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Miércoles 18 de julio de 2012

+ Sedena: con el enemigo dentro

+ Filtraciones por narco, no 2012

 

La filtración de contratos para el área de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional nada tuvo que ver con la designación del próximo titular del área porque es una decisión del próximo presidente de la república, sino que representó una traición que beneficia al crimen organizado.

Po lo pronto, la difusión de ciertas compras del ejército tienen que ver con la seguridad nacional y por tanto debieran mantener su secrecía; los documentos publicados por El Universal el lunes pasado revelaron formas de vigilancia sobre los cárteles del narcotráfico y pusieron en riesgo la vida de los oficiales que se dedican a elaborar el seguimiento de las principales bandas criminales y de los capos.

De ahí que la filtración interesada de documentos sobre compras de suministros para el área de inteligencia militar haya sido una fuga grave de información y su publicación también ha sido considerada una violación de los códigos periodísticos sobre áreas operativas de combate al crimen organizado. El responsable de la decisión de filtrar esos documentos para su publicación violó las reglas de la seguridad nacional.

La difusión interesada de esos documentos ha sido inducida como parte de la definición del próximo secretario de la Defensa Nacional para el próximo sexenio, una decisión que le corresponde al próximo presidente de la república. Curiosamente, también el arraigo del general Tomás Angeles Dauahare ha querido ser interpretado como parte de la lucha de grupos militares por el cargo en el siguiente gabinete presidencial.

Sin embargo, las reglas castrenses sobre la política son muy estrictas y los posicionamientos no suelen llevar a la decisión final, lo que ha eludido batallas en los altos mandos. Hasta ahora, las designaciones de altos mandos han sido tersas y sin conflictos internos. El ambiente de politización fue estimulado por las declaraciones del general Angeles Dauahare en el sentido de que su arraigo tiene que ver con su ventaja en el ánimo priísta que lo enfilaba a la Sedena, pero sin reconocer que hasta ahora ningún secretario de la Defensa ha sido general retirado --como Angeles Dauahare-- porque se interrumpe la circulación de los mandos. En todo caso, las opiniones de Angeles Dauahare han sido leídas más con la intención de politizar su caso para sacar ventaja, aunque a costa de introducir inestabilidad política en el ejército.

En este contexto, la sucesión en el mando de la Sedena se maneja en otro terreno que no es la Secretaría. De acuerdo con versiones, el equipo de Enrique Peña Nieto, candidato triunfador de las elecciones presidenciales, esperará el dictamen final del Tribunal Electoral calificando las elecciones y la entrega de la constancia de mayoría para comenzar a armar su gabinete. Como siempre ha ocurrido, los juegos de poder en la Sedena han sido ineficaces porque la decisión del secretario de la Defensa Nacional obedece a escenarios no políticos ni politizados y suelen ser para mantener la estabilidad en los mandos castrenses.

Lo grave, en todo caso, radica en el hecho de que se están filtrando documentos que revelan la capacidad militar del ejército en una de sus principales tareas: la lucha contra el crimen organizado. Hasta ahora, la difusión de ciertas informaciones militares --posicionamiento de tropas, movimientos de efectivos y capacidad de fuerza-- han sido secretos militares porque tienen que ver con la fortaleza de las fuerzas armadas en luchas contra el enemigo.

La publicación de los contratos evidenció la adquisición de material de guerra del ejército para sus labores de acopio de información para la elaboración de inteligencia en la lucha contra el enemigo, el crimen organizado. Se trata de infraestructura de vigilancia que hoy, por la vía de la difusión periodística, el crimen organizado ya sabe con lo que cuenta el ejército y con ello podrá establecer medidas de disminución del daño.

Por tanto, la difusión de los contratos fue una forma de ayudar al crimen organizado a resistir la persecución del ejército en su contra. Desde 1968, el ejército ha sido retirado de cualquier actividad que tenga que ver con inestabilidad política interna y con vigilancia de disidentes y se ha centrado en fortalecer su capacidad de lucha contra el crimen organizado como un problema de seguridad interior-seguridad pública.

Por razones de la descomposición del ambiente internacional, la administración de los problemas en la frontera con los Estados Unidos y el repudio en sectores radicales hacia Washington, México se ha visto obligado a atender como prioridad el tema del terrorismo. De ahí que cada vez sean más las necesidades de vigilancia no sólo en las bandas del crimen organizado, sino en el tema de infiltraciones de organizaciones terroristas en México como paso para penetrar en los Estados Unidos.

En este contexto se establece la urgencia de modernizar los aparatos de inteligencia de las fuerzas de seguridad. Muchos de los decomisos de infraestructura del crimen organizado tienen que ver con el uso de aparatos de contra-vigilancia. Por tanto, las fuerzas armadas están obligadas a superar en equipamiento a las bandas criminales si realmente se desea que contengan el avance violento de los cárteles en zonas territoriales de la república.

La filtración intencionada de documentos desde dentro de la Sedena y su publicación pusieron en el tapete uno de los temas más sensibles de la seguridad nacional: los secretos. Más que ocultar a la sociedad, se requiere pasar a la etapa profesional de cuerpos legislativos con cláusulas de confidencialidad que deban ser enterados de los equipamientos y operaciones, pero con la garantía --como en el Congreso de los EU-- de no difusión.

Por lo pronto, los contratos de Sedena de material de inteligencia beneficiaron a las bandas del crimen organizado y en nada influirán en la designación del próximo secretario de la Defensa Nacional.

 

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carlosramirezh@hotmail.com

@carlosramirezh

 

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