La desaceleración de la violencia criminal estaría marcando un punto de contención que llevaría a una inflexión decreciente, de acuerdo con las estadísticas oficiales. Sin embargo, el principal déficit de la estrategia de seguridad se localiza en la promoción del bienestar social.
Si se analiza a fondo la estrategia de seguridad y los resultados en los años recientes, se puede concluir que el techo en las cifras de inseguridad se logró por la vía de la reorganización de los cuerpos de seguridad nacionales, a pesar de una tasa de PIB de -0.3%. Si el PIB retoma su meta original de alrededor de 2%, entonces la seguridad podría tener otro aliciente.
La estrategia de seguridad del gobierno federal se basa en la articulación de bienestar y seguridad, saliéndose del modelo puramente policiaco y persecutorio de los gobiernos de Calderón y Peña. La relación de bienestar con seguridad configura la doctrina de seguridad interior: seguridad para el desarrollo.
La doctrina militar de seguridad interior que sigue vigente es muy clara:
La seguridad interior es la “condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.
En este sentido, uno de los objetivos de la seguridad es el desarrollo. De ahí que la política económica estaría obligada a reactivar el crecimiento estancado en 2019 para que una tasa de 2% o más en 2020 permita reasumir el control de zonas productivas abandonadas por el Estado en materia de producción y bienestar.
La meta de PIB es, por lo tanto, una parte esencial de la estrategia de seguridad. El punto de inflexión en la inseguridad conseguido en 2019 fue producto sólo del fortalecimiento de la línea coercitiva de los cuerpos de seguridad y una mayor presencia disuasiva de la Guardia Nacional en regiones calientes controladas por bandas del crimen organizado. El PIB de -0.3% de 2019 no ayudó a luchar contra la delincuencia. Por ello la meta de PIB no es sólo un indicador del crecimiento, sino un instrumento de restablecimiento del equilibrio de bienestar en zonas pobres de la república.
La otra parte importante de la estrategia de seguridad es la participación pasiva de gobernadores y alcaldes. Hasta ahora, sólo la Guardia Nacional ha posibilitado la recuperación de algunas zonas delictivas. Las autoridades locales se han negado de manera sistemática a profesionalizar sus cuerpos de seguridad y justicia.
La sociedad es sensible a las percepciones de inseguridad. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI del 16 de enero confirmó que la policía municipal tiene el más bajo grado de confianza social: 40.4% y la estatal con 48.4%, contra 85.5% de la Marina con pocas confrontaciones con la delincuencia y el 83.1% del ejército como línea principal de defensa de la seguridad.
En este sentido, la atención federal al PIB y a la profesionalización de policías y ministerios públicos estatales y municipales será la principal tarea complementaria de la estrategia de seguridad, en el entendido de que la seguridad ciudadana es uno de los tres objetivos del gobierno de López Obrador, junto con la corrupción y el crecimiento económico.
@carlosramirezh
