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Viernes 21 de mayo de 2010


 

+ Diego: ¿caso Moro mexicano?

+ Parte de polarización política

 

Aunque los hechos históricos no se calcan por sí mismos, sí ofrecen posibilidades de ampliar el análisis político. En este contexto, el caso Diego Fernández de Cevallos podría tener otro referente: el secuestro y asesinato en 1978 del líder democristiano Aldo Moro por promover un pacto con el partido Comunista Italiano.

El trasfondo del caso Moro se localizó en la negativa de la Casa Blanca a permitir el acceso al poder de la izquierda marxista europea. En 1977, el PCI había ganado el 34.4% de los votos y su presencia en el poder era garantía de estabilidad. Pero al no poder obtener la mayoría, el PCI se alió a la Democracia Cristiana vaticana en un “compromiso histórico” que estuvo a punto de cambiar la historia. En 1978, Moro fue asesinado por el grupo terrorista Brigadas Rojas y con ello frenó la alianza PDC-PCI.

En México existe un escenario similar. La tendencia electoral del PRI en las encuestas como favorito en las elecciones presidenciales del 2012 llevó a una alianza electoral del derechista PAN con la autodenominadas izquierda en el PRD, heredera, eso sí, del Partido Comunista Mexicano. Como la estrategia no se agotaba en las elecciones de gobernador de 2010 y 2011, la alianza real es la que permitiría un candidato PAN-PRD para la presidencia 2012.

El secuestro de Moro fue un acto político pero sobre todo una provocación. De 1975 a 1978 la CIA operó abiertamente en Europa abierta y clandestinamente para impedir la participación de la izquierda comunista en cualquier gobierno. En 1981 se logró en Francia una alianza Partido Socialista-Partido Comunista para llevar a François Mitterrand a la presidencia de la república y con ello colocar a dos  ministros comunistas en el gobierno, provocando la ira del recién encumbrado gobierno de Ronald Reagan y su director de la CIA, William Casey. En Italia, el compromiso histórico no pudo concretarse en el gobierno por el asesinato de Moro.

Las razones del secuestro y asesinato de Moro nunca pudieron aclararse, como ahora existe confusión por la desaparición --secuestro, hasta ahora, en realidad-- del líder panista Diego Fernández de Cevallos. Las Brigadas Rojas actuaron como un grupo terrorista, sin filiación ideológica, al margen de las operaciones de alianzas políticas. El caso Diego como una versión del caso Moro se retroalimentó con el enigmático comunicado del EPR casi acusando a una facción eperrista recientemente separada del grupo.

En los conflictos políticos importan los efectos, no las causas. Y más cuando se dan en un escenario de lucha sin reglas por el poder político. La posible colombianización de la realidad criminal mexicana no tiene que ver tanto con la escalada de violencia, sino por la participación de un grupo guerrillero como aliado del crimen organizado del narcotráfico. Y por ahí podría apuntar la línea de investigación que deslizó el comando central del EPR en su comunicado del pasado lunes 17 de mayo. La alianza FARC-mafias del narco en Colombia creó el fenómeno conocido como colombianización.

Otras líneas de efecto político del caso Diego estarían ya presentes en las primeras indagatorias: una ofensiva del narco para fijar su propio territorio de batalla, los casos anteriores de secuestros o asesinatos de figuras vinculadas al poder central para provocar una escalada en la violencia del Estado y el hecho de que el sistema político mexicano enfrente varias guerras entre grupos que se disputan el poder. Independientemente de las motivaciones de la desaparición-secuestro, el efecto del caso Diego sacudió los espacios políticos del poder institucional.

Hubo otro detalle en el caso Moro: el Estado italiano, el Vaticano como grupo dominante en la democracia cristiana y el Partido Demócrata Cristiano se negaron a negociar con los secuestradores. El asunto político fue asumido por el propio Moro en algunas de sus cartas --inteligentemente leídas por Leonardo Sciascia, el autor de la línea de la literatura judicial-criminal-mafiosa-- en el ensayo El caso Moro. En una de sus cartas, Moro mismo habla de su caso como de un “asesinato de Estado”: cuando el Estado se salió del escenario político, se negó a negociar con los secuestradores y condenó a muerte a Moro. La no-negociación de su libertad se convirtió, diría con amargura el propio Moro en otra carta, en una “razón de Estado”, concepto con lecturas disímbolas en el país de Maquiavelo.

El contexto del caso Moro da para lecturas adicionales del caso Diego: la izquierda marxista del PCI, bajo la dirección estratégica de uno de los grandes líderes marxistas, Enrico Berlinguer, apostaba a un “gobierno de emergencia” para enfrentar la ofensiva terrorista de la ultraizquierda. Pero los planes fueron truncados por el secuestro de Moro. El PDC, el Vaticano y el PCI se negaron a negociar con los terroristas, pese a las cartas enigmáticas de Moro señalando el contexto político de su salvación. Aunque el gobierno italiano realizó una profunda búsqueda de Moro, al final se negó a negociar y asumió el suceso como un asunto criminal, no un tema político del Estado.

Faltan por conocerse los efectos políticos finales del efecto político del caso Diego. Y se sabrá en el 2012 porque la desaparición-secuestro del líder panista, aún siendo crimen común, marcará el rumbo político del país.

 

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carlosramirezh@hotmail.com

 

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