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Domingo 21 de abril de 2013

+ República fragmentada por crisis

+ Restaurar sistema representativo

 

La consolidación de los guardias comunitarios armados, ante el desconcierto de las instituciones políticas constitucionales, se ofrecieron como el aviso de alerta más importante del corto plazo: la ruptura de la unidad republicana en la parte fundamental de la seguridad, sin duda el factor de fundación del Estado nacional mexicano.

La seguridad es la columna vertebral de la unidad nacional porque permite la consolidación de un cuerpo social en torno a una autoridad única y superior. Como ya se vio en Guerrero, las guardias comunitarias armadas pasaron a formar parte de una aún gelatinosa organización del poder popular. En el momento en que el Estado decida impedir la creación de espacios territoriales de soberanía del Estado como autónomos, las guardias comunitarias responderán a la defensa del separatismo.

En este contexto comienza a dibujarse, aún como un trazo tenue pero con ciertos rasgos de identificación, el fantasma de la balcanización del Estado mexicano. El aviso apareció sin dobleces en Oaxaca en el 2006 cuando un conflicto magisterial tradicional condujo a una organización social denominada Alianza Popular del Pueblo de Oaxaca que presentó la agenda del fin del modelo de gobierno como sistema representativo y la instauración del poder popular directo. Lo de menos fue el hecho de no representar a toda la sociedad o cuando menos a la mayoría; el problema se localizó justamente en el estrecho espacio de lucha política: el centro histórico de la ciudad capital.

Los movimientos sociales pasaron de la autodefensa organizativa a la canalización de la lucha de grupos sociales y de ahí al conflicto antisistémico. Sólo que la organización no pasa por los mecanismos de transformación de las formas de gobierno, ciertamente reconocidas por la Constitución pero con pasos legales que se apoyan en el sistema de representación política. la soberanía, en efecto, radica en el pueblo, pero la soberanía popular descansa en la organización republicana y representativa de gobierno.

La organización autónoma de la sociedad comenzó cuando el sistema político dejó de funcionar como el espacio de solución de problemas. Las instituciones democráticas se enmohecieron y, paradójicamente, disminuyeron su representatividad, al paso en que la sociedad al mismo tiempo se diversificó en organización y representación. Así, el sistema político comenzó a ser rebasado por los problemas y las demandas sociales y sus mecanismos de solución de controversias perdieron su velocidad.

El modelo de representación política mexicana entró en una zona de crisis de gobernabilidad --tesis de Samuel Huntington-- en el que las demandas sociales eran mayores a las ofertas gubernamentales y en la que la capacidad de modernización de las instituciones políticas y de gobierno fue menos dinámica a la protesta social creciente. El sistema político priísta se confió en su capacidad de organización corporativa, pero desde los cincuenta fue acumulando protestas crecientes que tuvieron su punto culminante de represión en 1968. La globalización económica condujo al funcionamiento abierto del sistema.

La primera fase de la crisis social fue de protestas obreras, la segunda de movilizaciones estudiantiles y la tercera de insurrección electoral. La reforma política de 1978, producto de la crisis de 1968 y de la imposibilidad de ejercer la represión como respuesta política del poder, rompió el dominio totalizador --concepto de José Revueltas-- del PRI y el sistema de partidos se vio enriquecido con la oposición de izquierda ya en funcionamiento legal. En 1997 el PRI perdió el dominio político del DF como el centro político de la república y también perdió la mayoría absoluta en el Congreso.

A pesar de los indicios de reducción del espacio de funcionamiento del sistema político, el PRI y las élites del poder no entendieron el desafío de la democratización. Las tensiones electorales priísta en 1988 y panista en el 2006 desafiaron a las élites del poder a la necesidad de una reforma política para regular las alternancias. Pero el PAN ejerció el poder para no soltarlo y el PRI parece querer repetir el modelo, pero sin ofrecer a la nueva conformación de la sociedad algunas alternativas para un modelo de representación política que le dé espacios de funcionamiento a las minorías que sumadas son mayoría.

Ante la falta de una reforma del modelo de representación política, las organizaciones de la sociedad han estado movilizándose para operar al margen del sistema político y de gobierno pero con efectos en la deslegitimación del poder. Las protestas de formaciones sociales tienen que ver con la estructura de ejercicio del poder: por ejemplo, loa maestros de Guerrero y Oaxaca, sin pasar por los mecanismos legales y de relación obrero-patronal, quieren imponer su modelo de evaluación política, pero las mayorías plurales del sistema de representación ya llevaron la reforma educativa a una reforma constitucional promulgada.

En el 2006, el movimiento popular planteó la demanda de la renuncia del gobernador del estado y la instauración de una forma de gobierno de ejercicio popular del poder por la vía directa, sin pasar por las formas de representación. La lucha de algunas organizaciones por defender sus espacios de propiedad histórica también formaron parte de una agenda social que tenía espacios de movilidad en el Parlamento y en las relaciones locales, pero los liderazgos disidentes obviaron las jerarquías y se enfrentaron al poder central.

Ahora el desafío se localiza en la consolidación de espacios de autonomía de gobierno. El error en Oaxaca al legitimar los usos y costumbres en procesos de renovación de autoridades municipales abrió los canales para una autonomía relativa de pueblos y comunidades mayoritarias pero con sectores ajenos a esas prácticas. Ahí se sembró la semilla de la balcanización. La agenda pendiente de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, la de las autonomías de las autollamadas “naciones indias”, sería otro paso hacia la fragmentación de la república.

El fondo del problema se localiza en el deterioro del concepto de Estado-nación o de Estado nacional. Si la tarea central del Estado es la seguridad, las policías comunitarias serían un paso hacia la autonomía de las propias comunidades porque el paso siguiente sería el de sus propias reglas de justicia.

El sistema de representación política necesita debatir el peligro de la balcanización ahora mismo, antes que se consoliden las estructuras de autonomía que ya se dieron algunas comunidades en materia de seguridad. Posponer el debate podría en riesgo la integridad territorial y política de la república.

 

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carlosramirezh@hotmail.com

@carlosramirezh

 

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