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Jueves 7 de mayo de 2015

Narco: si ya sabían,

por qué las sorpresas

 

Hace un año, el 30 de abril de 2014, el gobierno federal publicó el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 y ahí estableció el más completo diagnóstico de la realidad de la inseguridad pública, de seguridad interior y de seguridad nacional. A partir de ahí, el programa delineó una serie de estrategias… que no ha aplicado.

El escenario  del Programa es el mismo de hoy:

“A nivel local, esta nueva dinámica encontró instituciones de seguridad pública poco estructuradas y poco profesionalizadas, lo que facilitó la penetración del crimen organizado. El crecimiento de las organizaciones criminales tuvo lugar bajo un escenario de escasa coordinación entre los tres órdenes de gobierno, una creciente desconfianza entre corporaciones de seguridad y una relativa resistencia a la colaboración conjunta. Con el paso del tiempo, la presencia de grupos criminales y otros actores armados no estatales en algunas zonas del país se convirtió en una amenaza que rebasó la capacidad de las autoridades locales”.

Asimismo, el gobierno federal entendió los “factores de riesgo que originan la violencia y la delincuencia”: marginación, pobreza, falta de oportunidades laborales y la desocupación, acceso limitado a la educación media y superior, deserción escolar porque los jóvenes que no van a la escuela optan por la delincuencia. Y, además, la impunidad y la corrupción.

Pero a pesar de haber diagnosticado con certeza las razones motivadoras del aumento de la inseguridad y la delincuencia, las políticas sociales han estado ausentes de una estrategia de lucha contra la inseguridad. El ejército recuperó Tamaulipas pero la política social siguió sin aparecer y las bandas han regresado a reclutar jóvenes. En el fondo, de nada sirve una adecuada y enérgica política de seguridad pública y de seguridad interior como prevención o como respuesta, si las políticas sociales no existen asociadas a la estrategia de seguridad.

Como parte de los compromisos, el Programa estableció diez metas, aunque a lo largo de un año han sido incumplidas, naufragaron en un Congreso ajeno a la urgencia social y sin fuerza institucional para colocarlas como eje del debate nacional:

“La Política Pública de Seguridad y Procuración de Justicia enfatiza la prevención del delito, y privilegia el uso de la inteligencia y la tecnología en el combate a la delincuencia. Esta política articula las siguientes diez estrategias de acción que permitirán recuperar la paz para los mexicanos: (1) prevención del delito y reconstrucción del tejido social, (2) justicia penal eficaz, (3) profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de policía, (4) transformación del sistema penitenciario, (5) promoción y articulación de la participación ciudadana, (6) cooperación internacional, (7) información que sirva al ciudadano, (8) coordinación entre autoridades, (9) regionalización, y (10) fortalecimiento de la inteligencia.”

En lugar de un programa de seguridad pública para cumplir con el Programa de Seguridad Pública --la tautología de los despropósitos-- y de legislar políticamente sobre inteligencia, seguridad interior y seguridad nacional, el Estado --la sociedad civil más la sociedad política-- abandonó la prioridad de la inseguridad hasta que estalló la crisis en Guadalajara. Y no puede haber mayor crítica a la falta de resultados institucionales de las autoridades y la sociedad que releer el Programa de Seguridad Pública 2014-2018: el país está peor, no sólo por la dimensión de la violencia sino porque tuvo el diagnóstico pero no aplicó soluciones.

Y lo peor es que se podría repetir el error de Tamaulipas: enviar a las fuerzas armadas sin escudos de protección legal y jurídica porque aún le deben las leyes de seguridad interior, de seguridad pública y de inteligencia.

 

http://noticiastransicion.mx

carlosramirezh@hotmail.com

@carlosramirezh

 

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