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Jueves 28 de Abril de 2011

+ Una reforma política crinolina

+ No instauración de democracia

 

Si los países que transitaron de un gobierno autoritario a la democracia basaron su modelo en el concepto de “reforma política”, en México se usa esa fórmula verbal como coartada. La transición se alcanzó en el 2000. Y más que una reforma política, el agotamiento del sistema político priísta exige la instauración de la democracia.

De las reformas del último medio siglo, sólo tres tuvieron incidencia en aspectos centrales de modernización del sistema: los diputados de partido en 1964, la legalización del Partido Comunista Mexicano en 1978 y la ciudadanización del IFE en 1996. Con ellas se modificó la estructura de representación política, el sistema de partidos y el sufragio efectivo.

La reforma política que impulsó el PRI en el Senado y que podría naufragar en la bancada del PRI en la Cámara de Diputados se quedó en pequeñas reformas que en conjunto no alcanzan a modificar la estructura vigente pero inservible del sistema político priísta. El problema debe enfocarse no en función de las posibilidades de las mismas decisiones sino en relación con las necesidades de reorganización del sistema político.

Luego de la alternancia partidista en la presidencia de la república en el 2000, el país necesitaba la reorganización de cuando menos cinco temas centrales: forma de gobierno, modelo de representación, Estado constitucional de derecho, reforma electoral y sistema de partidos. Pero las iniciativas de reforma política del presidente Calderón, el PAN, el PRI, el PVEM y PRD-PT-Convergencia tocaron algunas partes de los cinco temas y ninguna le entró a fondo a la integralidad de la reestructuración.

El problema de la reforma política que aprobó el Senado radica en el hecho de que atiende a algunas partes del sistema pero sus resultados prácticos serán ineficaces por la persistencia de viejos vicios. Las limitaciones fueron de origen: las reformas se pactaron en función de los intereses de grupos y partidos y no en función de la necesidad de agotamiento de la totalidad del viejo régimen priísta.

El punto central de la reforma política necesaria en México radica justamente en su pivote central: las concesiones o la alternancia. El modelo de construcción democrática sigue siendo España. La muerte de Franco llevó a decisiones en tres puntos neurálgicos: la reforma electoral para regresarle la soberanía al pueblo vía el voto con un sistema de elecciones sin interferencias partidistas, los Pactos de la Moncloa para rediseñar el modelo de desarrollo y la nueva Constitución para plasmar el pacto social y político.

Puede haber más o menos diputados plurinominales se requiere el replanteamiento del sistema de representación política, el asunto de la agilidad legislativa es de procedimiento y no de contenido, la ratificación en el Senado de nombramientos sólo va a enredar más las relaciones entre poderes y no garantizará la funcionalidad de los organismos, la presentación de iniciativa ciudadanas congestionará las actividades del legislativo y las candidaturas ciudadanas serán enredadas de administrar y no modificarán la dictadura de los partidos sino responderán a las ambiciones de quienes quieren competir por la libre.

Estas decisiones no cambian el funcionamiento del sistema político ni del régimen de gobierno ni garantizan los procesos electorales ahora operados por un IFE dominado por mezquindades y la partidocracia. La verdadera reforma política para la instauración de la democracia --esa democracia que no existió en el reinado priísta, que tampoco se alcanzó en el docenato panista y que era el paso necesario después de la alternancia del 2000-- sería la que se preocupara por reglas, procedimientos y garantías de equidad en la participación ciudadana en los procesos políticos.

En uno de los estudios más sólidos sobre la nueva democracia, La poliarquía, el politólogo Robert Dahl enumera ocho requisitos para considerar democrático a un sistema y régimen: libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de voto, elegibilidad parta el servicio público, derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo, diversidad en las fuentes de información, elecciones libres a imparciales e instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos. Las dos coordenadas de la democracia son la representación-participación y la competición-oposición. Una democracia instaurada requiere la existencia de todos los requisitos. Y en México siguen operando las restricciones del viejo régimen priísta.

El teórico de las transiciones Leonardo Morlino establece en Democracia y democratizaciones las fases de la democratización: transición de un régimen autoritario a uno democrático, instauración de la democracia y consolidación de la democracia. Morlino sugiere considerar “una buena democracia o bien una democracia de calidad como aquel ordenamiento institucional estable que mediante instituciones y mecanismos que funcionan correctamente realiza la libertad y la igualdad del ciudadano”.

Morlino establece los puntos centrales de una democracia de a deveras: respeto a la ley, rendición de cuentas, capacidad de respuesta ante las exigencias ciudadanas, respeto pleno a los derechos y la ampliación a más derechos y la igualdad económica, política y social. Los avances mexicanos en algunos de estos puntos han sido magros e insuficientes.

Por tanto, los resultados de las “reformas políticas” no sólo no han contribuido a instaurar una verdadera democracia sino que en su apariencia incluyen en realidad mecanismos de regresión política e institucional. El columnista Manuel Buendía aplicó el concepto de reformas crinolina a las que parecían una estructura metálica para ampliar la falda de las mujeres y no tocarles las piernas. La reforma política del Senado es una reforma crinolina. Pero cada reforma limitada o frustrada implica un aumento de la  tensión política y propicia la restauración del viejo régimen priísta.

 

www.grupotransicion.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

 

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