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Martes 5 de enero de 2010


+ Los desafíos del 2010 (2)

+ Reforma o transición, clave

 

 De nueva cuenta, en este 2010 como año político por excelencia, el país volverá a enfrentar el dilema que viene arrastrando desde 1968: insistir en reformas parciales u optar por una verdadera e integral transición de sistema político y de régimen de gobierno.

En 1975-1977, presionados por la transición española a la democracia, las élites gobernantes priístas hicieron un razonamiento para concluir que el PRI en México era diferente al franquismo. Entonces se tomó el camino de las reformas y no la sustitución de estructura de poder.

En este contexto deben leerse las reformas que envío en diciembre el presidente Felipe Calderón al senado y algunas decisiones que se convirtieron en reformas por sí mismas. Por primera vez desde que ganó la presidencia, el PAN tomó la decisión de modificar la estructura priísta del poder: una reforma política para terminar con el dedo de oro del PRI como esencia de la organización de dominación, una reforma hacendaria para liquidar los regímenes especiales que fundaron el modelo corporativo PRI-sociedad y una reforma laboral para movilizar a los trabajadores como fuerza productiva y no sólo para acarrear votos.

Por tanto, la lucha política del 2010 no se verá en la elección de doce gobernadores sino en las reformas estructurales. De un lado estará un PAN reorganizado aunque débil en plazas electorales y del otro un PRI dispuesto a impedir cualquier reforma del Estado priísta y aliado con un PRD neopopulista disfrazado de izquierda pero al final de cuentas sólo con la intención de refundar el Estado cardenista neocorporativo y con una sociedad subordinada a las élites caudillistas.

Las tres principales reformas a debate están sobre la mesa:

1.- Reforma del dedazo. La iniciativa para la reelección de legisladores, alcaldes y jefes delegacionales impedirá que la capacidad de decisión de candidaturas quede en el dedo de oro --como lo calificó el escritor Guillermo Sheridan-- presidencial cada tres y seis años y que por tanto la lealtad de los elegidos sea con el poder y no con la sociedad. Una bancada reelegida terminaría con esa dependencia presidencial. Sólo la reelección de cargos de elección popular sería una reforma política por sí misma y representaría la desarticulación de las leyes no escritas del priísmo que siempre impidieron la democracia.

2.- Reforma económica. La política fiscal priísta siempre fue una forma paralela de establecer el control político vía la dependencia corporativa. Las exenciones fiscales se convirtieron en salario no monetario para las masas, pero atadas al agradecimiento al Señor Presidente. El PRI fundó el sistema de dependencia corporativa vía los impuestos no cobrados. Al acabarse con esos regímenes especiales, la fuerza corporativa de control del Estado y del gobierno terminaría en sus utilizaciones electorales. Los causantes habían sido asumidos por el PRI como electores, no como agentes económicos y productivos.

3.- Reforma corporativa. En los hechos, la decisión de liquidar la empresa Luz y Fuerza del Centro y por tanto diluir el Sindicato Mexicano de Electricistas fue una reforma laboral de facto: terminar con lo que la ideología priísta bautizó como “Alianza Histórica” del Estado con los trabajadores, pero que no fue sino una forma de controlar a las masas obreras en organizaciones sindicales manejadas por el PRI, el presidente de la república y la Secretaría del Trabajo: salarios a cambio de sumisión.

Al final, las reformas parciales sólo han reforzado la estructura de poder del PRI. Por eso la urgencia de una verdadera transición. Y será en el 2010 o el PRI habrá recuperado el poder antes del 2012.

 

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