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Miércoles 10 de octubre de 2012

+ Recados a EPN de Moreira y Lazca

+ Sociedad y autoridades, culpabilidad

 

En el interregno no sólo político sino de redefinición de la estrategia de seguridad nacional para el gobierno de Peña Nieto que comienza en ocho semanas, los casos de José Eduardo Moreira y el jefe Zeta Heriberto Lazcano El Lazca han evidenciado los puntos más sensibles del problema del narco.

Y todos ellos exhiben los huecos que la nueva estrategia debiera de atender:

1.- Aunque no se excluyen problemas en zonas dominadas por otros partidos, los sucesos en Ciudad Acuña --asesinato del hijo del ex presidente nacional priísta Humberto Moreira-- y Progreso --muerte del jefe Zeta El Lazca-- se convirtieron en mensajes de tipo político por involucrar zonas priístas en la víspera de la toma de posesión del próximo gobierno presidencial priísta, y más aún en el estado que fue gobernado por el ex presidente nacional priísta. Por tanto, esos hechos han tensado la definición de la estrategia contra la inseguridad porque pusieron al PRI en el centro de la atención mediática.

2.- Los sucesos coahuilenses en esos dos municipios alertaron sobre el papel pasivo de la sociedad y sus autoridades locales. ¿Cómo fue posible que un presidente municipal haya designado como subdirector de seguridad a quién había reprobado el control de confianza y luego fue el que entregó a Moreira Rodríguez a sus asesinos? ¿Cómo ha sido posible que El Lazca se moviera con tranquilidad en un municipio de menos de 3 mil 5000 habitantes sin que lo descubrieran? El crimen organizado se ha instalado en zonas territoriales del Estado nacional sólo por la complicidad local. Y ése, sin duda, será el principal desafío de la estrategia del gobierno de Peña Nieto porque fue donde falló la estrategia de Calderón.

3.- A pesar de las evidencias recurrentes, la estrategia federal de seguridad se estropeó ante la negativa estatal y municipal de entrarle de lleno y a fondo a la limpieza de sus establos policiacos. Por eso los narcos han operado con total impunidad. El caso del subjefe policiaco en Ciudad Acuña, Rodolfo castillo Montes, es apenas uno entre muchos: reprobó el control de confianza, fue designado interino y a la llegada, hace unos días, de titular, lo dejaron formalmente como subdirector. Las sociedades regionales han visto con temor cómo policías sirven abiertamente a los narcos y continúan en sus cargos. La única salida sería una policía única fuera del control de alcaldes y gobernadores.

4.- Otra demanda clara es la reformulación de la política de comunicación social en materia de seguridad. Los medios destacan los muertos y acusan a las autoridades pero no hay periodismo de investigación sobre la configuración de los cárteles, la denuncia de sus crímenes y la corrupción. La mezquindad de las agrupaciones ciudadanas es producto de la politización de sus intenciones. La sociedad se ha negado a condenar a los capos y prefiere denunciar algunos abusos en la lucha contra el crimen organizado, a pesar de que los cárteles son responsables de más del 95% de los muertos contabilizados.

5.- La nueva estrategia de seguridad deberá apostarle a un acuerdo social de participación en la lucha contra el crimen organizado. La impunidad es la moneda corriente: con facilidad roban el cadáver de El Lazca a las 2 de la mañana, el forense denuncia el hecho a las 8 de la mañana, nadie vigiló el cuerpo y ya estaba en la funeraria, el subdirector de la policía municipal de Ciudad Acuña pone al hijo del ex gobernador y ex líder priísta para que lo asesinen, después de haber reprobado el examen de confianza. De ahí que la nueva estrategia debe ser mucho más estricta en la supervisión de personal policiaco.

6.- Y la urgencia de una integralidad en la estrategia, porque el abatimiento de El Lazca fortalece el poder del Z-40 Miguel Treviño Morales en la zona del Golfo y ello aumentará la violencia criminal.

El nuevo gobierno de Peña Nieto encontrará varias zonas calientes del crimen organizado, un sector crítico que quiere disminuir el combate para buscar un pacto con los cárteles y la politización de la crítica. De ahí que el tema de la estrategia del nuevo gobierno federal priísta contra el crimen organizado podría convertirse en el más importante de los primeros cien días de funciones. El golpe contra El Lazca, el cerco contra el Z-40 y el acoso contra El Chapo Guzmán podrían ir acotando el activismo de los cárteles, aunque con la posibilidad de que haya una respuesta violenta del crimen organizado.

Los sucesos criminales de las últimas semanas han ayudado a dimensionar el tamaño del problema del crimen organizado, la forma en que los narcos se pueden mover con tranquilidad en zonas regionales al amparo de la protección de autoridades y sociedad y la violencia con la que defienden sus territorios. Se trataría del escenario inédito en el que se tendrá que definir la estrategia del gobierno de Peña Nieto, ya sobre el terreno de la realidad.

Además, opino que Javier Sicilia, su movimiento, el rector de la UNAM José Narro, los periodistas, el Movimiento YoSoy132 y ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben responsabilizar a los narcos de la violencia y los muertos, exigir sin dobleces la rendición incondicional de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Heriberto Lazcano El Lazca, Servando Gómez La Tuta, Juan José El Azul Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes, el Z-40 (†) y otros capos y demandar la entrega de su arsenal de armas para ser juzgados como responsables de la violencia criminal y la corrupción en el tráfico de drogas y de varios de miles de muertos en enfrentamientos entre cárteles.

 

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carlosramirezh@hotmail.com

@carlosramirezh

 

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