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Viernes 26 de marzo de 2010


 

+ Es la táctica, la tác-ti-ca

+ Restaurar orden borbónico

 

El debate sobre el “cambio de estrategia” en el combate al narcotráfico esconde cuando menos tres cartas marcadas:

1.- Es un falso debate porque la estrategia es una sola: evitar la hegemonía del crimen organizado y recuperar la soberanía del Estado en zonas francas controladas por los capos y ahí nada hay que cambiar, a menos que se busque una negociación que ceda el poder del Estado al dominio de las mafias. El debate real debe darse sobre las tácticas, que son los medios, instrumentos o planes coyunturales de acción. Los que insisten en el cambio de estrategia en realidad ignoran de lo que hablan.

2.- El trasfondo en la condena a los programas del gobierno de Calderón contra el crimen organizado se localiza en la intención de restaurar el viejo orden priísta (borbónico), donde el Estado autoritario, paternalista y populista controlaba a las bandas y, peor aún, designaba jefes policiacos para ponerlos al servicio del crimen organizado. Es decir, la crítica a la estrategia actual se basa en el intento de restauración del modelo El Negro Durazo. La fusión de policías-delincuentes mantenía bajo control del PRI a las bandas. La sociedad quiere el modelo cómodo del viejo PRI, aunque por los nuevos equilibrios sociales será imposible. El repunte en tendencias del PRI para el 2012 apela justamente a la restauración del viejo orden: el absolutismo que controlaba también al crimen organizado.

3.- La estrategia no ha fallado. Y las tácticas siguen siendo funcionales. Lo que ha ocurrido es que todos los órdenes de gobierno y todas las organizaciones sociales firmaron su parte en la estrategia pero a la hora de las decisiones han fallado y no han cumplido sus compromisos. Gobiernos estatales y municipales y sociedad han dejado al ejército como la primera línea de combate y la última línea de defensa. Si se revisan con frialdad las evaluaciones de la estrategia, el ejército ha sido el único en ofrecer resultados. Nuevo León, Ciudad Juárez y Tamaulipas son el ejemplo de que gobiernos estatales y municipales han incumplido su compromiso de --aunque sea-- limpiar las policías. Basta revisar los planes, compromisos y acuerdos para detectar quiénes han fallado. Y hasta la sociedad ha eludido compromisos por miedos, complicidades y comodidades. Pero el ejército ha impedido la victoria del crimen organizado que en el fondo muchos desean.

El falso debate sobre el “cambio de estrategia” es tramposo, cómodo y elusivo de responsabilidades. El 30 de abril de 2009 el gobierno federal explicó el “modelo de operación estratégica y táctica frente a la delincuencia organizada”. Y ahí se definen los ejes de la estrategia: reafirmación del Estado en el territorio, desarticulación de cadenas y redes criminales, fortalecimiento de las instituciones públicas, prevención del delito y cooperación internacional. ¿Esta estrategia es la que quieren cambiar?

Si el ejército sigue atacando a bandas y la PGR continúa procesando a delincuentes arrestados, entonces la persistencia del problema del crimen organizado corresponde a los gobiernos estatales que han ignorado el hecho de que los criminales tuvieron complicidades locales para asentarse y a los gobiernos municipales cuyas policías en la actualidad siguen estando al servicio de los delincuentes. Los narcobloqueos en Monterrey, por ejemplo, fueron hechos con la complicidad de policías estatales y municipales.

Los daños colaterales en acciones de combate al narcotráfico esconden cuando menos tres complicidades: la de las autoridades locales porque no han cumplido sus compromisos en los acuerdos, la de las policías estatales y municipales porque sirven al narco y de la propia sociedad que pasivamente quiere que la defiendan y votan por los partidos cuyos gobiernos han sido aliados o responsables del asentamiento de narcos en las diferentes plazas.

El fondo del debate no es de estrategias sino político: los partidos han sido incapaces de gobernar para evitar la criminalidad… y la sociedad sigue votando por los mismos. Tamaulipas es un caso simbólico: la plaza está controlada por el narco y ha obligado al ejército a acciones violentas para recuperar espacios, pero la sociedad tamaulipeca sigue votando por el PRI que en el gobierno ha sido responsable del auge del crimen organizado. Y para allá van los gobiernos priistas y perredistas.

En el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado por toda la sociedad y gobierno y publicado en el Diario Oficial de la federación el 25 de agosto de 2008, los gobernadores y presidentes municipales se comprometieron formalmente a cinco acciones concretas para limpiar las policías, elevar su eficiencia y blindarlas de los criminales y se impusieron el plazo de un año.  A año y medio la corrupción policiaca sigue tan campante y se localiza en el centro de la operación de la impunidad criminal. Frente a tanta irresponsabilidad, los únicos que siguen en la primera y última línea de batalla son los militares. Pero la acción militar será incompleta si las autoridades civiles y la sociedad no cumplen con sus compromisos firmados.

 (Por Semana Santa, Indicador Político se toma como siempre una semana de descanso a partir de hoy y aconseja que ustedes hagan lo mismo. Nos leemos aquí el lunes 5 de abril.)

 

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