--------

Martes 18 de diciembre de 2012

+ Nueva estrategia, ¿sin cárteles?

+ Prevención básica sin diagnóstico

 

Aunque fue muy positivo el énfasis de la estrategia de seguridad del gobierno de Peña Nieto en el tema de la prevención, hubo cuando menos tres puntos no mencionados y que podrían ser claves en la obtención de resultados en el corto plazo:

1.- La ausencia de un diagnóstico de la situación actual del crimen organizado, los cárteles, las bandas, el papel de las prisiones como multiplicadores de delitos y el trasiego hacia los Estados Unidos. Este diagnóstico debiera comenzar en los setenta con el Plan Cóndor y terminar con la legalización recreativa de la marihuana en dos estados de los EU.

2.- La ausencia de un grupo policiaco específicamente contra el narcotráfico y el crimen organizado, una especie de Intocables para resistir corruptelas y amenazas. El programa se centró en la seguridad en general, pero con bandas en hechos delictivos específicos, interrelación entre algunas de ellas y sobre todo la transnacionalización del delito.

3.- Faltó un mayor énfasis en la denuncia de la corrupción en materia de seguridad, sobre todo de policías estatales y federales, de funcionarios federales, estatales y municipales y de políticos involucrados con el narcotráfico como red de poder. Nuevamente se apeló a la urgencia de capacitación de policías y se centró la expectativa en el mando único, pero sin reconocer el fracaso en los controles de confianza.

De los seis puntos de la estrategia del gobierno de Peña Nieto, cinco de ellos son de carácter procedimental, necesarios pero se asumen más como parte de la capacitación de los policías. Sin embargo, el principal dato de la estrategia de Calderón el sexenio anterior fue la escalada de violencia y corrupción del crimen organizado. En la actualidad, las bandas criminales operan con impunidad en espacios territoriales del Estado nacional porque no existen policías estatales y municipales decididos a imponer el imperio de la ley. Ahí se localizó el fracaso de la estrategia del gobierno anterior.

Lo que se vio en la segunda reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública fue la misma actitud ajena --casi rayando en la apatía en cuanto a asunción de responsabilidades propias-- de los gobernadores; salvo los casos de Tamaulipas y Nuevo León, los demás gobernadores quedaron a la espera de que el gobierno federal siga cargando con la parte más pesada de la estrategia. Ahí es donde el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, tendrá que ser más enérgico en el tema que el propio presidente Peña Nieto tocó en su discurso final: la corresponsabilidad.

Las cifras de Osorio Chong sobre gasto y aumento del delito eran necesarias aunque debieron de tener una mayor consolidación técnica: no existen datos técnicos de la existencia de una correlación entre aumento de gasto en seguridad y disminución del delito por, cuando menos dos razones: gasto no necesariamente quiere decir eficacia --otra palabra subrayada por el presidente de la república-- por el alto grado de inestabilidad del personal humano y tampoco se dio la incorporación de una variable dependiente significada por la transnacionalización de los mandos delincuenciales y la demanda de droga del mercado de consumo de los EU.

En este sentido, la estrategia quedó debiendo la parte del diagnóstico que tiene que ver con la venta de armas en los EU para los cárteles y el tema del lavado de dinero del narco que se realiza con impunidad en el sistema financiero estadunidense. Y ello debe llevar a México a aumentar el tono de su crítica a los EU por el hecho de que la demanda determina la oferta pero el suministro de droga cruza con impunidad y corrupción la frontera de los EU, inclusive con datos en el Capitolio de los EU de policías y funcionarios articulados a los narcos para facilitar el cruce de la droga.

El tema de la gendarmería necesita de una mayor profundización de datos no sólo sobre el número de efectivos sino sus funciones específicas: ¿entre la policía y el ejército, organización militar, funciones preventivas y judiciales, policía antinarcóticos? Asimismo, el número de 10 mil en su primera etapa pareció decepcionar a los gobernadores porque tocaría a una media de 312.5 gendarmes por entidad federativa, contra los más de 40 mil policías federales existentes en la actualidad.

La estructura del narco se convirtió en un poder desafiante de la autoridad del Estado nacional. Por tanto, la capacidad de respuesta del Estado no sólo debe ser en la misma intensidad y en sentido contrario sino, en función de las nuevas teorías del Estado, con mayor fuerza para convertirse en un punto de acotamiento del espacio de violencia de las bandas criminales. El asesinato de alcaldes, del hijo del ex gobernador de Coahuila y el grado de violencia en las calles necesita de una capacidad de decisión del Estado para fijar límites.

El dominio territorial, fiscal e institucional de bandas criminales en, por ejemplo, Michoacán revela el tamaño del problema: el crimen organizado no es de carteristas sino de estructuras de poder violento, de medios y de copamiento de organismos de derechos humanos. De las 32 entidades de la república, aparentemente menos de cinco se salvan de la presencia criminal del narco. Ahí se localiza el verdadero desafío del crimen organizado contra la autoridad del Estado y en este punto es donde la sociedad que padece la violencia exige respuestas de corto plazo. Y justamente por esas razones las fuerzas armadas entraron a combatir a los cárteles que ya habían derrotado a las policías.

Al final el problema de la violencia no es de dinero, ni de procedimientos, ni de derechos humanos, ni de planes, sino de capacidad de decisión del Estado para combatir a organizaciones que le han quitado espacios territoriales a la soberanía del Estado nacional. No debe olvidarse que los narcos ocuparon los espacios dejado por el Estado nacional.

 

www.grupotransicion.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

@carlosramirezh

 

- - 0 - -

Imprimir


  Regresar