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Martes 3 de enero de 2012

+ 2.- Inseguridad: causa-efecto

+ Criminalización sistémica

 

La ofensiva de seguridad del gobierno federal en el periodo 2007-2011 tuvo el acierto de posicionar el problema social, político y de violencia más importante del país: la existencia de un crimen organizado sólo pudo ser posible con la complicidad social, política, institucional y hasta de Estado.

Por tanto, la violencia irracional y el número de muertos ha sido el efecto de un problema de estructura de poder como causa. Sólo el ejército ha decomisado 106 mil armas y 41 mil vehículos, lo que representaría apenas un indicio del tamaño de la delincuencia organizada existente.

Pero la magnitud del crimen organizado es mucho mayor. El ejército ha detenido a 41 mil delincuentes y el saldo hasta ahora registra la cifra de 60 mil muertos, lo que da una cifra tentativa de más de 100 mil malhechores sacados de circulación formal. Si a ello se agregan los casi 10 mil toneladas de marihuana decomisada, entonces se puede tener una idea clara del tamaño de la crisis de seguridad.

La existencia de un poderoso crimen organizado sólo puede entenderse en una dinámica sistémica: las bandas criminales crecieron al amparo de sus relaciones con el poder político y de Estado. A raíz del secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en 1985 por el cártel sinaloense de Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Miguel Angel Félix Gallardo, el gobierno de los Estados Unidos denunció que las policías políticas del Estado --Federal de Seguridad, Investigaciones Políticas y Sociales, Judicial Federal y policía del DF-- se dedicaban a proteger a los narcos y a sus cargamentos. El gobierno de Miguel de la Madrid se vio obligado a cesar a jefes policiacos.

La policía política se encargaba de seguridad nacional del Estado frente a la disidencia política --pacífica y armada-- y por ello consolidó en enorme poder de acción; en 1982, con el cambio en la élite dirigente del gobierno al terminar el ciclo de los burócratas y comenzar el de los tecnócratas, las estructuras policiacas quedaron al garete y con una enorme autonomía de poder político. Ahí fue cuando las policías políticas --en Gobernación, la PGR y el Departamento del DF-- dejaron de perseguir a una disidencia que había sido encarrilada en la legalidad con la reforma política de 1978 y entonces se dedicaron a proteger al crimen organizado.

El otro dato olvidado en la conformación  de la estructura de poder del crimen organizado se localizó en el periodo 1981-1985, cuando la crisis en las finanzas públicas condujo al gobierno de Miguel de la Madrid a abrir una semiclandestina ventanilla negra para captar y lavar oficialmente los dólares del narcotráfico como una forma de obtener las divisas que contuvieran la sangría de dólares que llevaba a constantes devaluaciones del peso.

La crisis de la protección oficial a las bandas del narco fue provocada no por una decisión de Estado para combatir la criminalidad en su seno, sino por el asesinato de Camarena.  No fue gratuito el hecho de que José Antonio Zorrilla Pérez, el director de la Federal de Seguridad en el gobierno de De la Madrid y subordinado de Manuel Bartlett Díaz como secretario de Gobernación, estuvo en el centro de las acusaciones de los EU de proteger al narco y fue desplazado de la DFS y convertido en candidato del PRI a diputado local por Hidalgo; y tampoco fue casual que en la lista oficial de precandidatos del PRI a la presidencia en 1987 hubieran estado los titulares de Gobernación, PGR y gobierno del DF, áreas donde las policías protegían a los capos de la droga.

La alternancia partidista en la presidencia de la república en el 2000 marcó otra fase en la revelación de evidencias de una vinculación orgánica entre los cárteles y la estructura priísta de poder político. La falta de experiencia del PAN en acuerdos secretos con bandas criminales y la ausencia de garantías priístas para seguir protegiendo a los cárteles les otorgó a las bandas una mayor autonomía relativa. En ese momento los cárteles buscaron la protección de otras bandas internacionales y aprovecharon sus espacios con el priísmo para consolidar su poder, sobre todo por la decisión del gobierno de Vicente Fox de mirar hacia otro lado.

La ofensiva de seguridad del gobierno de Calderón logró revelar la existencia de una estructura criminal que se había apoderado de espacios de soberanía territorial del Estado. Y si antes el acuerdo con el sistema priísta permitía cuando menos controlar parte de las actividades criminales, sin el PRI en la presidencia de la república se dio esa autonomía relativa del narco. Los mapas de presencia de los cárteles en la república señalan precisamente el alto grado de peligrosidad de la acción del crimen organizado en amplias zonas territoriales.

La ofensiva del gobierno federal contra el crimen organizado es apenas una parte de la solución del problema; la otra sigue esperando un mayor involucramiento de la sociedad y una mayor decisión de las instancias legislativas para terminar de córtale las salidas a los cárteles. Ahí es donde se localiza el tema de la inseguridad en el 2012, sobre todo por el hecho de que los cárteles mexicanos forman parte de una red internacional de intereses que vincula al crimen organizado de Sudamérica con otros de los Estados Unidos.

El país enfrentará en el 2012 el momento decisivo para terminar de diseñar una estructura contra el crimen organizado o para buscar un pacto con las bandas criminales; ya no habrá términos medios. El problema de fondo no es la estrategia sino la capacidad de decisión de la sociedad para cohabitar con los cárteles de la droga y soportar el poder dañino de las drogas o cohesionar la estrategia con mejores leyes y con un apoyo social al combate frontal contra las bandas criminales. Al final de cuentas, la violencia es efecto y no causa.

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)

carlosramirezh@hotmail.com

 

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