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Viernes 4 de junio de 2010


 

+ Ley de seguridad mina soberanía

+ Guerrilla y machetes, de fiesta

 

El dictamen final de la ley de seguridad nacional que aprobó el Senado podría causar todo una reestructuración negativa del poder del Estado. La intención fue subordinar a las fuerzas armadas a mandos políticos intermedios que debilitarían su función primordial: la salvaguarda de la soberanía ante el avance del crimen organizado y la protesta insurreccional.

Más que una intención de afinar el marco jurídico para la intervención de las fuerzas armadas en asuntos internos, el dictamen del Senado parece ignorar el hecho de que la soberanía no tiene que ver nada más con situaciones de invasiones extranjeras sino que ahora enfrenta la pérdida de espacios de dominio del Estado en zonas francas estatales en poder del crimen organizado con grave corresponsabilidad de instancias políticas internas.

El Senado confundió las prioridades. El tema central no radica en la protección de los derechos humanos sino en la necesidad urgente de que las fuerzas armadas --la última línea de defensa de la soberanía y la estabilidad interior-- cuenten con certidumbre jurídica a la hora de actuar. La violación de los derechos humanos ha sido ya asumida como una tarea esencial en la actuación del poder político, pero las fuerzas armadas no pueden convertirse en una ONG a la hora de combatir a las fuerzas paramilitares perfectamente armadas de la delincuencia y su exhibición de violencia.

Por tanto, la discusión de la ley de seguridad nacional perdió de foco el punto fundamental del debate: el monopolio de la fuerza la debe tener el Estado y el mando único se acredita al presidente de la república como el comandante en jefe de las fuerzas armadas. Pero en el dictamen final del senado, del pasado 27 de abril, se establece en el artículo 72 que “las fuerzas federales (el ejército, entre ellas) se coordinarán con las autoridades civiles locales”. Más grave: el segundo párrafo de este artículo le confiere el ejército “tareas de auxilio” a oficinas locales de seguridad y subordina a los militares a fueros civiles, con lo que debilita su tarea ante una delincuencia criminal.

Sin embargo, los datos que se publican todos los días revelan que muchas autoridades civiles locales --en sus niveles estatal y municipal-- están involucradas con el crimen organizado o ha pecado de negligencia al negarse a combatir y compartir responsabilidades con las autoridades federales. La carga central del asentamiento creciente de la delincuencia en plazas locales ha sido de las autoridades locales. Peor aún, esas autoridades locales le trasladan ahora la obligación al gobierno federal.

Para enredar más las cosas, el artículo 73 del dictamen final --que se envió a la Cámara de Diputados y que no pasó la aduana por errores de diseño político, parlamentario, legal y de seguridad nacional-- establece la subordinación de las fuerzas armadas a “agentes de las instituciones de seguridad pública” pero sin acreditar si federales, estatales o municipales, para reportar a la autoridad competente de los hechos. Así, los militares, cuya logística, capacidad de inteligencia y organización es la única que ha minado el poder del crimen, son vistos sólo como simples soldados de combate. La iniciativa presidencial propuso que los agentes de seguridad pública informaran de las operaciones, pero el Senado metió a las fuerzas armadas debajo de las oficinas de seguridad pública.

Más que reforzar el escudo de seguridad ante las amenazas internas contra la soberanía nacional y territorial por el crimen organizado, el dictamen del Senado le entrega a las autoridades estatales --gobernadores o legislaturas-- la solicitud de existencia de una “afectación de la seguridad interior”. Con ello crea una aduana de doble filo: las autoridades locales nada han hecho para combatir y sus decisiones --incluyendo la de solicitar la fuerza federal-- tendrán la justificación de culpar a la federación del fracaso y de eludir su propia responsabilidad en la creación del problema local.

Asimismo, la nueva ley involucra al poder legislativo para “ejercer sus funciones de control político” de operaciones de seguridad nacional. Es decir, la intervención de las fuerzas armadas ante una ruptura de la seguridad interior tendrá el “control político” del Senado o la Permanente para revisar la legalidad de los operativos y para controlar su evolución. Mientras se aclaran estos puntos, la delincuencia tendrá un vacío operativo a su favor.

Además, el Senado creó un espacio de impunidad que de suyo representa pérdida de la soberanía: no se considerará afectación a la seguridad interior en asuntos de protestas administrativas, laborales, movimientos o conflictos políticos, electorales o sociales. Sin embargo, ante la incapacidad de las instituciones para atender las exigencias de modernización, las protestas sociales representan una crisis de gobernabilidad y una amenaza a la seguridad interior cuando rompen la estabilidad de la seguridad y quiebran el orden constitucional. Con esta ley, por ejemplo, las fuerzas armadas no podrán combatir a la guerrilla armada ni a las protestas con machetes.

El trasfondo de la ley de seguridad nacional modificada y aprobada por el Senado parece tener menos que ver con redefiniciones doctrinales y de operación de los organismos federales encargados de la conservación de la soberanía nacional y más con una redistribución del poder del Estado.

El monopolio de la fuerza le corresponde al Estado y la jefatura máxima de las fuerzas armadas la tiene el presidente de la república. Al acotar el funcionamiento de las fuerzas armadas en defensa de la soberanía del Estado en entidades de la república dominadas por el crimen organizado, el Senado no hizo sino debilitar al Estado.

 

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carlosramirezh@hotmail.com

 

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