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Domingo 27 de Febrero 2011


 

+ Izquierda: el tiempo perdido

+ Agendas políticas sin destino

 

 

La decisión de Andrés Manuel López Obrador de solicitar licencia a su militancia en el PRD por la decisión perredistas de aliarse con el PAN en la candidatura a gobernador para el Estado de México representa una severa crisis de la izquierda mexicana. Pero en realidad por otras razones: los pleitos y las alianzas revelan, parafraseando a José Revueltas, la inexistencia histórica de una izquierda mexicana.

El problema no es semántico sino de definiciones ideológicas. López Obrador nada tiene que ver con la izquierda, su definición carece realmente de ideas y se conforma con un posicionamiento a favor de los sectores desprotegidos a los que acurruca con presupuestos asistencialistas que consolidan la estructura de apropiación privada de la riqueza social y el acarreo de las masas.

Marcelo Ebrard tampoco es de izquierda y su discurso político es acomodaticio, mucho más coincidente con las propuestas programáticas del PRI salinista al cual sirvió y al cual ayudó a construir. La posición política de Ebrard es estrictamente elitista, de control de masas vía beneficios, sin ninguna educación ideológica y aspira al control corporativo y neocorporativo también al estilo priísta.

Cuauhtémoc Cárdenas carece de una definición de izquierda, aunque lo ayuda la reconfiguración del discurso de la política social cardenista, aplicada por su padre en los años treinta aunque basado en la organización social corporativa y el control vía el partido. Lázaro Cárdenas fue el fundador del PRI con la creación de los cuatro sectores como pilares de la representación social y del control político sectorial. Eso sí, Cárdenas delineó una política de beneficio social, con tintes populares.

La izquierda, en realidad, es otra cosa. La izquierda se identifica con el marxismo. Y no, por cierto con la Unión Soviética o con Cuba, sino con el marxismo que estudió la apropiación privada de la riqueza social, pero sobre todo su propuesta de nuevo sistema social a partir de un modo de producción sin participación privada. La izquierda en México ha estado asociada al Partido Comunista Mexicano, disuelto pero cuyo registro legal dio nacimiento al PRD.

Al país le hace falta una izquierda socialista, moderna y sobre todo democrática. Pero ni López Obrador ni Ebrard ni Cárdenas ni el PRD representan la izquierda. En 1962 el escritor y ensayista José Revueltas, dos veces expulsado del PCM, demostró en un ensayo deslumbrante y analítico la inexistencia histórica del PCM por la inexistencia también histórica en México de un partido de la clase obrera.

El pelito en el PRD, por tanto, tiene que ver con la disputa en las élites por una franquicia. No asustan las alianza izquierda-derecha, pero ni el PRD es de izquierda ni el PAN es de derecha. El PRD representa lo que desde 1912 analizó con frialdad y escepticismo el estudioso alemán de los partidos políticos Robert Michels al concluir que los dirigentes de los partidos derivan siempre en una oligarquía que representa los intereses de la burocracia, no de militantes ni sectores.

De ahí que el PRD, Ebrard, López Obrador y Cárdenas sean representantes de un neopopulismo bonapartista, construido sobre un lumpenproletariado desclasado y sin destino histórico, sin brújula ideológica, aunque todos se digan de izquierda.

 

AGENDAS POLÍTICAS AL GARETE

 

Los temas de seguridad y enfrentamientos entre grupos y líder traen agobiado al país. Y no es para menos. La falta de entendimiento en las élites impide la definición de los problemas de fondo y por tanto de la posibilidad de las soluciones. Lo malo es que ya van diez años de alternancia y México parece estancado todavía en el 2000.

Todos los años cada grupo parlamentario da a conocer lo que pomposamente llama “agenda legislativa”. Pero más que una verdadera agenda, se trata del listado de buenas intenciones. Si se lograra que todas las agendas confluyeran en un debate programado para las grandes reformas, desde cuando que el país hubiera salido de los problemas.

Pero no. Al final no se consideran agendas sino sólo los puntos que cada partido no va a negociar. Y ahí está la clave de la crisis: los actores políticos se niegan a negociar y sólo buscan maniobrar para imponer sus propios intereses.

