--------

Domingo 10 de abril 2011


 

+ Seguridad: juego de la ONU

+ EU: violación grave de DH

 

 

El tema de la seguridad se ha convertido en un juego de poder. Los Estados Unidos presionan a México para permitir intervención militar, pero ellos mismos son uno de los principales violadores derechos humanos. El último reporte del Departamento de Estado ve la paja en el ojo ajeno pero se niega a mirar la viga en el propio.

Lo de menos es analizar el reporte anual del Departamento de Estado. Lo realmente grave es que Washington quisiera trasladar a México el mismo mecanismo de razonamiento del terrorismo pero aplicado a los cárteles de la droga. Con ello, la Casa Blanca podría aplicar puntualmente el Manuel de Contrainsurgencia de sus Fuerzas Armadas que implica el hecho de que la lucha contra los insurgentes la deben encabezar militares estadunidenses desplazados a países como México.

La estrategia de seguridad ha llegado un punto de definición: la Organización de las Naciones Unidas planteó el regreso de los militares a sus cuarteles, justo cuando los cárteles mexicanos de la droga están siendo diezmados por la acción de las fuerzas armadas. La separación del ejército de combate contra las mafias significaría un alivio para las bandas criminales y un espacio para la recuperación de posiciones.

El país hay entrado en una zona de esquizofrenia social: el asesinato de su hijo llevó al poeta Javier Sicilia a pedir el pacto del gobierno mexicano con los capos de la droga. Y estimuladas por los propios cárteles de la droga, organizaciones de derechos humanos exigen el retiro de los militares de las labores de combate contra el crimen organizado.

¿Qué representaría atender esas dos peticiones? Primero, permitir la inserción de Joaquín El Chapo Guzmán, El Lazca fundador de Los Zetas e Ismael El Mayo Zambada como sujetos sociales y, por qué no, sujetos políticos y morales. Serían delincuentes de pipa y guante, derivados en finísimas personas, con todo y sus muertos a cuestas. ¿Y qué se pactaría? La cesión de espacios territoriales para sus actividades delictivas, la entrega de parte de la sociedad de esas plazas como la servidumbre social de las bandas y la legalización del consumo de las drogas duras.

Y si el ejército se retira no de las calles sino de la lucha contra el crimen organizado, ¿quién se encargaría de mantener la paz pública y la seguridad en las calles? ¿Los narcos? ¿El Lazca como secretario de Seguridad Pública? ¿El Chapo como ministro del Interior? ¿La misma policía incapaz ahora de defender a la sociedad? ¿Las organizaciones de derechos humanos controladas por los cárteles de la droga?

Las cifras oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional ofrecen datos duros del tamaño del problema: capturados 21 de los 37 capos más buscados, 30 mil 600 delincuentes detenidos, casi 80 mil armas decomisadas, casi 3 mil toneladas de marihuana destruidas, casi 20 toneladas de cocaína capturadas, 13.5 millones de pastillas sicotrópicas recogidas, 3 mil 100 pistas clandestinas de aterrizaje destruidas, 457 laboratorios clandestinos cerrados.

Ahí se localiza el tamaño del problema. Sin la acción del ejército, la criminalidad mexicana hubiera mantenido un enorme potencial de destrucción: los capos son los que controlan el mercado y dan las órdenes de asesinar, habría 30 mil delincuentes en las calles y 80 mil armas en poder del crimen organizado seguirían causando destrucción.

En cambio, las quejas recibidas señalan 56 recomendaciones en cuatro años, 55 de ellas por daños en operativos en curso y sólo un caso de presunta desaparición forzada. ¿Quién pondrá la balanza para medir? Y si se agrega el dato más embarazoso, el del consumo de droga en México, el problema se agranda: el diez años, el consumo doméstico de drogas se ha duplicado, y a pesar de la lucha contra el crimen organizado.

Si el ejército se retira a sus cuarteles, la sociedad quedará a merced del crimen organizado. No hay otro camino. Así de simple. Y así de delicado. Al final, los daños más graves a la sociedad han sido hechos por los delincuentes.

 

EU: violación a derechos humanos

 

 

La defensa de los derechos humanos se ha convertido en una coartada política. Y las poderosas organizaciones de defensa de derechos humanos --como Amnistía Internacional y Human Rights Watch-- han derivado en instrumentos de la política exterior agresiva de los Estados Unidos.

Las presiones sobre México para derogar el fuero de guerra en presuntos delitos cometidos por militares tiene la nada secreta intención de desarticular la doctrina de disciplina y honor militar. Organizaciones presuntamente humanitarias piden que militares sean juzgados en tribunales civiles por uso desmedido de la fuerza. Sin embargo, esas organizaciones civiles han guardado silencio cómplice ante la última decisión del presidente Obama: que civiles sean juzgados por tribunales militares.

México se ha visto obligado por la incapacidad y complicidad de las fuerzas de seguridad civiles a utilizar a militares en la lucha contra los cárteles de la droga que se han posicionado de algunas zonas francas para cometer delitos. Se trataría, en la lógica de la “guerra justa” definida por Obama al recibir el premio nobel de la paz; sin embargo, el propio Departamento de Estado alienta ofensivas civiles contra México por la violencia derivada de una guerra convencional en las calles entre militares y delincuentes.

Los EU, en cambio, siguen utilizando torturas contra civiles para obtener información sobre presuntas acciones terroristas. Los torturadores de la CIA siguen impunes y cubiertos por la justicia norteamericana. Los bombardeos estadunidenses sobre zonas civiles en Irak, Afganistán y ahora Libia han causado miles de muertes ciudadanas y no hay en ningún tribunal demanda alguna contra el ejército de los EU o contra sus mercenarios alquilados de agencias privadas de seguridad que van a combatir no por un ideal sino por contratos de defensa.

La temible y desprestigiada prisión Guantánamo fue reabierta por Obama para desahogar juicios militares contra civiles. Justo en la coyuntura de la reapertura de la cárcel contra presuntos terroristas, un niño menor de 18 años narró la forma en que fue torturado por estadunidenses cuando contaba con 16 años de edad. El testimonio del adolescente es desgarrador; y aún si fuera terrorista, de todos modos los EU deberían poner un límite a la violación de los derechos de ciudadanos.

La diferencia es clara. México tiene que pagar su cuota de daños colaterales en una lucha contra criminales y sin que haya pruebas contundentes sobre presunta guerra sucia, en tanto que los EU de Obama tienen órdenes directas para arrestar ciudadanos sólo por sospechas, impiden la intervención de abogados civiles, utilizan impunemente la tortura para arrancar confesiones como si fueran policías de la temible Federal de Seguridad mexicana, violan sistemáticamente los derechos humanos y usan las mismas tácticas que los terroristas musulmanes y Obama y los EU siguen presentándose como adalides dela defensa de los derechos humanos.

Por muchas razones, Obama, el gobierno de los EU, la CIA, el ejército estadunidense y las autoridades judiciales debieran ser sentados ante tribunales internacionales por delitos de lesa humanidad. Sólo que la Casa Blanca tiene el poder para decidir quién sí y quién no debe ser enjuiciado por torturador.

www.grupotransición.com

carlosramirezh@hotmail.com

 

- - 0 - -

Imprimir


  Regresar