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Martes 5 de abril 2011


 

+ Narcos sí se escudan en DH

+ Objetivo: neutralizar militares

 

La estrategia de los cárteles de la droga de protegerse detrás de organizaciones de derechos humanos quedó al descubierto, justo en el contexto de la petición de las Naciones Unidas de sacar a los militares de la lucha contra las mafias.

Dos hechos fueron revelados el fin de semana:

1.- En un operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional en la 6ª zona militar en Coahuila, la captura de cuatro miembros de Los Zetas encontró cuando menos cuatro mantas con leyendas contra el ejército y convocando a los derechos humanos, iguales a las que portan organizaciones de DH en sus marchas. Una dice textualmente: “¡fuera soldados asesinos! Otra ves (sic) mataron gente inocente. Saca a los soldados de la calle gobierno”. Esas mantas iban a ser distribuidas entre organizaciones de defensa de derechos humanos para sus protestas callejeras.

2.- En una conversación entre un narco preso y otro libre se escucha algo similar:

--Preso: Ahora se las voy a hacer de pedo, ¡sí! le voy a hacer pedos al teniente coronel (…) con derechos humanos.

--Narco libre: ¡Ajá!

--Hoy vamos a ver a los visitadores, ¡le voy a armar pedo para un rato de encima al hijo de (…), porque si anda cerca!

--Ahorita andan en mi taller revisando, pero no hay pedo, ahí tengo puros papeles…

--Hay que hacerles pedo a los hijos de su p… con derechos humanos.

La ofensiva de derechos humanos contra el ejército ocurre justo cuando se han dado golpes contra las cabezas del crimen organizado. En contraste con las quejas presentadas ante las comisiones de DH, la oficina de recepción de denuncias del ejército ha registrado, de enero de 2008 a la fecha, 86 mil denuncias contra miembros de los cárteles de la droga, muchas de las cuales le permitieron a las fuerzas armadas arrestar o enfrentar a bandas criminales. El mail de denuncias es denuncia.sdn@sedena.gob.mx.

La tarea de las organizaciones de derechos humanos se ha convertido en parte de la ofensiva política y social para sacar de las calles al ejército, como lo ha señalado la ONU. Sin embargo, las fuerzas armadas son la última línea de defensa contra los cárteles de la droga que ya han rebasado a las fuerzas policiacas. Si el ejército deja de combatir al narco como un problema de seguridad interior, las plazas en disputa quedarán en poder de las organizaciones criminales; la salida de los militares de Ciudad Juárez facilitó el regreso de los cárteles a la plaza.

De todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Secretaría de la Defensa Nacional, sólo una tiene que ver con un caso de presunta desaparición forzosa. Las demás han sido eventos negativos en actividades operacionales. De todos modos, las recomendaciones han sido aceptadas. Como nunca antes, la oficina de derechos humanos de la Sedena es la primera en vigilar y castigar cualquier violación de garantías ciudadanas.

Pero las recomendaciones están redactadas con la intención de obligar al ejército a dejar la lucha contra el narco, justo cuando la violencia criminal se ha recrudecido en algunas plazas. El problema central del papel de las fuerzas armadas no radica en los daños ocasionados durante operaciones en activo, sino en el hecho de que el congreso ha retrasado la aprobación de una ley que garantice la actividad militar en la seguridad interior y en la seguridad nacional.

El deterioro de la estructura de impartición de justicia --policías, ministerios públicos y jueces desbordados por las mafias criminales-- ha dejado en los militares acciones de investigación que han logrado golpes espectaculares contra las bandas. Y frente a ello, se acumulan pruebas de que organizaciones de derechos humanos son usadas por los cárteles de la droga para imponer el debate sobre las garantías ciudadanas, aunque ninguna organización de derechos humanos se ha atrevido a condenar por nombre y apellido a algún cártel o a algún capo por el asesinato impune de ciudadanos ajenos al crimen organizado.

Las revelaciones de policías involucrados con bandas criminales ha dejado al país con la necesidad de utilizar en ejército. La seguridad interior es una de las zonas donde los militares tienen obligaciones de intervenir y más cuando las estructuras de seguridad pública han sido insuficientes para contener las actividades criminales. En las encuestas sobre confiabilidad, el ejército sigue apareciendo como la institución mejor calificada por la sociedad, dato que contrasta con las quejas de las organizaciones de derechos humanos contra los militares.

Las recomendaciones de la CNDH están redactadas de tal manera que se convierten en defensoras inevitables de los criminales. Por ejemplo, la recomendación 14/211 sobre una denuncia de presunta tortura presentada por el director de seguridad pública del municipio Emiliano Zapata, en Tabasco, y enfatiza tortura por golpes. Sin embargo, el jefe policiaco, tres subjefes y cinco agentes fueron capturados por vinculaciones con el narco.

La redacción de las recomendaciones solamente enfatiza el contexto policiaco pero excluyendo los presuntos delitos. La recomendación exige a la Secretaría de la Defensa Nacional reparar el daño en salud y sicológico del afectado, pero nada dice del daño en salud y sicológico de los ciudadanos del municipio afectados por las labores del jefe policiaco el servicio del narco. El incumplimiento de la ley de responsabilidades de funcionarios públicos es una violación de derechos humanos. Así, las recomendaciones son parciales, benefician a los delincuentes y dejan a la ciudadanía al amparo de funcionarios vinculados al crimen organizado.

 

www.grupotransicion.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

 

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