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Martes 22 de enero de 2013

+ Corte y Cassez: ¿nuevo desliz?

+ ¿Constitucionalidad o legalidad?

 

Además de ver si la Corte Suprema de Justicia responde a las presiones y simpatías francesas y le abre las rejas, el punto más sensible del caso de la francesa Florence Cassez radica en que el máximo tribunal constitucional se mete a cuestiones de legalidad como si fuera juez de barandilla.

Por cuestiones de ley, la Corte Suprema carece de facultades para validar o invalidar pruebas en un juicio como lo pretende la propuesta de la ministra Olga Sánchez Cordero que se presentará mañana miércoles 23. Se trataría de una descalificación al tribunal unitario que analizó las pruebas presentadas por la autoridad y las validó como suficientes para la condena de sesenta años.

Si el tema central es la validación de pruebas, la Corte estaría entrometiéndose en territorios fuera de su tarea de resolver problemas de constitucionalidad. Lo grave del asunto es que existen suficientes datos que prueban la complicidad de Florence Cassez con la banda de secuestradores de Israel Vallarta como para utilizar los recovecos de la ley para dejarla en libertad.

Al final, la salida podría ser salomónica: que la Corte descalifique algunas de las pruebas, el tribunal unitario tendría que analizar las que quedan, determinar que la francesa fue culpable de pertenecer a una banda de secuestradores, bajar la sentencia de sesenta años a alrededor de diez años, dejarla el libertad contabilizando los siete años en prisión y aplicarle la liberación anticipada. O, también, equiparar la sentencia con las leyes francesas, enviarla a París y que el gobierno socialista de François Hollande la libere por razones de comparación de legislación de delitos.

En todo caso, la revisión del expediente en la Corte Suprema ha tenido siempre en el tema central la liberación de Cassez por presión de poderosos equipos de abogados. Pero el fondo sigue siendo el mismo: la francesa perteneció a la banda de secuestradores de Los Zodiaco, sí fue detenida in fraganti y sí existen pruebas en su contra. Lo que contaminó el asunto fue el montaje televisivo que hizo la policía federal para programas de televisión, aunque ese montaje nunca se incorporó a las pruebas pero se ha utilizado para desprestigiar el procedimiento legal.

Como en pocos casos de extranjeros detenidos por delitos graves, el de Cassez se contaminó por el uso de bufetes especializados, por la presión del presidente francés Nicolas Sarkozy para regresarla a París y liberarla como el caso de mujeres narcotraficantes apresadas en África que fueron deportadas y recibidas como heroínas en París y la campaña interna en contra de algunos de los procedimientos del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

La primera ronda del expediente de Cassez en la Corte Suprema, el año pasado, estuvo a punto de repudiar la acusación y exigir la liberación inmediata de la extranjera, como lo señalaba la ponencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, pero la votación solamente lo rechazó y se encargó la ponencia a la ministra Sánchez Cordero. En esa votación hubo mayoría que consideraba que existían pruebas en contra de Cassez pero que otras no pasaban por el filtro del debido proceso.

De ahí que en la Corte existe una mayoría que no pone en duda la culpabilidad de Cassez y que en todo caso se determinarían cuáles de las pruebas deberían de depurarse del expediente y que la revisión que vuelva a hacer el tribunal colegiado base su conclusión en las pruebas restantes. Ahí es donde se percibe la posibilidad de que Cassez vea disminuida su sentencia para poder salir libre por los siete años encarcelada o que la deporten a París y el gobierno socialista asuma la decisión de liberarla en Francia.

La decisión final sobre Cassez de la Corte Suprema no dejará satisfechos a nadie. Primero, porque en el caso de la francesa el máximo tribunal judicial se saldrá de sus tareas de constitucionalidad y se meterá ya a calificar procesos judiciales avalando o desautorizando pruebas, como si fuera un simple tribunal de apelación. Y segundo, porque toda la atención mediática y judicial se ha centrado en la acusada y sentenciada y se han olvidado de las víctimas de los secuestros, sobre todo del hecho de que el jefe de la banda de Los Zodiacos, Israel Vallarta, fue encontrado responsable de dirigir a los secuestradores en el Estado de México de 2001 a diciembre del 2005 en que fue detenido en un rancho mexiquense donde mantenía a varias personas privadas de su libertad y a la espera de cobrar el rescate.

Asimismo, el asunto de Cassez se contaminó y derivó en una crisis diplomática cuando el gobierno de Sarkozy la introdujo en la agenda bilateral como factor de presión sobre el gobierno del presidente Felipe Calderón; el caso se enredó más por la intervención de la esposa de Sarkozy, Carla Bruni, a favor Cassez. La intención de Francia no fue la de vigilar el debido proceso sino la de exigir la deportación a París para aplicarle ahí la legislación penal tibia y liberarla.

El caso tuvo en México un proceso judicial. Luego de que un juez sentenció en 2008 a Cassez a noventa y seis años de prisión por secuestro, delincuencia organizada y portación de arma prohibida, un año después el primer tribunal unitario penal del DF rebajó la sentencia a sesenta años. En febrero del 2012 el séptimo tribunal colegiado penal del DF confirmó la sentencia de sesenta años contra Cassez y además le negó la posibilidad de un amparo.

El expediente llegó a la Corte donde se convirtió en una papa caliente para los ministros. Pero el tema del amparo derivó en el involucramiento del máximo tribunal constitucional en temas de legalidad y de validación/invalidación de pruebas en un caso de delincuencia común, justo cuando los secuestros se habían convertido en un tema espinoso por sus efectos sociales.

Mañana miércoles la Corte podría liberar a Cassez en dos escenarios: provocando la rebaja de sentencia o descalificando el proceso, aunque con el sistema judicial mexicano como telón de fondo.

 

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carlosramirezh@hotmail.com

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