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Domingo 2 de noviembre de 2014

+ Inseguridad, un asunto político y de Estado

 

A lo largo de su sexenio, el presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva de seguridad contra el crimen organizado, sobre todo para capturar a los principales jefes de los cárteles del narcotráfico. El arresto de Héctor Beltrán Leyva a finales de septiembre de este año prácticamente cerró el ciclo, quedando sólo por aprehender a Ismael El Mayo Zambada y, de los últimos grupos, a Servando Gómez La Tuta.

La matanza de estudiantes en Iguala de la Independencia, Guerrero, a comienzos de octubre reveló una nueva configuración del crimen organizado: se terminó la fase de los capos de cárteles de la droga y comenzó un ciclo de pequeñas bandas dedicadas a menesteres no estrictamente del narcotráfico: secuestros, extorsiones, controles de mercado, robos y contrabando. Son bandas sin organización, movibles, sin capos reconocidos, diríase que bandoleros.

De ahí que la estrategia de seguridad debe dar ya por concluida la fase de lucha contra los cárteles y los grandes capos y diseñar tácticas contra estas bandas: los secuestradores de Tlatlaya abatidos al atacar una partida del ejército y los Guerreros Unidos que atacaron a normalistas, asesinaron a varios y secuestraron a medio centenar, serían dos ejemplos de la nueva organización del crimen organizado.

La estrategia de seguridad de 2007 a la fecha se dedicó a atacar a las bandas pero sin tocar tres de sus estructuras que le dan fortaleza: el dinero lavado, la protección política y empresarial y su involucramiento en actividades productivas legales pero a través de actividades criminales. El caso a estudiar es el de La Tuta: un narco que compró a autoridades estatales en Michoacán, del gobernador Fausto Vallejo hacia abajo, sometió a su voluntad a empresarios y grabó reuniones con toda clase de miembros de la sociedad michoacana como seguro político de vida.

De ahí que sea más que urgente la definición de la nueva estrategia de seguridad: sin olvidar la parte policiaca o criminal, ahora debe enfatizarse el aspecto político, empresarial y mediático. La ausencia de un enfoque integral de la fase policiaca logró el arresto o muerte de los principales capos, pero no atendió a la disgregación de las bandas, formadas por criminales en lo individual que tuvieron que buscar sus propias e inmediatas fuentes de financiamiento; de ahí nació el secuestro, la extorsión, el control criminal de ambulantes, la piratería y el contrabando.

La nueva estrategia de seguridad tendría que partir de las experiencias anteriores en cuanto a deficiencias y resultados, sobre todo para evitar estallamientos de violencia sin control. Los delincuentes hoy no cuidan modos y sus tendencias criminales se definen en función de intercambiar vida por muerte. Por tanto, la labor debe enfatizar desde el principio la prioridad de la recopilación de inteligencia y los operativos sin asustar a los ciudadanos.

Las tres prioridades de la nueva estrategia deberían ser las siguientes:

1.- Ataques contra fortunas y propiedades y mayor intensidad y profundidad en indagaciones de lavado de dinero criminal. Al final de cuentas, los delincuentes disfrutan el dinero y lo usan para multiplicar sus actividades.

2.- Afectaciones de las estructuras políticas, empresariales y políticas aliadas a los delincuentes; en Guerrero se vio que la nueva banda criminal controlaba a las autoridades y policías municipales.

3.- Instauración urgente del mando único en todos los estados, con investigaciones a los gobernadores que se niegan a aceptarlo porque estarían protegiendo a bandas criminales en sus plazas.

4.- Creación de grupos policiales de inteligencia para investigar las organizaciones de delitos comunes y sus organizaciones criminales. Las fuerzas armadas ya cumplieron su tarea y llegó la hora de los policías.

5.- Un acuerdo político de seguridad entre los partidos políticos para evitar el modelo Iguala en el que el presidente municipal y su esposa y sucesora no sólo habían pactado con las bandas criminales sino que formaban parte de su conducción.

Uno de los objetivos primordiales de la nueva estrategia de seguridad debe ser la de evitar que la violencia se le regrese a los ciudadanos; los cárteles del narcotráfico buscaron vender droga, corromper para el trasiego y más tarde controlar plazas locales para promover el consumo. El crimen derivado fue producto del acoso de seguridad contra los capos y la dispersión de los delincuentes que ya no podían comercializar la droga: extorsiones y secuestros fueron los primeros delitos colaterales del narcotráfico en repliegue.

Así, la criminalidad al menudeo se convirtió en un nuevo problema de seguridad para el cual la estrategia macro no tuvo respuestas. Los miembros de los cárteles tuvieron que salir a las calles a ganarse los recursos no sólo asaltando a ciudadanos sino corrompiendo policías. La dispersión de la criminalidad llevó a la pérdida de control de la autoridad sobre la delincuencia. Demasiado tarde los gobiernos se percataron que el crimen organizado se había atomizado.

La nueva estrategia contra el crimen ya no será un problema de seguridad interior por el poderío armado de las bandas que obligó al uso de las fuerzas armadas; ahora sí es un asunto de seguridad pública. Las bandas criminales no son una amenaza de seguridad para el Estado, salvo en aquellas plazas donde políticos y empresarios son cómplices, miembros o jefes de organizaciones criminales.

La nueva estrategia, por tanto, deberá tener la continuidad de la anterior, no soltar plazas y seguir manteniendo la posibilidad de usar las fuerzas armadas contra organizaciones que rebasen el poder de las estructuras civiles de seguridad. Pero ya llegó la hora de que los gobiernos le regresen la tarea de la seguridad pública a los gobiernos y sus cuerpos policíacos, pero siempre con candados suficientes para evitar que con facilidad de nueva cuenta los criminales subordinen a las estructuras del Estado a sus intereses.

 

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