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Martes 12 de octubre 2010


 

+ Chihuahua: inseguridad latente

+ Continuismo y desmoralización

 

La historia se la contó el saliente alcalde juarense priísta José Reyes Ferriz al periódico El País, horas antes de dejar el cargo:

“Hace unos meses, un agente nuevo que contratamos, un muchacho muy joven, detuvo a una gente muy peligrosa, delincuentes armados que se habían robado un carro. El joven policía sacó un arma larga, los hincó en el suelo y los consiguió reducir. Pero, en el momento de la detención, uno de ellos le dijo: “te vamos a matar, en 48 horas estaremos fuera y te mataremos”. Y, efectivamente, en 48 horas estaban fuera y poco después lo mataron. Y eso provoca una desmoralización tremenda. Una desmoralización muy peligrosa”.

La crisis de seguridad en Chihuahua va más allá de las anécdotas y se localiza más acá de las justificaciones. El nuevo gobernador César Duarte y el nuevo alcalde Héctor Murguía arrancaron sus cargos en medio de una creciente ola de expectativas sociales pero con la única certeza del continuismo de las incapacidades. Paradójicamente los dos refrendaron la hegemonía del PRI en las dos plazas, pero en medio de la debacle de la seguridad en plazas dominadas por el PRI. El alcalde saliente se ha concretado sólo a contar anécdotas que lo centran como responsable del colapso de seguridad porque hizo nada, pero nada de nada, para resolver los problemas.

No hay nada paradójico en el hecho de que las tres plazas más violentamente dominadas por el crimen organizado sean gobernadas por el PRI y con amplios reconocimientos a sus gobernantes: Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas son entidades donde la violencia comenzó cuando se rompieron los tejidos sociales y políticos, aunque persistieron los electorales. Y tampoco hay nada extraño en el hecho de que la culpa de la criminalidad le sea endosada al gobierno federal y no a los estatales o municipales.

¿Quién era el alcalde bajo cuya responsabilidad recaía el caso del joven policía asesinado narrado a El País? Nada menos que el alcalde priísta Reyes Ferriz, justamente quien contó la anécdota. ¿Que hizo el alcalde Reyes Ferriz al conocer el suceso? Indignarse y… nada más. Y contar la historia que deja la duda de la (in)capacidad de la autoridad para justamente fijar su poder. ¿Dónde se encuentra Saulo Reyes, secretario de seguridad pública del nuevo alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía, durante su pasada gestión como munícipe en el periodo 2004-2007? En una prisión de los Estados Unidos sentenciado a ocho años de prisión por posesión de una tonelada de mariguana.

El problema de la crisis de seguridad está localizado, muy bien ubicado: en ninguna plaza estatal o municipal la intervención federal tendrá éxito si las autoridades locales no recuperan sus espacios de poder. Eso sí, las fuerzas federales tienen que cargar con el desprestigio y los saldos negativos. Cualquier operación de inteligencia --acumulación de información para toma de decisiones-- está basada en la capacidad estatal y municipal para confrontar a los delincuentes y para reunir la información, no para ponerse a su servicio.

De ahí que las reuniones sobre seguridad hoy en Ciudad Juárez, encabezadas por el presidente Felipe Calderón, van a tener la misma deficiencia del pasado: no sólo la falta de voluntad de las autoridades estatales y municipales, sino la carencia de una estrategia integral, de fondo, estructural de las políticas de seguridad por incapacidad local. El problema no radica en más castigos a los delincuentes sino en un nuevo sistema de impartición de justicia que evite que los delincuentes sean liberados por autoridades corruptas. Y ahí las autoridades municipales y estatales carecen de iniciativa.

Por lo pronto, el gobernador César Duarte nombró procurador con cargo de fiscal general a Carlos Manuel Salas, involucrado en la fabricación de la acusación contra el líder petrolero Joaquín Hernández Galicia La Quina. Como delegado de la PGR en 1989 Salas tuvo a su cargo el asunto del cuerpo del agente del ministerio público muerto en otro lado pero tirado afuera de la casa de La Quina para acusarlo de asesinato. La Quina probó esa fabricación de pruebas. Duarte necesitaba mensaje claro en la posición judicial y fue al revés.

Chihuahua inauguró nuevas formas de relación con el narco; al dilema de plata o plomo se añadió una tercera vía: el plácet, el acuerdo, la aprobación implícita. Por eso es que la solución en Chihuahua no debe ser policiaca sino social y política y de saneamiento a fondo de las estructuras policiacas y judiciales, justamente a lo que Duarte no se ha comprometido. Los nuevos gobernantes estatal y municipal han definido sólo opciones policiacas. Por ello es que especialistas en el tema señalan que los nuevos gobernantes en Chihuahua aplican una no-estrategia de seguridad pública.

Y que además se han metido en conflictos internos: el gobernador Duarte le quitó al alcalde juarense Héctor Murguía, de golpe y antes de que tomara posesión, el control de la policía municipal e implantó la policía estatal única. Por eso a la crisis de seguridad ya se unió una crisis política y de gobierno: el alcalde juarense va a desentenderse de la seguridad pero la policía estatal no podrá con el paquete si no tiene el apoyo municipal.

Duarte de comprometió a resolver la crisis en un año, 365 días. Ya pasaron ocho y… nada. Faltan 357… y contando. Chihuahua podría tener un sexenio de un año.

 

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carlosramirezh@hotmail.com

 

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