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Domingo 6 de octubre de 2013

+ Reformas, reformitas, reformotas

+ La mezquindad de los intereses

 

Cuando el presidente del gobierno español Adolfo Suárez arribó al poder, venía ya con una idea central: transitar del régimen franquista dictatorial a un sistema democrático. Sabía que no iba a ser suficiente el objetivo en sí mismo ni la sola voluntad del jefe de gobierno. Al día siguiente de su designación, los medios críticos lo recibieron con escepticismo y severas críticas: Suárez había sido poco antes jefe del movimiento nacional, la estructura falangista del franquismo, el poder político de Franco. Sin embargo, en dos años Suárez construyó un sistema democrático basado en tres pilares: la ley de la reforma política para elecciones libres, los Pactos de la Moncloa para rediseñar el modelo de desarrollo y la Constitución como el espacio de legitimación de los acuerdos.

En realidad, una transición democrática no es tan difícil en el papel y en la evaluación de sus resultados. Ciertamente que el proceso fue complicado, enfrentó los demonios del franquismo en el alzamiento policiaco del 23 de febrero de 1981, resintió los titubeos del rey Juan Carlos I atrapado entre los duros del franquismo y padeció la mezquindad de la izquierda socialista de Felipe González. Pero Suárez encontró una sociedad que quería ser europea y que se la jugó con la aventura de la democracia. El modelo de transición duró de la Constitución de 1978 a la crisis del 2008, el nada desdeñable espacio temporal de treinta años, casi una generación. La crisis económica de 2008 rompió los acuerdos de la transición --de nuevo por la mezquindad de la izquierda-- y España se sigue hundiendo en la crisis social y de proyecto nacional.

Hacia mediados de los setenta, México trataba de salir de la crisis político-social con la propuesta populista de Luis Echeverría; hacia 1975, en una visita del líder comunista español Santiago Carrillo, el entonces presidente nacional del PRI Jesús Reyes Heroles dijo que México no necesitaba una transición porque el sistema político era permeable a los cambios. Sin embargo, la represión de 1968 fracturó el consenso nacional, obligó a legalizar a la izquierda en 1978 para llevarla al Congreso, terminó en 1996 con el control gubernamental sobre las elecciones y se encontró con la alternancia en el 2000. Si la crisis nacional se incubó de 1951 a 1968 y hubo de abrirse poco a poco hasta la alternancia en el 2000, el modelo no fue propositivo ni programático sino reactivo.

El regreso del PRI a la presidencia de la república enfrentó un país fragmentado prácticamente en tres partes, con propuestas diferentes entre el PRI, el PAN y el PRD. Frente a ello, el sistema económico como está no puede garantizar tasas de PIB mayores a 3% y por tanto la satisfacción de empleo formal sólo atienda a menos de la mitad de los demandantes. A ello se agrega la mitad de la población en situación de pobreza y la mitad del sector laboral operando en la informalidad. La urgencia de una reforma económica estructural ha llevado a la certeza de que tendría que darse de la mano de una reforma del poder, del sistema y de régimen por la dependencia correlativa de las fuerzas productivas con la correlación de fuerzas políticas.

El regreso del PRI volvió más claro el panorama oscuro de la crisis: la necesidad de reconstruir el país y sus posibilidades como nación. Por lo pronto, el debate debería darse en función de las tres reformas indispensables: la del modelo de desarrollo, la del sistema-régimen político y la del consenso constitucional. Es decir, la redefinición del proyecto nacional de desarrollo. En el pasado los saltos cualitativos se dieron en escenarios de revoluciones violentas: Independencia, federalismo, Reforma y Revolución. Hoy las posibilidades de acuerdos consensuales de largo plazo se localizan en los pactos por las transiciones de régimen político. España fue exitosa, la Unión Soviética se trabó en la red de intereses de los grupos del pasado y fracasó, en los países árabes optaron por la violencia.

Las reformas dentro del Pacto por México son insuficientes, apenas curitas para raspones cuando el paciente nacional necesita de trasplantes de órganos. La crisis actual provocada por la CNTE revela la necesidad de una reforma laboral, educativa y política, de sistema y de régimen, porque debe asumirse como una crisis del viejo régimen para restaurar privilegios y compromisos. Por eso llama la atención cómo el PRI no quiere reformular los viejos acuerdos, el PRD encontró en los maestros esa base social para ganar elecciones aún a costa de mantener privilegios y el PAN tiene que mirar a otro lado porque tuvo la oportunidad de resolver el problema magisterial pero prefirió aliarse con el SNTE de la maestra Elba Esther Gordillo.

Por el nivel de resistencia del viejo régimen, la falta de un liderazgo para emprender reformas y la negativa a reconocer que el México priísta ya no funciona y su sobrevivencia seguirá incubando otros casos de crisis, las expectativas nacionales se encaminan más hacia la Unión Soviética de Gorbachov que a la España de Adolfo Suárez. La alternancia electoral efectivamente terminó el ciclo de la transición, pero el teórico Leonardo Morlino estableció en sus modelos de transición que al relevo de partido debe seguir la parte más difícil: la instauración democrática. México pasó bien la prueba de la alternancia incruenta en el 2000, pero el PAN no entendió la necesidad de instaurar una nueva democracia. Ahora el PRI regresó a la presidencia y su obligación es la refundar el modelo político.

Las tres agendas de la instauración democrática son las reformas indispensables para dar el salto cualitativo y trascender la crisis: nuevo modelo de desarrollo, un pacto consensual y una Constitución que amarre en el tiempo y en el espacio las reformas. Pero resulta que cada partido tiene su propia agenda, no la nacional, y ahí se ha visto cómo una corriente del PRD prefiere seguir con el modelo energético actual a apostarle a las reformas, el PAN está dispuesto a defender a sectores que le significan votos y el PRI sólo quiere modificaciones cosméticas que aumenten un poquito la expectativas del crecimiento económico.

De concretarse las reformas en curso, su alcance será menor, quizá un par de puntos del PIB. Sin embargo, la meta es otra: México necesita crecer a un ritmo anual sostenido de 7% para recuperar paulatinamente lo perdido y atender a los demandantes de empleo en el sector formal. Sin embargo, los partidos están defendiendo los intereses sectoriales de sus aliados políticos y electorales. De ahí que el Pacto por México haya dejado de ser el acuerdo para las reformas y se haya reducido a un simple mecanismo de entendimientos de las agendas legislativas en materia de reformas que tienen que ver con las leyes.

 

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carlosramirezh@hotmail.com

@carlosramirezh

 

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