--------

Lunes 18 de octubre 2010


 

+ Corrupción de Televisa-Nextel

+ Efecto negativo en Wall Street

 

 

Luego de decisiones judiciales y contradecisiones, el litigio Iusacell-TV Azteca contra Televisa-Nextel entró en una fase delicada: el 13 de octubre, el juez capitalino Vigésimo Séptimo de lo Civil estableció la afirmación judicial de que Televisa-Nextel cometieron actos ilícitos para conseguir el título de concesión para la explotación del espectro radioeléctrico.

Por ello es que el litigio ya no es de competencia entre empresas por una concesión, sino que el asunto reveló corrupción por parte de Televisa-Nextel. Y como los únicos que pudieran haber cometido esos ilícitos eran las autoridades, entonces el gobierno federal está obligado a abrir una averiguación previa contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, cuyos titulares Juan Molinar Horcasitas y Mony de Swaan aparecen justamente en el centro del escándalo.

La sentencia del juez Gilberto Ruiz Hernández es muy clara porque invoca el artículo 3º de la ley federal de sociedades mercantiles y porque debido a los ilícitos ordena la liquidación inmediata de la empresa NII Digital, S.A. de C.V, propiedad de Televisa-Nextel. El artículo 3º es muy nítido en sus referencias a la corrupción, sobre todo porque encauza responsabilidades penales:

Artículo 3º.- Las sociedades que tengan un objeto ilícito o ejecuten habitualmente actos ilícitos, serán nulas y se procederá a su inmediata liquidación, a petición que en todo tiempo podrá hacer cualquiera persona, incluso el Ministerio Público, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

La liquidación se limitará a la realización del activo social, para pagar las deudas de la sociedad, y el remanente se aplicará al pago de la responsabilidad civil, y en defecto de ésta, a la Beneficencia Pública de la localidad en que la sociedad haya tenido su domicilio.

La decisión del juez fue determinante porque autorizó el “uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras para cumplir el mandato”: Nextel respondió con una declaración agresiva recordando el llamado chiquihuitazo, pero la empresa trasnacional se olvidó que las decisiones de ese tipo se realizan por mandato de un juez, aquí y en los EU. El comunicado de Nextel reveló tan sólo el deprimente estado de ánimo de la empresa al perder el jugoso negocio de pagar apenas 180 millones de pesos por una concesión que vale, a precios de mercado, más de 5 mil millones de pesos.

El tono del comunicado de Nextel obedeció también al hecho de que esa empresa cotiza en la Bolsa de Nueva York con la clave NII Holding, justamente el nombre de la empresa involucrada en ilícitos en México, y que esa información daña la credibilidad de las empresas cuyas acciones circulan en Wall Street. De ahí que Nextel como empresa que juega en la Bolsa está obligada no a atacar a la empresa contra la cual perdió un litigio sino a aclarar la doble acusación del juez: que presumiblemente la empresa NII de México se creó para realizar un “objeto ilícito” o realizó “actos habitualmente ilícitos”. El dato no es menor porque pudiera señalar que las cuentas públicas de Nextel en los EU pudieran estar contaminadas de irregularidades como las de México. Y que Nextel llegó a México para realizar actividades ilícitas.

Los otros que están preocupados son Molinar Horcasitas y De Swaan porque la acusación del juez partió del criterio de que los actos ilícitos de la empresa hubieron presumiblemente de haber tenido participación gubernamental para la obtención de una licitación de 5 mil millones de pesos en apenas 180 millones. Y más aún cuando Molinar Horcasitas y De Swaan aprovecharon una “ventana de oportunidad legal” para entregar el título de concesión cuando estaba vigente la suspensión judicial. Sin embargo, no fue una ventana abierta sino una ventana rota para lanzar por ahí el título. Los dos enfrentarían cargos de desacato por la violación a un amparo. Y a ello se agregan el cargo de un juez de presuntos actos ilícitos que ameritaron la sentencia de liquidación judicial de la empresa.

En su columna del viernes 15, Raúl Trejo Delarbre, presidente de la Academia Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), publicó en el sitio www.ejecentral.com.mx un recuento sobre “las cuentas chuecas de Juan Molinar”: el secretario de Comunicaciones primero afirmó que el resultado era normal, luego afirmó que Nextel invertiría 18 mil millones de pesos de derechos, más tarde que habría otro tanto por infraestructura y terminó diciendo que la concesión valía menos y que los demás fueron ingenuos al ofrecer alto por otras banda radioeléctrica. Trejo habría descubierto otra maniobra fraudulenta del funcionario: operar una licitación barata a precios estratosféricos. Aunque se trató más bien de un argumento falaz para ocultar el hecho de que se entregó a Televisa-Nextel una concesión a precios regalados.

La sentencia del juez Ruiz Hernández dañó la credibilidad empresarial de Nextel, una empresa que salió perdiendo con su asociación con Televisa, porque la licitación 21 se incorporó al contexto de las alianzas político-electorales mexicanas. Y además, porque el señalamiento del juez de actos ilícitos para obtener la concesión ocurrió cuando en los EU descubrieron y procesaron a una empresa que había repartido sobornos en altos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad de México. Ahora Nextel tendrá que dar muchas explicaciones en Wall Street.

 

www.grupotransicion.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

 

- - 0 - -

Imprimir


  Regresar