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Domingo 16 de octubre de 2011

+ Elecciones 2012: incertidumbres

+ Hasta hoy sólo lucha por el poder

 

El viernes 7 de octubre arrancó formalmente el proceso electoral 2011-2012 que, a nivel federal, debe de elegir el próximo presidente de la república y al próximo congreso general federal. El inicio se realizó en medio de los peores augurios: un día antes, la Cámara de Diputados no pudo lograr la mayoría absoluta para elegir a los tres consejeros que hacían falta. En la maratónica sesión legislativa se dejó ver el principal problema con el órgano electoral: la disputa por la mayoría de consejeros a favor de alguno de los tres partidos más importantes.

Con ello, el PAN, el PRI y el PRD dejaron muy en claro su percepción de las elecciones presidenciales: la elección del primero de julio próximo será la madre de todas las batallas y el territorio principal de disputas será el consejo general. Asimismo, los desacuerdos para designar a tres consejeros mostraron que el IFE ya no es más el organismo electoral social, de representación de la sociedad, y quedó reducido a un organismo partidizado. De ahí que el 2012 vaya a carecer de una institución electoral que vigile el respeto al voto y tendrá, en contrario, a consejeros electorales afines de los intereses de los tres principales partidos.

Asimismo, la votación frustrante en la Cámara también dejó ver uno de los vicios del viejo régimen priísta que quisieran regresar al momento político actual: los priístas de hoy quisieron dar el madruguete con consejeros afines o cuando menos promovidos ostentosamente por el partido tricolor, con lo que quedó la impresión de que el PRI estaría restaurando el modelo de la Comisión Federal Electoral dominada entonces por el gobierno federal; hoy el PRI quiere tener el manejo directo del IFE, y más en la coyuntura de las tendencias electorales previas que le dan al PRI una ventaja en las elecciones.

El problema es bastante serio. El PRI parece enfilado no sólo el recuperar la presidencia de la república sino en restaurar el viejo modelo de régimen político y de sistema político de partido hegemónico, cuando el sistema de partidos es mucho más competitivo. De ahí justamente que la posibilidad de que el PRI gane las elecciones presidenciales haya comenzado a revalidar el valor del concepto de restauración, es decir, la instauración de la estructura de poder piramidal, de presidencialismo hegemónico y de avasallamiento de la sociedad. Si bien socialmente no parecen darse las condiciones y la estructura del poder modificada prácticamente desde 1997 ha reconocido el papel activo de la sociedad y de los partidos, de todos modos se perciben ya los viejos comportamientos de los priístas.

La lucha del 2012 se dará en dos espacios políticos: de un lado, por la presidencia de la repúblicas que el PRI perdió en el 2000 luego de setenta y un años de hegemonía electoral y durante dos sexenios en manos del PAN; pero también, y sin duda de manera más importante, por la mayoría en la Cámara de Diputados. Las reglas de reparto de diputaciones evitan que algún partido pueda tener el 51% de los diputados, la mayoría absoluta, porque entonces se regresaría a los tiempos del absolutismo legislativo cuando el PRI controlaba más del 90% de los diputados y con ello definía una dictadura legislativa.

Por la tendencia de los votos en las encuestas --55%--, el PRI cree que también podría recuperar las votaciones de diputados donde ha tenido vaivenes significativos: actualmente cuenta con 239 diputados, el 47.8% del total de 500. Los candados constitucionales impiden el regreso al 51%, pero existen indicios de que el PRI quiere hacer las reformas para retornar a los tiempos de mayorías absolutas. El candado que impide ese 51% obliga a los partidos a negociar con otros para obtener mayorías, aunque se dan casos, como el de los votos por los consejeros del IFE, en que la Constitución exige el voto mínimo de las 2/3 partes de los diputados asistentes; de tener asistencia total, esa mayoría calificada debiera ser de 334 diputados. Las mayorías calificadas obligan a esfuerzos enormes de negociación para la obtención de lo que en lenguaje parlamentario se conoce como “el mayor consenso posible”.

