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Miércoles 2 de mayo de 2012

+ Estado atado es Estado fallido

+ Sociedad: que ganen los malos

 

Justo en ese vacío de poder que se da previo a elecciones presidenciales, la clase política gobernante ha asumido algunas decisiones que afectan la hegemonía del Estado, pero lo más grave es que esas decisiones han beneficiado al crimen organizado.

A partir del concepto religioso de la victimización --sean pueblo o delincuentes--, los protocolos para la actuación de las fuerzas de seguridad afectan el poder del Estado para luchar contra la criminalidad, sobre todo los cárteles del narcotráfico.

El punto fino del asunto es que en lugar de privilegiar la modernización de los mecanismos de vigilancia de la actuación de las fuerzas de seguridad, las presiones de grupos religiosos anarquistas ha logrado acotar la acción del Estado, al grado de que a algunas de esas fuerzas de seguridad les saldrá más barato no actuar que combatir a los delincuentes.

La clase política legislativa ha aprobado la ley de víctimas y el gobierno federal se ha visto obligado a decretar protocolos para el ejercicio de la acción pública en situaciones de lucha contra la delincuencia, pero sin redefinir el marco central del Estado que sería la nueva ley de seguridad nacional. La ofensiva de organizaciones sociales mediáticas, con el aval del congreso, logró convertir en víctimas de la violencia criminal a 50 mil delincuentes que murieron en un 95% en enfrentamientos entre los propios cárteles en la lucha por los territorios para el control, venta y consumo de droga. Ahora resulta que las familias de los delincuentes son víctimas de acciones criminales en las que no intervinieron ni el Estado ni de sus fuerzas de seguridad.

El saldo final pudiera ser, muy pronto, la desaparición de la legitimidad del Estado en el uso de la fuerza, sin duda su monopolio como definición misma del Estado. Un Estado de derechos humanos no es un Estado sino una organización con limitación para imponer su autoridad. Aún en situaciones de absolutismo represivo, al final la sociedad y las instituciones tienen mecanismos de castigo al abuso de la fuerza; pero evitar desde antes el uso de la fuerza sería regresar al estado de naturaleza sin una autoridad legítima que use la fuerza para defender los espacios de la sociedad.

De ahí que la ley de víctimas, los protocolos del uso de la fuerza y la hegemonía de los derechos humanos estén, ahí sí, conformado el mexicano como un Estado fallido, porque el Estado carecerá del instrumento de la fuerza para imponerse sobre las instancias de dominación particular de grupos delincuenciales. Un Estado sin instrumentos de fuerza es un Estado sin capacidad de defender a la sociedad de los grupos privilegiados que operan como poderes fácticos, lo mismo en la economía que en la política y en la inseguridad.

Por eso es que las recientes decisiones que acotan el funcionamiento del Estado deben ser asumidas como una victoria del crimen organizado y no de la sociedad afectada por la inseguridad. Sin la ley de seguridad nacional y con la ley de víctimas y los protocolos para el uso de la fuerzas el Estado se ata de manos, en tanto que los delincuentes que por definición no acatan las leyes serán los beneficiados porque aún en flagrancia podrán alegar abuso de la fuerza y violación a sus derechos humanos, aunque ellos no respeten a la sociedad porque la someten para obligarla a consumir droga y cometen asesinatos espantosos como desaparecer a sus víctimas disolviéndolas en ácido.

A pesar de todo, las leyes actuales ya contenían instrumentos para vigilar el uso de la fuerza por parte de las autoridades y castigar el abuso en el ejercicio del poder. Por ejemplo, el ejército ha tenido más de tres mil agresiones armadas por parte de delincuentes y en esos enfrentamientos han muerto más de tres mil delincuentes, pero cientos otros han sido detenidos y entregados a las autoridades. A pesar de las miles de quejas por abuso, el ejército ha recibido sólo cien recomendaciones en más de dos mil días de operación con más de 50 mil efectivos. Hoy las fuerzas armadas tienen su propia organización de derechos humanos.

La iniciativa de acotar el fuero militar sería la otra gran victoria del crimen organizado. Hasta ahora, militares han sido remitidos a autoridades civiles por acusaciones de violación de derechos humanos; sin embargo, el fuero militar es la columna vertebral de la política de defensa nacional y de la seguridad nacional porque mantiene la disciplina de los efectivos y oficiales. Al final, será preferible que el ejército regrese a sus cuarteles y deje la lucha contra el crimen organizado en manos de la policía, los políticos y los familiares de las víctimas, que disminuir el fuero militar que debilitaría al ejército en la defensa de la soberanía nacional.

Lo que la sociedad debe preguntarse es qué ha evitado la victoria final del crimen organizado y de los cárteles del narcotráfico: la participación de las fuerzas armadas con su disciplina no acotada por leyes civiles. Es la hora en que no pasa día sin que se revelen informaciones que policías municipales y estatales sean encontrados al servicio del narco, con la complicidad de políticos, funcionarios y sectores de la sociedad.

De ahí que en materia de seguridad, con el gobierno calderonista ya de salida, con una ofensiva de opinión pública que defiende a los criminales y con intervención extranjera para imponerle limitaciones al Estado mexicano en su organización para la defensa de la seguridad nacional, el país se enfile hacia un Estado fallido porque paradójicamente la relación dialéctica Estado-delincuencia es un modelo de suma cero: lo que pierde uno lo gana el otro. Y el acotamiento del uso de la fuerza por parte del Estado es un espacio que beneficia al crimen organizado.

Como van las cosas, pronto el Estado carecerá de fuerza para proteger a la sociedad. Porque los organismos de seguridad preferirán la no-acción que la aplicación de sanciones establecidas en las nuevas regulaciones.

 

www.grupotransicion.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

 

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