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Jueves 23 de septiembre 2010


 

 

+ Delincuencia contra democracia

+ Militares: ineficacia policiaca

 

El crimen organizado pues sentirse más que satisfecho. El asesinato de un fotógrafo de El Diario de Ciudad Juárez no provocó la indignación en contra de las mafias criminales sino que logró el objetivo de voltear a la prensa contra el gobierno federal.

El conflicto ha logrado desviar la atención hacia la estrategia de lucha contra la inseguridad y no contra la existencia de bandas criminales que han roto con la estabilidad en algunas zonas de la república. El caso de Ciudad Juárez ilustra la peor deficiencia de la estrategia: no la violencia en sí misma, sino la inexistencia de un acuerdo social alrededor de la política de seguridad.

Como recordatorio de lo que realmente está en juego habrá que leer a fondo el discurso del secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, el pasado 14 de septiembre durante la ceremonia de inicio de cursos de la educación militar. Ese texto debería cruzarse con la tesis de la OEA en el sentido de que el crimen organizado se ha convertido en la “principal amenaza” a la democracia. Dijo el general secretario:

“La ética y el derecho definen esferas de actuación del quehacer miliciano. Valoramos la trascendencia del bagaje axiológico y jurídico que recibimos durante nuestra formación.

(…)

“Ninguna asignatura queda al margen de la gama de normas, valores y virtudes que nos vertebran. El patriotismo, la abnegación y el honor son algunos de los hilos del recio tejido en el que se fundamenta la actitud positiva con la que velamos por la seguridad nacional.

“Hoy, ésta (la seguridad nacional), lamentablemente en su vertiente interna, está siendo afectada. Tendencias delictivas obstruyen el crecimiento y desarrollo plenos. Es inadmisible vivir y trabajar en un ambiente marcado por el estigma de la violencia.

“No sólo se trata ya de la que generan los narcotraficantes en su afán de conquistar y consolidar rutas, mercados y territorios. Ahora, en su pretensión de controlar estructuras fundamentales del Estado, la aplican indiscriminadamente contra autoridades y representantes de otros sectores de la población para exacerbar el miedo y la incertidumbre.

(…)

“No es nuestra intención buscar, ni tampoco encarnar actitudes protagónicas, mucho menos de injerencia en la esfera de lo civil. Sin embargo, es menester que sigamos constituyendo un valladar firme a la expansión de las organizaciones delictivas.

“Los resultados de nuestros análisis estratégicos nos persuaden que en el mediano plazo es inviable un retiro de tropas. Incluso, estimamos que resultaría contraproducente un repliegue o una disminución gradual de los efectivos participantes.

“Sería ceder tiempo y espacio vitales al crimen organizado y que éste --quien confronta y amenaza la estabilidad de las instituciones-- lo interprete como signo de debilidad del Estado; pero es más riesgoso aún, que la sociedad quede en un completo estado de indefensión.

“Trabajamos para lograr que el fenómeno delictivo se acote al ámbito de la seguridad pública. Una vez que los cuerpos policiacos concluyan su depuración, adiestramiento y reorganización --a la orden del Mando Supremo-- las tropas regresarán a sus cuarteles, atentas al cumplimiento de otras misiones que la Ley Orgánica les asigna.

“Es esta delicada situación coyuntural la que explica y nos impele a solicitar nuevamente --de manera respetuosos-- que las Fuerzas Armadas sean dotadas de un marco legal que perfile con plena certeza jurídica sus acciones. De ninguna manera deseamos que nos concedan privilegios especiales o espacios de impunidad. Pero si es imperativo que la sociedad toda sepa y que desde el general hasta el soldado tengan conciencia, que nuestra actuación sustentada en la ley.

“Reconocemos el esfuerzo y la voluntad política que invierte el Honorable Congreso de la Unión para proveer a la nación de una legislación de seguridad nacional acorde a los retos que enfrenta el país. También expresamos nuestro ánimo porque las reformas pendientes a otros instrumentos que conforman el marco jurídico castrense, se materialicen en el corto plazo.

“Las Fuerzas Armadas son instituciones de legalidad, prestas a cumplir las resoluciones vinculantes de organismos internacionales protectores de derechos humanos. A fin de concretar la postura unívoca del poder ejecutivo federal, en un comité interinstitucional, hemos propuesto ya, las modificaciones pertinentes al Código de Justicia Militar.

“El impulso que hemos dado a la cultura de respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas, nos permite asimilar con prudencia, sensatez y amplio criterio, las recomendaciones emitidas por la comisión nacional de los derechos humanos para aquellos casos aislados en los que presuntamente personal militar ha violentado éstas garantías.”

El general secretario fue claro en despejar rumores sobre el alcance de la intervención militar contra la inseguridad. Pero también en su exigencia al poder legislativo de las reformas al marco jurídico de la seguridad nacional. La tesis es clave: el narcotráfico combate al Estado, no sólo vende droga.

 

www.grupotransicion.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

 

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