La lucha por la Cámara beneficiará al partido que tenga mayor trabajo de campo en los 300 distritos electorales; ahí el PRI tiene una aceitada estructura electoral distrital, aunque también se ha notado en las últimas elecciones legislativas federales que en los distritos ya no se vota por consigna sino por compromisos. Por tanto, la elección del 2012 no se agota en la figura del presidente de la república sino que se dará también en las legislativas. La queja de los partidos gobernantes --el PAN y ahora también el PRI-- radica en el hecho de que no se pueden tener mayorías estables en el Congreso en un escenario tripartito y que se requiere de la construcción de una mayoría legislativa sólida para reformas. En este escenario se localiza la iniciativa política del senador priísta y precandidato presidencial Manlio Fabio Beltrones de los gobiernos de coalición hasta ahora no reconocidos legalmente; sin embargo, en la práctica sí se han construido esas mayorías en algunas de las reformas constitucionales.

Pese a no contar con una mayoría legislativa, el gobierno de Fox reformó 31 artículos constitucionales y el de Calderón --tan acotado por el legislativo-- reformó 82 artículos constitucionales. Sin embargo, una mayoría legislativa en manos de un partido le daría comodidad de gobierno al presidente de la república de ese mismo partido.

Por lo anterior, la elección federal del 2012 tiene escenarios subterráneos bastante complicados. En todo caso, lo previsible hasta ahora será el modelo de gobiernos divididos: un presidente de la república de un partido pero sin mayoría absoluta en el Congreso para su partido. A partir de la elección de Carlos Salinas en 1988, ningún candidato presidencial ha logrado votaciones superiores a 50%. Las tendencias de algunas encuestan le otorgan al priísta Enrique Peña Nieto la posibilidad de lograr hasta el 55% de la votación --en encuestas realizadas sin candidatos determinados aún en la oposición-- y por ello son los priístas los más interesados en quitar los candados que le impiden a algún partido obtener 51% de las curules.

La necesidad de mayorías negociadas ha sido una salvaguarda de la dictadura política del pasado, pero también ha propiciado la existencia de partidos chicos proveedores de votos y curules sin participar directamente en las elecciones sino asistir en coaliciones con los grandes. Pero aun así, como se vio en la votación de los consejeros del IFE, las alianzas no lograr las mayorías calificadas de dos tercios de los diputados presentes. En todo caso, el pragmatismo político permitió ver, en esa votación sobre el IFE, al PRI aliado a los partidos lopezobradoristas PT y Convergencia-Movimiento Nacional y, del otro lado, al PAN coaligado con el PRD para votar contra el albazo priísta.

Lo anterior refiere el hecho más importante de la vida política nacional: las estructuras políticas y de poder existentes en México no alcanzan a darle validez y movilidad a la correlación de fuerzas políticas; pero sobre todo, que México debería de ensayar una reforma del sistema político y del régimen político en función del más complicado de los escenarios partidistas: el tripatidismo. Si se mira con frialdad este sistema de tres partidos, no debería insistirse en el problema de gobernación del país sino como una garantía de los problemas de reparto del poder que exhiben los bipartidismo.

La iniciativa de gobiernos de coalición de Beltrones --secundada sin reflexión por Marcelo Ebrard y de algún modo0 esbozada por el panista Santiago Creel-- llega a destiempo y sin posibilidad de reforma constitucional que requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes. Además, cualquier reforma cuando ya se inició legalmente el proceso estaría contaminada por el interés de algunos de los precandidatos y no tendría la funcionalidad necesaria. Por ello es que los políticos deben cargar desde ahora con los problemas generados por su falta de previsión política en cuanto a la reforma del sistema y a la reforma del régimen.

En este contexto, las elecciones federales del 2012 estarán marcadas por el exceso de incertidumbres y la falta de certezas. El actual sistema político y el actual modelo electoral no están preparados para una elección competitiva y con candidatos dispuestos a no cumplir con las reglas tradicionales de las contiendas políticas. Y si a ello se agrega un IFE sin credibilidad, cuestionado no sólo por partidos sino por medios y ciudadanos, entonces la conclusión no podría ser más pesimista: en efecto, las elecciones federales del 2012 serán la madre de todas la bat6allas y no se percibe que los protagonistas políticos tengan la madurez para darle legalidad y legitimidad a los resultados.

 

 

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carlosramirezh@hotmail.com

 

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