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Jueves 11 de febrero de 2010


 

+ Narco-Juárez: pasivo PRI-PAN

+ Desafío: elecciones sin mafias

 

La presencia de representantes de los poderes estatales en Ciudad Juárez representa el primer compromiso formal de un gobierno estatal priísta en la lucha federal contra el narcotráfico. Ahora viene el segundo y definitivo: evitar la presencia del narco en las elecciones locales, incluyendo la alcaldía de ese municipio fronterizo.

La decisión del gobernador chihuahuense José Reyes Baeza --aún limitada-- involucró al gobierno estatal en la estrategia de lucha contra el crimen organizado. En cambio, los gobernadores priístas de Durango, Tamaulipas y Sinaloa han entrado a sus procesos electorales locales sin preocuparse por el problema del narco --los dos primeros-- y el tercero con un precandidato oficial señalado de relaciones peligrosas con algunos capos.

La crisis de seguridad en Ciudad Juárez no fue provocada por el ejército ni por la policía federal. Su origen es antiguo y político local: los gobiernos municipales panistas y priístas desde 1983 permitieron primero el tráfico de drogas y luego la complicidad municipal y estatal con el consumo. Los picaderos como narcotienditas para el consumo se asentaron en la ciudad bajo la protección de la policía municipal en estos años. Y el consumo llevó a la construcción de una sólida estructura municipal de protección de mafias.

Sin lienzo social, sin tejido político y con complicidades locales, Ciudad Juárez colapsó su estructura de gobierno y de consenso. El problema de los feminicidios no fue policiaco sino social y respondió a la ausencia absoluta de una autoridad. Con la complacencia de gobiernos estatales, con alcaldes marcados por la complicidad política y sin ninguna atención federal, Ciudad Juárez se salió de control y quedó hundida en un vacío de poder institucional.

Los problemas de la estrategia gubernamental para Ciudad Juárez tienen que ver con el abandono institucional. Por sí solos, el ejército y la policía federal no podrán recuperar la estabilidad para el municipio. Los empresarios carecen de apoyo estatal, las clases medias prefieren huir de la ciudad, las clases bajas no tienen permeabilidad social o política, el PRI dejó de funcionar como espacio de cohesión, la oposición se metió en la corrupción del poder, la explotación laboral femenina tuvo que ver con los feminicidios y los jóvenes se extraviaron en el mundo fantasioso del poder criminal.

Los primeros responsables de la crisis en Ciudad Juárez fueron los alcaldes. Y ahí los hubo, de 1983 a la fecha, del PAN y del PRI. Los cárteles se asentaron en la complicidad silenciosa de munícipes que se negaron a hacer algo bajo el criterio de que era un asunto federal. Y se llegó al punto culminante en el 2008 cuando Saulo Reyes Gamboa, secretario de Seguridad Pública municipal bajo la administración priísta de Héctor Teto Murguía 2004-2007, se declaró culpable de tráfico de drogas en los EU y sigue encarcelado. Murguía fue electo en el 2009 diputado federal por Ciudad Juárez.

Ahí se localiza el siguiente reclamo: la sociedad. ¿Dónde ha estado la sociedad juarense en los años de crecimiento público del problema del narco y de la violencia? Esa sociedad ha salido a protestar sólo contra el ejército y la policía, pero ha guardado silencio ante los feminicidios y nada hizo ante el aumento en el consumo de droga. Y peor: siguió votando por el PAN y por el PRI. Ahora mismo el secretario de seguridad pública del gobierno estatal renunció al cargo pero no por el aumento de la violencia criminal sino para competir por la candidatura priísta a la alcaldía de Ciudad Juárez.

El desafío del gobernador priísta Reyes Baeza no termina sólo con el efecto mediático del traslado de representantes de los poderes estatales a Ciudad Juárez. Su principal reto político estará en la designación de candidatos municipales y a la legislatura local ajenos a cualquier relación con el tema de la inseguridad. A diferencia de Sinaloa, Durango y Tamaulipas, el precandidato priísta designado César Duarte no tiene vinculación directa con la administración local, salió de la cámara federal de diputados y no enfrenta ninguna sospecha de vínculos con las mafias. Los gobiernos municipales necesitan de funcionarios no comprometidos con la incompetencia en la lucha local contra el crimen organizado.

Con la decisión de Reyes Baeza, el gobierno federal tiene en sus manos la gran oportunidad para involucrar a las sociedades estatales y municipales en la estrategia de lucha contra el narco. A diferencia de la apreciación común, la estrategia gubernamental es la adecuada y lo que hay que ajustar es la táctica. Con la administración estatal en Ciudad Juárez se logrará la corresponsabilidad directa de lo estatal con lo federal en las decisiones que, con todo, han logrado desarticular las mafias del crimen organizado. El saldo insuficiente en la estrategia federal ha tenido como principal responsable a la negativa estatal y municipal para incorporarse a las tareas federales.

La presencia del presidente Calderón hoy jueves en Ciudad Juárez podría consolidar la nueva táctica contra el crimen organizado: registrar la vinculación directa de funcionarios estatales y municipales como una forma de cerrar la puerta de la impunidad de la delincuencia organizada.

 

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