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Martes 24 de febrero de 2015

PRD-Guerrero, genocidio

y “limpieza social”

 

Si andan muy activos en México dando instrucciones de lo que debería hacer el gobierno mexicano ante el caso de los 43 normalistas desaparecidos y asesinados, los diputados europeos podrían muy bien exigir que a los gobernantes perredistas de Iguala y Guerrero se les juzgue por dos delitos de índole político: genocidio y “limpieza social” de disidentes.

La integración del expediente contra el PRD por genocidio en Guerrero podría nutrirse del caso del ex presidente Luis Echeverría Álvarez por la muerte de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Y si figuras perredistas fueron el pivote de la acusación del ex mandatario, ahora debería someterse a los gobernantes perredistas en Guerrero al mismo tratamiento delictivo.

De acuerdo con el artículo 149 bis del código penal federal, “comete delito de genocidio el que con el propósito de destruir” uno o más grupos nacionales “perpetrase por cualquier medio delitos contra la vida de miembros de (esos grupos)”.

El artículo señala específicamente la responsabilidad de gobernantes y castigos de prisión y multas “en caso de que los responsables de dichos delitos fueran gobernantes, funcionarios o empleados públicos y las cometieran en ejercicio de sus funciones o con el motivo de ellas”.

La “limpieza social” es el uso de la fuerza represiva contra disidentes contrarios a los gobernantes en turno. Su exterminio tiene razones no sólo sociales sino políticas. Y los normalistas han sido un grupo social a exterminar, no negociar con ellos. De ahí la decisión del alcalde perredista Abarca de secuestrarlos y entregarlos a un grupo criminal para su exterminio.

En Guerrero, los ex gobernadores perredistas Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre Rivero y el alcalde perredista José Luis Abarca caen en la tipificación del delito de genocidio y “limpieza social” porque la represión contra estudiantes de la Normal de Ayotzinapa por gobernantes del PRD ha sido igual o peor que la del PRI.

De acuerdo al código penal, el delito de genocidio se castiga con 20 a 40 años de prisión. En el 2006 Echeverría fue sentenciado a prisión domiciliaria en lo que se desahogaba el expediente. En función de esa experiencia, la PGR estaría obligada a acusar a Aguirre, Torreblanca y Abarca del delito de genocidio, además del de homicidio, los dos primeros por reprimir a estudiantes y el tercero por ordenar el arresto de los 43 normalistas y su entrega al grupo criminal Guerreros Unidos para que los inmolaran.

En el fondo, el principal implicado en la matanza de estudiantes es el PRD porque Torreblanca, Aguirre y Abarca eran gobernantes pertenecientes a ese partido. Y en función del colapso humanitario por los 43 normalistas y otros antes también reprimidos por perredistas, el PAN debiera de repensar si le ofrece la candidatura a alcalde de Acapulco al ex gobernador perredista Torreblanca porque sus represiones, asesinatos políticos y encarcelamientos de estudiantes normalistas en su sexenio son un expediente abierto. En estos casos es donde la CNDH debería prender alertas contra políticos represores de derechos humanos.

Los diputados europeos cayeron en la trampa mediática de convertir el asunto de los normalistas desaparecidos en un tema de oposición al gobierno federal, cuando debieran ser más precisos y señalar al PRD y a sus gobernantes en Guerrero de la responsabilidad de genocidio o delitos de lesa humanidad. E inclusive, los diputados europeos podrían exigirle a la PGR que fincara responsabilidades, acusaciones y persecuciones contra gobernantes perredistas.

Y los padres de los 43 normalistas debieran también de dejar de medrar con la memoria de sus hijos y acusar directamente al PRD y a los gobernantes perredistas Torreblanca, Aguirre y Abarca de reprimir con intenciones criminales a sus hijos y a otros grupos sociales.

 

http://noticiastransicion.mx

carlosramirezh@hotmail.com

@carlosramirezh

 

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