El delito de desaparici\u00f3n forzada se define como las acciones ilegales que se realizan desde el poder para privar a una persona de su libertad, ocultarla y negar cualquier informaci\u00f3n sobre su paradero, y constituye un delito de lesa humanidad, debido a que son violentados los derechos a la libertad, al reconocimiento de su personalidad jur\u00eddica y a la integridad personal, a la vez que pone en peligro el derecho humano primordial: el derecho a la vida.<\/p>\n
Este delito es un verdadero flagelo que en nuestro pa\u00eds a finales de marzo pasado, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) se\u00f1ala que existen 86,804 personas desaparecidas y no localizadas.<\/p>\n
Pero recientemente cobr\u00f3 relevancia el caso de la familia Villase\u00f1or Romo que volv\u00eda por carretera de vacaciones en ciudad de M\u00e9xico a su residencia en Guadalajara, cuando fueron secuestrados todos sus integrantes y varios d\u00edas despu\u00e9s dejaron a un menor de edad abandonada en un predio del municipio de La Barca en Jalisco y d\u00edas despu\u00e9s fueron liberados los dem\u00e1s integrantes en su totalidad.<\/p>\n
La importancia radica en que las investigaciones arrojaron que 7 polic\u00edas municipales de Acatic en Jalisco habr\u00edan detenido a la familia Villase\u00f1or Romo y entregada a la delincuencia organizada, sin que haya mediado la intervenci\u00f3n de la Fiscal\u00eda de Jalisco para su liberaci\u00f3n.<\/p>\n
En un caso similar en el municipio jalisciense de Zapopan, un grupo de unas 5 personas habr\u00edan sido secuestradas y posteriormente dejadas en libertad, al parecer nuevamente sin intervenci\u00f3n de la autoridad local. Afortunadamente en ambos casos no hubo p\u00e9rdida de vidas que lamentar.<\/p>\n
Estos dos casos parecieran relatos de un vengador an\u00f3nimo o una negociaci\u00f3n de la autoridad local con la delincuencia que no sucedi\u00f3, sin embargo, y a prop\u00f3sito de las manifestaciones en junio del a\u00f1o pasado por la muerte de Giovanni L\u00f3pez a mano de polic\u00edas de Ixtlahuac\u00e1n en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro se\u00f1al\u00f3 la posibilidad de que el mando policiaco, el mando ministerial y varios de sus elementos hayan sido instruidos por otras fuentes, en alusi\u00f3n a la delincuencia organizada.<\/p>\n
Este escenario de desaparici\u00f3n forzada es probable que est\u00e9 replicado en diversas entidades federativas, sobre todo en aquellas que comparten con Jalisco, los tristemente c\u00e9lebres primeros lugares por el delito de desaparici\u00f3n forzada, con territorios en la gobernabilidad, con polic\u00edas municipales cooptadas por la delincuencia y quiz\u00e1s con el consentimiento de las autoridades estatales de seguridad.<\/p>\n
Por eso cada que hay un cambio de administraci\u00f3n en las entidades federativas, nos encontramos que en la configuraci\u00f3n de los delitos de corrupci\u00f3n solo est\u00e1n involucrados las autoridades pol\u00edticas y en muy pocas ocasiones las autoridades salientes de seguridad.<\/p>\n
Los actos y omisiones en perjuicio de la funci\u00f3n de seguridad tambi\u00e9n deber\u00edan perseguirse de oficio. El problema es la falta de cuadros preparados en seguridad para substituir a la administraci\u00f3n saliente, de tal manera que la autoridad persecutora en funciones est\u00e1 constituida por servidores con un compromiso con la administraci\u00f3n saliente.<\/p>\n
Pero la pregunta es \u00bfcu\u00e1ntas polic\u00edas est\u00e1n comprometidas con otros inter\u00e9s que son ajenos a la funci\u00f3n de seguridad?<\/p>\n
El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de M\u00e9xico<\/p>\n
Correo electr\u00f3nico: racevesj@gmail.com<\/p>\n
Twitter: @racevesj<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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