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Viernes 9 de julio de 2010


 

+ Ejército despresuriza ambiente

+ DH, elecciones, narco, DN-III

 

Justo cuando se estaba alimentando una confrontación estéril del ejército con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de la Defensa Nacional aceptó la recomendación 36/2010 sobre los hechos ocurridos en Ciudad Mier, Tamaulipas, y desactivó un punto de conflicto.

La decisión de la Sedena reencauzó un asunto que fue sacado del carril institucional y que quería ser utilizado para insistir en acusaciones de presuntas violaciones de derechos humanos de una familia que quedó atrapada entre una agresión de bandas del crimen organizado contra una partida exploratoria del ejército. La aceptación de la recomendación demostró que las fuerzas armadas no asumen ninguna condición de excepcionalidad.

En su respuesta a la CNDH, la Sedena aporta elementos sobre sus programas de derechos humanos. Sobresale, por ejemplo, el sometimiento de los militares a las reglas institucionales de atención  a los derechos humanos. Asimismo, destaca el dato de que la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena firmó un convenio de colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU para el establecimiento de indicadores de respeto a los derechos humanos. Se trataría del primer ejército que acepta someter sus programas a una correlación con la ONU. Las fuerzas de ocupación militar en Afganistán, controladas por los EU, violentan impunemente los derechos humanos. Y las ONG´s miran a otro lado.

La recomendación de la CNDH buscó ser utilizada para acotar la participación del ejército en la lucha contra el crimen organizado. El incidente en Ciudad Mier, donde perdieron la vida dos niños, ha sido utilizado para generalizar la violencia en enfrentamientos con bandas del crimen. Sin embargo, la investigación del incidente sigue su curso en las autoridades ministeriales, la PGR y la Procuraduría de Justicia Militar. Por lo demás, el ejército sigue siendo la última línea de defensa en Tamaulipas ante el fracaso de funcionarios y gobiernos. En Monterrey, donde lo acusan de reprimir, el ejército acaba de atrapar al líd4er Zeta Esteban Luna Luna, alías El Chachis, uno de los responsables de la balacera en el Tecnológico donde murieron dos estudiantes.

Lo malo del asunto militares-crimen organizado radica en el hecho de que las autoridades políticas siguen retrasando la actualización del marco jurídico para la actuación militar en labores policiacas, ante la acumulación de evidencias de que las fuerzas policiacas han sido rebasadas por la organización, violencia y armamento de la delincuencia. La iniciativa de ley de seguridad nacional fue tergiversada en el Senado y congelada en la Cámara de Diputados, mientras la violencia de la delincuencia sigue escalando rangos de provocación, como ocurrió con el asesinato artero del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas.

Lo que está en el fondo del debate es el papel del ejército en actividades ajenas a la seguridad nacional ante cualquier amenaza extranjera. Pero el mapa de violencia del crimen organizado ha modificado el concepto de seguridad nacional como un asunto externo y ha dibujado un país prácticamente ocupado por grupos criminales que usan la violencia y las armas. La presencia dominante de delincuentes en cuando menos una decena de estados de la república es un asunto de seguridad nacional interna porque rompe con la soberanía del Estado en parte el territorio nacional. En Tamaulipas, por ejemplo, manda la delincuencia, no las instituciones. Por tanto, es un  asunto de soberanía del Estado nacional.

En estos días, el ejército definió su participación en temas esenciales: aceptó como principio la defensa de los derechos humanos y reconoció a la CNDH, fue garante de la seguridad en el proceso electoral, refrendó su papel en la lucha contra una criminalidad poderosa, continuó deteniendo a jefes de la delincuencia y participó con su ejemplar Plan DN-II de auxilio a la población civil por los efectos dañinos de huracanes en Tamaulipas y Nuevo León. ¿Qué hubiera pasado en el país sin el ejército?

La ofensiva contra el ejército tiene un escenario especial. Las fuerzas armadas son una de las herramientas más efectivas que tiene el presidente de la república para encarar los problemas de seguridad, estabilidad y soberanía. La organización, disciplina, dedicación, lealtad, profesionalismo, preparación técnica y compromiso con la nación han convertido al ejército en objetivo de grupos que le apuestan al debilitamiento de las instituciones. Toda crisis de cambio político tiende a querer desviarse hacia un proceso peligroso de desinstitucionalización. Un Estado sin ejército legitimado jurídica y socialmente es un Estado fallido.

Por eso algunos políticos buscan minar el poder y la autoridad del poder ejecutivo mediante el debilitamiento de sus fuerzas armadas. Mientras los legisladores siguen eludiendo la urgencia de las reformas a la ley de seguridad nacional, deshojan la margarita del fuero militar y polarizan opiniones con tintes partidistas o vendettas políticas, los militares siguen sus labores de lucha contra el crimen organizado con pocos instrumentos legales y jurídicos y sometiéndose a supervisiones que parecieran buscar alejarlos de la lucha contra el crimen organizado para que el país quede en manos de la delincuencia. El modelo es simple: tamaulipatizar la república.

Ahí se localiza la urgencia de legislar sobre seguridad nacional pero sin buscar beneficios parciales y/o partidistas. La participación de las fuerzas militares en la lucha contra la delincuencia y la arrogancia del crimen organizado --como se acaba de ver en Tamaulipas-- exigen mayor voluntad de los legisladores. La delincuencia no está jugando. Y no existe ninguna otra fuerza capaz de contener y vencer a los delincuentes que el ejército.

 

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carlosramirezh@hotmail.com

 

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