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Miércoles 31 de octubre de 2012

+ Caso Moreira fue contra el PRI

+ Muerte del Lazca, ¿respuesta?

 

La crisis de seguridad en Coahuila va más allá de la agudización de las tensiones y se ha colocado en un escenario de estrategias de poder: el asesinato de José Eduardo Moreira Rodríguez, además de meterse en el contexto de las venganzas locales, fue el inicio del ciclo presidencial del PRI en materia de inseguridad.

El crimen organizado se ha asentado desde hace tiempo en entidades del norte y el noreste de dominio priísta: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz y San Luis Potosí, donde se libra una verdadera disputa por el poder regional, tanto político como criminal, y son los estados donde existen más sospechas de alianzas políticos-capos.

De ahí que las declaraciones desesperadas de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI que operó la nominación de Enrique Peña Nieto como candidato presidencial priísta, pueden parecer una maniobra de distracción. En el fondo, el caso de Moreira Rodríguez se localiza más en los espacios de las estrategias de poder, que de venganzas de corto plazo.

Si los hechos criminales responden a causas y efectos y por tanto el asesinato de Moreira Rodríguez fue una venganza por el asesinato del sobrino del Z-40, en esa misma lógica habrá que considerar que el asesinato del Lazca pudiera ser la primera acción del nuevo gobierno priísta ante acciones criminales. Moreira Rodríguez era nada menos que hijo del ex gobernador coahuilense y ex presidente nacional del PRI, por lo que no podría quedar impune.

En los hechos criminales no hay mensajes directos ni vacíos de interpretación. La muerte del Lazca, la captura de  Salvador Alfonso Martínez Escobedo La Ardilla y la fotografía de La Ardilla y el Lazca, difundida en el contexto de la muerte del fundador de Los Zetas, dio indicios de la estrategia: la percepción de que La Ardilla habría delatado al Lazca.

Si la muerte del Lazca fue un mensaje político, entonces los cárteles del crimen organizado debieron leerla como que en el próximo sexenio priísta no habrá impunidad y que a cada acción contra élites priístas habrá una reacción de las autoridades. De ahí que la muerte del Lazca debiera también analizarse en el contexto de la propuesta del general colombiano Óscar Naranjo, asesor en materia de seguridad criminal del próximo gobierno priísta, de crear comandos especiales para perseguir a las élites del narcotráfico.

Si el ex gobernador priísta Moreira quisiera aportar elementos para la investigación del asesinato de su hijo, entonces tendría que revisar muy a fondo lo ocurrido en su gobierno y tendría también que evaluar con frialdad la versión del columnista Raymundo Riva Palacio de que el actual gobernador Rubén Moreira había intensificado las acciones contra los cárteles que se habían asentado cómodamente en Coahuila durante años y que el crimen fue una venganza.

Lo peor que le puede ocurrir al próximo gobierno priísta sería la existencia en sus filas de un político adolorido por el asesinato de su hijo pero haciendo declaraciones que debilitan al priísmo. Humberto Moreira parece olvidad que su hermano Rubén fue su principal operador político en el pasado sexenio local y que la sucesión estatal funcionó para la continuidad de una misma familia en el poder. Por tanto, habría también un encadenamiento en intereses entre los gobiernos de los hermanos Moreira.

Ante la crisis de seguridad en Nuevo León y Tamaulipas, Coahuila desdeñó los avisos de advertencia sobre la presencia de Los Zetas en la plaza coahuilense. Y por la solución en la sucesión estatal, ni a quién echarle ahora la culpa si un hermano operó la entrega del poder a otro hermano, pero en un escenario de continuidad de percepciones de seguridad pública. Coahuila fue una salida del efecto cucaracha ante las acciones del ejército en Tamaulipas. Los Zetas se asentaron en territorio de Coahuila.

El otro mensaje sigue esperando atención por parte del ex gobernador Moreira y del gobernador Moreira: el artero asesinato de Moreira Rodríguez ocurrió en un territorio priísta y las complicidades criminales implican a políticos priístas, con la circunstancia agravante de que el actual gobernador Moreira fue presidente estatal del PRI y el ex gobernador Moreira fue presidente nacional del PRI. Más que buscar incriminaciones superficiales, en todo caso el mensaje severo es otro: el PRI no le ha dado suficiente atención a las redes de poder del crimen organizado.

Y si a ello se agrega que el PRI tomará las riendas del próximo gobierno federal y por tanto debe de replantear la estrategia de seguridad, entonces el caso Moreira debe pasar por otros escenarios de análisis más allá del síndrome Sicilia que parece haber afectado al ex gobernador Moreira, luego de contactos secretos con el poeta. No estaría mal, para limpiar la plaza coahuilense, que el ex gobernador investigara el asesinato de su hijo y revelara la maraña de intereses subterráneos que convirtieron a Coahuila en un santuario del narcotráfico.

Por lo pronto, la muerte del Lazca pareció haber inmovilizado a los cárteles en Coahuila por su mensaje implícito de posible respuesta de seguridad a los criminales. Si los escenarios se confirman, entonces el gobierno de Peña Nieto podría estrenarse con el fin del Z-40 y hasta del Chapo. El significado del asesinato de un ex presidente reciente del PRI no quedaría impune podría ser hasta una de las primeras definiciones estratégicas del próximo gobierno federal.

Al final de cuentas, la muerte del Lazca en el escenario del asesinato de Moreira Rodríguez pudo haber marcado un nuevo escenario a la criminalidad, un mensaje contra la impunidad y un reacomodo de la acción de las bandas criminales en espacios alejados de las élites gobernantes. En situaciones extremas, el ojo por ojo se aparece como una medida de contención.

 

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@carlosramirezh

 

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