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Viernes 5 de febrero de 2010


 

+ Juárez: guerra de posiciones

+ SDN, última línea de defensa

 

La guerra política detrás de la violencia en Ciudad Juárez revela una ofensiva política para caracterizar de fallida la lucha del ejército contra el narcotráfico y dejarles la plaza a los delincuentes. Sin embargo, las fuerzas armadas en el municipio constituyen la última línea de defensa contra la actuación del crimen organizado.

Por tanto, en Ciudad Juárez se da un caso típico de guerra de posiciones entre el crimen organizado que se apoderó de la plaza bajo los gobiernos municipales panista y priísta y las fuerzas armadas que han ido acotando la movilidad de los delincuentes. Los espacios abandonados por las autoridades automáticamente pasan a poder de los delincuentes.

La ofensiva contra el ejército tiene el objetivo central de minar su credibilidad. Por ejemplo, se ha acreditado al ejército el asesinato de Josefina Reyes Salazar, activista de defensa de los derechos humanos. Sin embargo, Reyes Salazar quedó atrapada entre las bandas de La Línea y de Gente Nueva. Su hijo Miguel Angel Reyes fue detenido junto con Rodolfo Escajeda, responsable del asesinato del líder mormón Benjamín Franklin Lebarón Rey. Escajeda había sido identificado como lugarteniente del cártel de Carrillo Fuentes.

Más aún, una declaración de Gustavo de la Rosa Kickerson, visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua y crítico de la presencia del ejército, puso en duda la responsabilidad militar en la muerte de la activista: “yo no me atrevería a afirmar que el Ejército específicamente mandó matar a Josefina, y los elementos que tengo es que es una agresión por parte de un comando de asesinos que ha estado circulando en el Valle de Juárez, y que básicamente pertenece a la organización de El Chapo Guzmán, aunque también hay comandos de La Línea que están actuando.”

El caso de Reyes Salazar y el de los jóvenes asesinados en una fiesta quedaron tipificados como actos de narcoterrorismo, parte de la lucha estratégica del crimen organizado para apoderarse de la plaza. Sin embargo, se presentan como fracaso y se inculpa al ejército de ajusticiamientos entre cárteles.

El asesinato de catorce jóvenes forma parte del clima de descomposición social en Ciudad Juárez. El punto central va más allá de la presencia del ejército y la policía federal como refuerzo. Ciudad Juárez presenta los elementos de un gobierno municipal fallido y de una sociedad fallida; es decir, de la ruptura del tejido social, de la inexistencia de red política, de la corrupción de las instancias municipales de gobierno, de la articulación orgánica de las policías estatal y municipal con el crimen organizado y de la ausencia de la autoridad regional de gobierno.

En términos más concretos, el gobierno municipal priísta ha sido incapaz de operar su papel mediador, el partido en el poder municipal ha fracasado en su tarea de conciliar grupos sociales, el poder político municipal abandonó su función de salvaguardar las instituciones de seguridad y por ello Ciudad Juárez perdió el control al descubrirse que los policías municipales estaban hundidos en la corrupción o al servicio del narcotráfico. El gobierno municipal asumió la condición de fallido cuando los picaderos de droga --lugares de consumo al menudeo-- pagaban sobornos a la policía para funcionar.

En Ciudad Juárez se da una típica guerra de posiciones: el crimen organizado ocupando espacios descuidados de la sociedad, la sociedad desarticulándose como núcleo social y culpando a los demás de su propia deficiencia, los partidos politizando el conflicto y convirtiéndose en el congreso federal en un tribunal de juicio de las acciones federales. En Ciudad Juárez se lucha por territorio social, político y familiar para consolidar la hegemonía del crimen organizado. Es una guerra de trincheras políticas.

En Ciudad Juárez no existe solamente una lucha de policías y ladrones por un botín sino que se combate por una territorialidad del Estado. Por tanto, se trata de un caso de soberanía del Estado; es decir, de seguridad nacional. Sin el ejército y la policía federal, la plaza habría quedado a merced de los cárteles. Lo malo, sin embargo, radica en la posición cómoda de la sociedad que busca una solución mágica a un proceso de desarticulación social y política y a la inexistencia de una sociedad civil. Lo peor radica en el hecho de que el crimen organizado ha logrado movilizar a la sociedad contra policías y militares.

Los objetivos militares y policiacos en Ciudad Juárez no han sido alcanzados por la apatía de la sociedad. En el municipio de Monterrey, por ejemplo, el alcalde panista Fernando Larrazábal creó consejos ciudadanos para supervisar directamente a las policías. En el municipio de Apodaca, el alcalde priísta Benito Caballero creó un sistema que limita la presencia de jóvenes en las calles después de media noche si no hay la presencia de un adulto. En ambos casos la sociedad se ha organizado para articularse a las tareas de seguridad y vigilancia. La sociedad en Ciudad Juárez espera que el ejército y la policía le regresen la plaza que ella cedió con su pasividad.

El dilema de la sociedad juarense es dramático: o se involucra en las tareas del ejército y la policía para cortarle espacios al crimen organizado o se sigue hundiendo en la descomposición provocada por el crimen organizado y no por las fuerzas del orden.

 

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