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Jueves 7 de abril 2011


 

+ En 1985 unidad contra EU

+ Hoy ni rápidos ni furiosos

 

 

En 1985, en medio de una impresionante ofensiva política contra México encabezada por el embajador estadunidense John Gavin y con audiencias abiertas en el Senado para presionar al gobierno de Miguel de la Madrid, un grupo progresista organizó una nutrida manifestación en las calles en defensa de los intereses nacionales.

Al frente iban, por ejemplo, Héctor Aguilar Camín, Rolando Cordera, José Carreño Carlón. Y si bien se notaba la mano nada oculta de sectores progresistas que aún sobrevivían en el PRI y en el gobierno, de todos modos la movilización contuvo las agresiones del stablishment estadunidense.

Las presiones del presidente Obama, de la secretaria de Estado Hillary Clinton y de la embajada de los Estados Unidos en México han encontrado un inusual apoyo en las élites mexicanas y una nula capacidad de respuesta. El caso del operativo Rápido y Furioso, paradójicamente, ha sido tomado con mayor intensidad por los republicanos en el Congreso de los EU para arrinconar al gobierno de Obama, mientras que las ONG´s, la oposición y los sectores progresistas mexicanos prefieren exigir el pacto del gobierno mexicano con los cárteles de la droga, la legalización de las drogas y el retorno de los militares a sus cuarteles para entregarles las plazas a las mafias del crimen organizado.

La operación Rápido y Furioso formó parte de la estrategia estadunidense contra el narcotráfico binacional y tocó uno de los temas más sensibles del problema: el contrabando de armas de los EU hacia los cárteles mexicanos de la droga. Pero fue un operativo fallido y miles de armas llegaron a manos de narcotraficantes. Lo grave del asunto radicó en el hecho de que estas ligeras investigaciones de las autoridades estadunidenses encontraron con una enorme corrupción en el lado americano de la frontera, por donde pasan terroristas, indocumentados y drogas. Funcionarios de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, del Departamento de Justicia (ATF por sus siglas en inglés se ha negado a comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

El caso de Rápido y Furioso involucra a altos funcionarios del Departamento de Justicia de los EU, aunque el procurador Eric Holder y el propio presidente Obama han señalado no haber sabido de la operación. En el fondo, el caso Rápido y Furioso oculta no sólo el problema de los contrabandistas estadunidenses de armas, sino el hecho de que los EU toman decisiones que involucran a México pero sin avisar a las autoridades.

Ello ha llevado a aumentar el grado de preocupación en ciertos niveles de las áreas de inteligencia y seguridad nacional mexicanos sobre la sospecha de que el gobierno de los EU, con o sin autorización del presidente Obama, tenga ya en México a un grupo de fuerza de tarea que realiza operativos por su cuenta. Algunos hilos de la indagación sobre el asesinato del agente de Aduanas de los EU en una carretera de San Luis Potosí han pasado a espacios clandestinos por las funciones no aclaradas a satisfacción de esos agentes.

El gobierno de los EU se ha dedicado, como lo han mostrado los cables filtrados por Wikileaks, a debilitar a las organizaciones mexicanas de lucha contra el narco para crear un ambiente favorable a una mayor intervención estadunidense. Las presiones han arreciado en el corto plazo para insistir en caracterizar acciones violentas del crimen organizado contra la población civil como terrorismo, a fin de que Washington tenga los argumentos para intervenir más directamente con personal militar.

En ese escenario se ubican las versiones de algunos funcionarios del gobierno de Obama en el sentido de señalar que otras acciones del crimen organizado en México caerían en las definiciones de narcoinsurgencia, a fin de tener los argumentos en Washington para aplicar el Manual de Contrainsurgencia del ejército de los EU que les permite a los militares estadunidenses dirigir directamente las operaciones en territorio extranjero. De hecho, la caracterización de organizaciones musulmanas radicales y violentas al tachar de terroristas e insurgentes y en base a esas razones se justifica la ocupación del ejército de los EU de zonas de Afganistán e Irak.

Frente a este acoso de los EU, las organizaciones políticas y de derechos humanos mexicanas se han convertido en aliados funcionales de los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos en México. El gobierno de Obama es más intenso en criticar a México por su estrategia de seguridad --como se reveló, vía Wikileaks, en los mensajes interpretativos del embajador Carlos Pascual a Washington, a partir de su especialidad académica en Estados fallidos-- que en atender el problema interno del narco en los EU.

En la Conferencia Internacional contra las Drogas, en Cancún, la directora de la DEA, Michele Leonhart, afirmó que los cárteles mexicanos dominan el negocio de la droga en los EU, hecho que, por cierto, las oficinas antidrogas del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca habían descubierto desde 2006. El pasado martes 8 de marzo, Indicador Político publicó el mapa del Departamento de Justicia donde se señalan con puntitos las ciudades donde el mercado de droga está operado por bandas mexicanas. La imagen ofrece la vista de una especie de sarampión afectando todo el territorio estadunidense. Pero a pesar de esas evidencias, a la fecha nada ha hecho Washington para combatir la penetración de los cárteles mexicanos. Y ahí ni modo de que acusen a la corrupción de México.

Las organizaciones mexicanas son rápidas y furiosas para criticar al gobierno de México pero lentas y melosas con los juegos de poder de la Casa Blanca, además de formar ya parte de los intereses estadunidenses en México.

 

www.grupotransicion.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

 

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