La crisis nacional es producto del agotamiento del proyecto de desarrollo del PRI. Y no nada más por la derrota presidencial en el 2000, sino porque las dos grandes crisis --la de 1976 y la de 1982-- terminaron por desmoronar los acuerdos constitucionales para el desarrollo. La alternancia partidista en el 2000 fue producto justamente de la falta de acuerdos sobre la crisis y no nada más de la crisis.

El país tiene tres puntos decisivos en la agenda nacional, la que interesa a la sociedad: la reforma del régimen político, la reforma del modelo de desarrollo y la reforma constitucional para el nuevo futuro. Las cosas ya no están la reformitas de corto plazo, mezquinas, sin profundidad. Pero nadie quiere ceder. Ahí está la iniciativa de reforma fiscal de la bancada del PRI en el Senado y ocurre que esa propuesta fue repudiada por la bancada del PRI en la Cámara de Diputados.

Del otro lado hay iniciativas del gobierno federal panista, pero también padecen la falta de capacidad de negociación, además de que se trata de iniciativas de reformas chiquitas. Y ello extraña porque el PAN tuvo históricamente claro que el modelo de nación del PRI albergaba en su seno las semillas del autoritarismo, el populismo y la corrupción. Pero ya en el poder, el PAN ha decidido por los ajustes cosméticos.

Lo grave de todo es que la prioridad nacional debe ser la reforma del proyecto nacional de desarrollo, pero cada partido trae su rollo aparte y sin ninguna posibilidad de cruzar agendas parciales para llegar a la gran agenda nacional. Al parecer, las élites políticas han decidido olvidarse de la crisis nacional y prepararse para la lucha por el poder en el 2012, aunque puedan tener entonces un país sin horizonte histórico.

 

EL PAPEL DEL EJÉRCITO

 

No debe resultar extraño que el avance militar sobre los diezmados cárteles de la droga encuentre un rechazo de grupos interesados. Pero lo que debe quedar claro es que las fuerzas militares son la primera línea de combate contra los enemigos de la soberanía y la última línea de combate.

No es posible imaginar al país --o a un país-- un día sin ejército. Las labores no son sólo de defensa sino de apoyo a la población civil. El programa DN-III para auxilio a poblaciones afectadas por fenómenos naturales es un ejemplo para el mundo.

Las fuerzas armadas --no hay que olvidarlo-- fueron convocadas a labores no de seguridad pública --no son policías-- sino de seguridad interior, considerando a ésta como parte sustancial de la seguridad nacional. Los cárteles de la droga se apoderaron a lo largo de más de veinticinco años de espacios territoriales y los convirtieron en zonas francas donde los gobiernos civiles son inexistentes.

Tamaulipas, Ciudad Juárez, la zona metropolitana de Monterrey, Michoacán, ciudades enteras de Sinaloa, Guadalajara, y amenazas latentes sobre Veracruz, Puebla, Morelos y Estado de México son hasta ahora zonas dominadas por presencia criminal. La dimensión de la violencia debe analizarse no en función de los saldos sangrientos sino del hecho de que el Estado ha comenzado a recuperar soberanía territorial.

Los que piden atacar el narcotráfico con empleo y educación --variables secundarias-- no quieren ver la realidad: 120 mil delincuentes detenidos, 30 mil delincuentes muertos, miles de armas decomisadas, y una red de poder determinada por la complicidad de policías, políticos y funcionarios.

No debe resultar extraño, por ejemplo, que haya una campaña contra el ejército por daños a civiles en operaciones de choque contra bandas criminales. Y sí debe resultar extraño el silencio político por casos de complicidad probada como la del diputado perredista Julio César Godoy, quien fue desaforado por pruebas contundentes de relaciones peligrosas con el cártel de La Familia Michoacana.

Lo que le ha faltado al gobierno federal es extender los programas de salud, educación y empleo a las zonas contaminadas. Ante el vacío de comunicación gubernamental, las informaciones de la violencia ocupan los rincones de las preocupaciones sociales.

La intervención del ejército en la seguridad interior no fue un capricho sino un asunto de soberanía del Estado. A menos, claro, que se quiera entregar el país a los cárteles del crimen organizado.

 

www.grupotransición.com

carlosramirezh@hotmail.com

 

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