percepción –y la percepción vale-, representa la base de toda democracia, que son los votos.

Más grave, significa tener este tipo de gobiernos acotados por el crimen organizado, gobiernos sobre los que penden amenazas, y que si bien no está relacionado con la problemática propiamente electoral, estamos hablando de los efectos que tiene en el sistema de representación.

Finalmente, están las llamadas coaliciones sin programa político común, coaliciones para la agregación política y la alternancia en los gobiernos, pero que distan mucho de las que ofrecen los sistemas parlamentarios y sistemas semi parlamentarios. Nuestra comunidad académica puede y debe ofrecer alternativas para que el sistema de coaliciones genere compromisos de gobierno, sujetos a control legislativo y ciudadano.

Por último, una reflexión a partir del politólogo brasileño Glaucio Soares, quien se desempeña como Presidente de la ALACIP, quien en un discurso que pronunció este verano en Buenos Aires, decía que la “Ciencia Política salva vidas”, y ofrecía como evidencia el peso que estos académicos habían tenido en el diseño de políticas públicas eficaces en Sao Paulo, las cuales, cuando fueron aplicadas en las comunidades que estaban generando más violencia criminal disminuyeron sensiblemente año con año, en términos absolutos y relativos el número de homicidios dolosos que habían clasificado a esta ciudad entre las más violentas del mundo. Nuestra comunidad tiene a su alcance los instrumentos para sugerir, e influir, en las decisiones de la lucha que ha debilitado al sistema electoral y el sistema de partido en algunas regiones del país y, de no detenerse, puede transformarse en un problema mucho más complejo y dramático. Si en otras regiones de América latina nuestros colegas lo hicieron, es posible hacerlo en México.

 

www.grupotransición.com

carlosramirezh@hotmail.com

 

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