+ Fallan gobernadores y alcaldes

+ Gobiernos, en red del crimen

Después de recibir información privilegiada sobre el involucramiento de funcionarios y alcaldes michoacanos en la red de poder del crimen organizado en el estado, el gobernador Leonel Godoy sólo pudo responder que el operativo fue “políticamente incorrecto”. Y en lugar de ofrecer una limpia total en las corporaciones policiacas, Godoy exigió una disculpa. Lo malo fue que le ofrecieron la disculpa pero sus colaboradores acusados de complicidad con el narco siguen arraigados.

La ofensiva federal en Michoacán, Morelos y Nuevo León pareció no obedecer a una intención político-partidista-electoral, sino que reveló el incumplimiento de gobernadores y alcaldes de los artículos 5 y 6 del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el 21 de agosto del año pasado. Gobernadores y alcaldes se comprometieron formalmente a examinar a sus policías y funcionarios del área de seguridad. Ante la pasividad de las autoridades locales, el gobierno federal encontró complicidades de policías y funcionarios con bandas del narcotráfico.

A nueve meses de haberse firmado el Acuerdo, la principal falla en la seguridad pública se localizó en las autoridades de estados y municipios. Por ejemplo, los gobernadores se comprometieron a depurar y fortalecer las instituciones de seguridad pública locales, a mantener mecanismos estrictos de evaluación, a examinar a los altos mandos, a capacitar a los cuadros policiacos y a “condicionar la permanencia en instituciones a la aprobación de evaluaciones y control de confianza”, pero han hecho nada al respecto.

Los alcaldes también han incumplido el Acuerdo, sobre todo el artículo 6 del Acuerdo, porque se comprometieron a “depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia”, a buscar el apoyo de instituciones estatales para mejorar los mecanismos de “selección y capacitación” de la policía municipal. También los alcaldes asumieron el compromiso de “condicionar la permanencia de los policías a evaluaciones de control de confianza”. Y los municipios y las policías municipales se han transformado en la célula de la inseguridad por sus complicidades con el crimen organizado.

A casi diez meses de la firma del Acuerdo, gobernadores y alcaldes utilizaron todos los mecanismos y estratagemas para eludir el examen y limpieza de los cuerpos policiacos locales. Por ejemplo, en el compromiso LVIII, establecido en el artículo 6 del Acuerdo, se establece que “los municipios del país se comprometen a actualizar las disposiciones de policía y buen gobierno en materia de establecimientos mercantiles, giros negros, espectáculos públicos y justicia de barandilla”. Nada cumplieron: la proliferación de narcotienditas, de centros de consumo y de picaderos de droga han crecido a nivel municipal bajo el criterio de que se han convertido en fuente de corrupción gubernamental.

El problema del incumplimiento del Acuerdo en Michoacán se relacionó con el reacomodo de áreas locales. No debe haber sorpresas en los datos que podrían explicar por qué el narcotráfico se ha asentado en Michoacán. Poco hay que sostenga la tesis de ataques al PRD o de ser la tierra de origen del presidente Calderón. En realidad, Michoacán surgió como posición clave del narco por la importante del puerto Lázaro Cárdenas, sobre todo por el cierre al narco de los puertos de Sinaloa. Los narcos se desplazaron hacia el sur. Y los cargamentos de droga llegan a través del puerto Lázaro Cárdenas. Y las dificultades en Tamaulipas han colocado a Oaxaca como objetivo de control por el narcotráfico.

El narco ha dividió la república en tres posiciones clave: el Occidente con Michoacán y Sinaloa, el Oeste en Tamaulipas y Veracruz y el Sureste en Oaxaca. Se trata de reacomodos de recambio por el agotamiento de las plazas tradicionales. Las plazas de Cancún y Acapulco no importan como zonas estratégicas sino como parte de su posición turística, sobre todo por el auge del narcoturismo basado en el consumo. En cambio, la plaza de Los Cabos ha podido eludir ese posicionamiento por el hecho de ser más una zona de jubilados, de descanso, y no de atractivo turístico. El DF conjunta consumo, zona de transporte y espacio de asentamiento de las mafias.

Lo malo de la ofensiva contra el narcotráfico en función de los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad de agosto radica en el hecho de que los gobernantes nunca se imaginaron que el gobierno federal instrumentara operativos en función de los compromisos firmados. Por ejemplo, el gobernador michoacano Leonel Godoy desdeñó los avisos de la realidad. Cuando del gobierno federal filtraron datos de que su jefe de capacitación pudo haber sido corresponsable de los granadazos de septiembre de 2008 en Morelia, Godoy dejó pasar el mensaje y mantuvo al policía en su cargo. Hoy es uno de los detenidos en el operativo reciente. El expediente de ese colaborador de Godoy es bastante grueso. Por eso el gobierno de Calderón prefirió pedir perdón que pedir permiso.

La ofensiva policiaca y militar contra funcionarios señalados por colaborar con el narco se va a seguir apoyando en el Acuerdo Nacional de seguridad de agosto pasado y tratará de golpear en las tres estructuras fundamentales de la fuerza del narco: la de poder político, la de poder financiero y la de poder judicial. Michoacán, Morelos y Nuevo León son los primeros pasos de una intención de largo plazo del gobierno de Calderón.

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