+ Godoy, en la luna política

+ Corrupción, no información

1.- El operativo anti narcóticos en Michoacán mostró en toda su amplitud el papel estratégico del ejército en la lucha contra el narcotráfico. Los ataques contra el ejército han querido evitar su participación en el combate contra el crimen organizado.

2.- En cambio, la queja del gobernador perredista Leonel Godoy ante el operativo no fue para condenar la narcopolítica ni para comprometerse a limpiar la casa sino para denunciar que fue excluido. Por tanto, al gobernador le importa demasiado no haber sido informado, en lugar de la penetración del narcotráfico en las estructuras de poder en Michoacán.

3.- Godoy tuvo razón en su desplegado a la opinión pública: “el crimen organizado es un delito federal”. Sin embargo, nada dice Godoy sobre la otra parte de la realidad: el crimen organizado se metió en las estructuras locales como un asunto político local. Ahí la corresponsabilidad es doble: negligencia o complicidad.

4.- Godoy también se equivoca cuando se preocupa más por la reivindicación de algunos detenidos en caso de ser inocentes; pero no se compromete a profundizar sus propias investigaciones. Con ello, el gobernador de Michoacán cede la indagatoria a las autoridades federales. Sin embargo, la narcocorrupción encontrada fue local.

5.- El operativo evidenció el problema principal del narcotráfico: no la producción, transporte, comercialización, consumo y lavado, sino la penetración de las estructuras sociales, gubernamentales y políticas. Y la prueba la dio el propio gobernador Godoy: su defensa de la presunta inocencia de algunos de los detenidos, en lugar de un compromiso para indagar cómo la mafia de La Familia se metió en el gobierno y la sociedad michoacana.

6.- Hay datos que agravan el conflicto: Godoy no es un improvisado en política y menos en seguridad. Además de ser abogado penalista, Godoy fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno perredista de Andrés Manuel López Obrador. Además, fue subprocurador de justicia y secretario de gobierno en Michoacán en el gobierno priísta de Cuauhtémoc Cárdenas y también secretario de gobierno --encargado de la seguridad interna-- en el gobierno perredista de Lázaro Cárdenas.

7.- Por tanto, Godoy no puede alegar desinformación, salvo para eludir responsabilidades. Si no sabía del operativo, entonces su papel como gobernador ignora muchas otras cosas que pasan en Michoacán. Pero por los cargos ejercidos localmente en el pasado, Godoy debió de estar enterado de las mafias. Si no, entonces Godoy estaba en la luna. Aunque en asuntos de política y gobierno, la negligencia es sinónimo de corrupción.

8.- El narcotráfico se convirtió seriamente en un problema de seguridad local desde mediados del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, en el que Godoy era secretario de gobierno y responsable de la seguridad interior del estado. Pero Godoy pareció sorprendido en septiembre del año pasado cuando La Familia estalló granadazos en el zócalo de la capital. Y luego circularon informaciones adicionales sobre la organización de La Familia en el estado y su actividad abierta.

9.- Godoy sí estaba enterado de las indagatorias federales. Pero frente al problema del operativo, Godoy prefiere pasar por gobernante en la luna que como responsable de la seguridad interior de la entidad. Inclusive, había sido informado de la investigación sobre alguno de sus colaboradores. Por tanto, no debió de haberse sorprendido con el operativo. No hay indicios de que Godoy hubiera abierto una indagación sobre sus colaboradores señalados de tener vínculos con el narcotráfico.

10.- La penetración del crimen organizado en Michoacán no es nueva. En mayo de 2007, al calor de la lucha por la candidatura perredista, el presidente del PRD michoacano, Cristóbal Arias, denunció “nexos” del entonces senador Leonel Godoy con el crimen organizado. Arias pidió también indagar a los ex procuradores estatales Miguel Angel Arellano Pulido y Lucía Arteaga, así como al entonces procurador Juan Antonio Magaña Mora. Arias también reveló que a principios de mayo la SIEDO había detenido al primer comandante de la policía ministerial, Jehová Cortés, quien había sido chofer de Godoy.

11.- Por tanto, las relaciones de políticos locales con el crimen organizado del narcotráfico no son nuevas ni sorpresivas. Inclusive, algunos expedientes de investigación continúan en la Procuraduría General de la República. Y los datos tampoco son menores: jefes policiacos y funcionarios judiciales del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel eran investigados por las autoridades judiciales.

12.- El problema número uno del narco es su penetración en instituciones de gobierno. Los operativos del ejército y la PGR han exhibido esas relaciones peligrosas en Michoacán, Zacatecas, Morelos y Cancún. Y hay otras plazas bajo investigación: Tamaulipas, Chihuahua, Sonora y Colima, donde pistas del narco han conducido a relaciones políticas y de poder con las mafias.

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