La Estrategia Nacional de Seguridad Pública contiene 8 objetivos de donde se desprenden las principales acciones para erradicar la seguridad en el país.
Entre sus objetivos se encuentran la erradicación de la corrupción y reactivación de la procuración de justicia, el pleno respeto de los derechos humanos, la regeneración ética de la sociedad, reformular el combate a las drogas, la construcción de la paz, la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios y la seguridad pública, seguridad nacional y paz.
Entre lo pendiente que tiene la Estrategia se encuentra la creación de la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés así como la creación del Consejo para la Construcción de la Paz; la primera para ampliar el rango de combate a la corrupción y, el segundo, como instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz.
La Estrategia tiene relación con el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana, de donde se desprenden las acciones de la Secretaría de Seguridad.
Según este Programa Sectorial tiene cinco programas especiales. El Programa Nacional de Seguridad Pública, el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, el Programa Nacional para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Secuestro, el Programa para la Seguridad Nacional y el Programa Nacional de Protección Civil.
Son programas que complementan los objetivos y acciones que se desprenden del Programa Sectorial citado, en cada rubro de especialidad.
El problema consiste en que no han sido publicados y, por tanto, se opera con los programas de las anteriores administraciones.
Esto presenta un conflicto programático, debido a que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es un documento aislado que suma diversos objetivos y acciones de los Programas.
También presenta una falta de alineación con el presupuesto del Ramo 36 que ejerce la Secretaría de Seguridad, debido a que quedaron aislados, aun cuando el Programa Sectorial sí los señala.
La política pública distribuida en competencias entre la Federación, las Entidades Federativas y sus Municipios parece que no tiene hilos conductores o voluntad para colaborar de manera conjunta por mejorar la seguridad. El interés político partidista o político electoral supera la voluntad por ejercer las funciones de seguridad.
Por eso es que la ausencia de autoridad en algunos municipios del país es un ejemplo de cómo el Estado y sus instituciones abandonan sus funciones sustantivas en seguridad permitiendo que impere el desorden y la delincuencia amplíe sus dominios.
Entre las funciones abandonas se encuentra, por supuesto, la seguridad, la regulación de las actividades económico-productivas y que ahora la delincuencia ejerce esas funciones por el cobro de un derecho, la prestación de algunos servicios públicos, principalmente.
Y además claro está la ausencia de estos Programas.
El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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