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Martes 22 de junio de 2010


 

+ Pifia de CNDH contra Sedena

+ Investigación parcial, de oídas

 

La clave para entender la acusación --que no recomendación-- de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la Secretaría de la Defensa Nacional por la muerte de dos niños en un incidente cerca de Ciudad Mier, Tamaulipas, se localiza en el testimonio de la madre.

En su declaración firmada en la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, la señora Cinthya Josefina Salazar Castillo afirmó haber visto en la carretera a los tres vehículos y que se percató que las mismas la rebasaron. Sin embargo, la CNDH señala que la señora Salazar Castillo “manifiesta que ella no sabe leer ni escribir ni que haya visto los vehículos”. Pero la firma de la señora en el acta de la procuraduría estatal revela que sabe escribir.

La señora Salazar Castillo es la principal activista de la tesis de que el ejército mató a sus dos hijos durante una agresión de narcos contra vehículos militares. La CNDH asumió como propia la tesis de la señora y la colocó como la parte fundamentación de su acusación contra el ejército.

La desavenencia CNDH-Sedena tendrá pronto una nueva fase. La Comisión basó su argumentación no en una investigación de los hechos sino en el procesamiento de la documentación existente y un dossier de recortes periodísticos y cometió el pecado procesal de no incluir los testimoniales de los militares involucrados.

El asunto tiene dos aristas que en nada benefician a la CNDH:

--La acusación de la CNDH en su recomendación  36/2010 no indagó la precisión del tipo de armas usadas en el incidente. La CNDH excluyó las pruebas de la Sedena de que las granadas de fragmentación usadas no eran del ejército sino de los narcos. Y hay fotografías dramáticas del cuerpo de uno de los niños con heridas mortales provocadas por esquirlas, no por balas de rifles o pistolas. Hay diferencia entre rifles y lanzagranadas con “armas de fuego”. Asimismo, la camioneta de la familia Almanza Salazar presenta en la parte trasera un boquete de una granada. Y los militares respondieron el fuego de frente.

--El segundo desliz de la CNDH radicó en el hecho de que dio por buenos los informes de médicos legistas sobre las autopsias. Y ahí hubo cuando menos dos errores de apreciación: primero, los responsables de las autopsias fueron peritos médicos forenses “habilitados”, es decir, improvisados, no especialistas, sino que fueron llamados a hacer las necropsias. Y segundo, el reporte final habla de “esquirlas de proyectil de arma de fuego”. La CNDH ignora la diferencia en daños entre esquirlas y asume como un todo el concepto de armas de fuego. Las esquirlas provienen sólo de lanzagranadas.

Así, la acusación-recomendación de la CNDH por el caso de los niños Almanza Salazar estuvo plagada de omisiones, parcialidades, confusiones procesales y sobre todo se sustentó en la acusación de los padres y en dos testigos que son tíos de los niños. Al no realizar dictámenes periciales propios sobre el armamento asegurado para saber si fueron o no usados en la refriega, la CNDH cometió una grave parcialidad.

Lo delicado es que los familiares y los testigos dieron versiones diferentes y la CNDH solamente utilizó los que le convenían a sus tesis. Por ejemplo, los familiares y testigos declararon ante la procuraduría estatal que el incidente se dio entre las seis y media y siete de la tarde, cuando en realidad ocurrió a las ocho de la noche. Es decir, que se trata de dos declaraciones: una ante la autoridad judicial y otra ante la CNDH. Y la CNDH se negó a depurar y limpiar las contradicciones.

En su reporte, la CNDH dejó las huellas de una sospechosa parcialidad. A pesar de haber recibido copia certificada de las declaraciones de 24 militares involucrados en el incidente y que comparecieron ante la autoridad civil de la PGR, la CNDH no se dignó a considerarlas. La razón se localizó en que esas declaraciones contradecían muchos de los dichos por la familia y sus testigos en la segunda declaración ante la CNDH. Así, la CNDH le dio valor probatorio a una de las partes del conflicto y se negó a tomar en consideración las declaraciones ministeriales de los militares.

Por tanto, la intención de la CNDH no fue la de elaborar una investigación profesional digna de un organismo con el reconocimiento legal del Estado y su reporte resultó una especie de acusación de cualquier ONG carente de profesionalismo. Los dos errores en los documentos oficiales de las necropsias --confundir armas de fuego y haber sido realizadas por peritos habilitados -- merecían que la CNDH hubiera profundizado su investigación.

Y queda también en el aire un dato revelador. El padre de la familia, Martín Almanza Rodríguez, declaró en la PGR que llegó a México en diciembre de 2009, que trabajó en los Estados Unidos como ilegal, que ganaba 100 dólares diarios para mantener a una familia numerosa, que en estos meses de 2010 ha vivido “de sus ahorros” y que le compró en 5 mil dólares la camioneta con placas de Texas a un amigo cuyo nombre había olvidado. En los días posteriores al incidente, Martín se hizo a un lado y su esposa fue la declarante de las acusaciones de que el ejército había matado a sus hijos.

 

www.grupotransicion.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

 

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