Cuando Santiago Nieto Castillo se desempeñaba como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en sus conferencias magistrales solía decir que ‘la corrupción empieza en las elecciones’. Palabras más, palabras menos.
Tiene razón.
Porque en el contexto electoral se hacen compromisos entre partidos políticos y/o personas candidatas con una diversidad de personajes y organizaciones, sobre todo cuando representan fuentes de financiamiento, sin descartar organizaciones criminales.
Quizá existan excepciones.
¿Y qué se compromete? Pues cargos públicos o de elección popular, obra pública, compra de insumos diversos y lo más grave, hasta la seguridad pública y la paz social.
Vaya, resulta increíble que las organizaciones criminales surgan, operen y crezcan sin que se de cuenta el gobierno en sus distintos órdenes: Federal, estatal y municipal; salvo que burlen o amenacen a éstos.
Por eso cabe preguntar: ¿Los grupos que desataron la violencia en los últimos días en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, tienen raíces electorales cualquiera que sea el motivo de los enfrentamientos entre bandas y ahora hasta ataques a la sociedad civil?
¿También aquellos grupos que operan en otras entidades federativas?
Respecto a la violencia en Tijuana, Baja California, la alcaldesa Montserrat Caballero, dijo: “El día de hoy le decimos al crimen organizado que está cometiendo estos delitos que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello.”
Y como sus declaraciones desataron la polémica, este lunes, en el noticiero “Por la mañana” la alcaldesa aclaró haberse referido “a que los grupos criminales se cobrarán facturas entre ellos…”
Pero si esa declaración de que “cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben” tuviera antecedente electoral, imagínense.
Las palabras de la alcaldesa no dan tranquilidad; por el contrario. Máxime cuando aludió a que en el adeudo de ‘facturas’ “mencionan algunos grupos a algunos personajes de los diversos órdenes de gobierno”.
Ups. ¿Qué personajes?
Pero además qué delicada situación, pues los órdenes de gobierno son: Federal, estatal y municipal, y los tres son de Morena. El primero lo encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador; en Baja California gobierna Marina del Pilar Ávila Olmedo; y en Tijuana, Montserrat Caballero es la alcaldesa.
Claro, no es afirmación de Montserrat Caballero. Más bien es algo así como “un dicen, que dicen”. Aun así, quien lo haya dicho hizo un gran embarradero; y grave si los “personajes de los diversos órdenes de gobierno” fueron señalados por algún grupo criminal.
¿O se trata de un dislate discursivo de la polémica alcaldesa?
En fin.
FOCO DE ALERTA
En el contexto anterior adquiere relevancia la discusión sobre el financiamiento a los partidos políticos, que la semana pasada analizaron legisladores, acedémicos y especialistas en foro ex profeso de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral.
Foro donde Daniel Díaz Cuevas, director general jurídico en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, afirmó “que la presencia del crimen organizado en las elecciones es un foco de alerta al financiar a las y los candidatos y partidos políticos, a través de las criptomonedas, en los municipios y regidurías donde se vota menos y más interviene al imponer aspirantes, cooptando al Estado y tener vacíos de poder, que se llenan e inciden mediante la intimidación, coacción a candidatos provocando que renuncien al cargo o pierdan la vida.”
Y que en “México llegó a 35 por ciento la presencia de la delincuencia organizada en las campañas 2020-2021.”
Eso según el comunicado de la Cámara de Diputados Federal.
¿Cómo acotar la intervención del crimen organizado en las elecciones y en el financiamiento de partidos políticos y candidaturas? Eso es precisamente lo que analizaron en el foro, aunque al parecer no llegaron a conclusiones.
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