La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n (TEPJF) se anot\u00f3 otro punto; la mayor\u00eda de magistrados y una magistrada solo hicieron lo ordenado por la Constituci\u00f3n y la ley: Garantizar la imparcialidad en la aplicaci\u00f3n de los recursos p\u00fablicos y, en consecuencia, la libertad del voto.<\/p>\n
En s\u00edntesis esa es la esencia de confirmar el acuerdo (y del acuerdo mismo) del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobado el 21 de diciembre del a\u00f1o pasado y el cual pr\u00e1cticamente se basa en una recopilaci\u00f3n de las normas prohibitivas electorales sobre el uso de recursos p\u00fablicos y de la compra y coacci\u00f3n del voto.<\/p>\n
Y solamente incluye instrumentos de aplicaci\u00f3n de la norma.<\/p>\n
Entonces \u00bfpor qu\u00e9 tanto brinco de actores pol\u00edticos? Hasta parece que no se fijan qu\u00e9 es lo que aprueban cuando, v\u00eda sus representaciones legislativas, hacen leyes electorales o reformas en la materia. Tan no se fijan que luego el INE y el TEPJF tienen que hacer lineamientos para instrumentar las normas y reglamentar conductas que fueron omitidas.<\/p>\n
Justo es lo hecho ahora por las autoridades electorales.<\/p>\n
Por eso, la mayor\u00eda de magistrados y una magistrada de la Sala Superior coincidieron en que el INE\u00a0s\u00ed tiene facultades para reforzar los mecanismos para prevenir violaciones a los principios de equidad e imparcialidad<\/em>\u00a0en las contiendas electorales, espec\u00edficamente en relaci\u00f3n con la inducci\u00f3n o coacci\u00f3n al electorado mediante el uso de programas sociales.<\/p>\n O sea, el Instituto s\u00ed puede regular aspectos vinculados a dichos programas para delimitar y atender cualquier eventualidad que no est\u00e9 contemplada en la normativa que ya existe tanto a nivel federal como en las entidades y ayuntamientos.<\/p>\n Es m\u00e1s, en procesos electorales anteriores el INE ya us\u00f3 su facultado tambi\u00e9n en relaci\u00f3n a programas sociales. As\u00ed que el Tribunal aval\u00f3 la determinaci\u00f3n del Institutos sobre\u00a0tipos administrativos sancionadores que no se encuentran contemplados en la legislaci\u00f3n aplicable.<\/p>\n Y no por ir en contra de Morena (que es el partido que impugn\u00f3), sino porque son medidas necesarias para evitar pr\u00e1cticas que pudieran violentar la imparcialidad y equidad de las elecciones.<\/p>\n Incluso, de esas normas puede beneficiarse el mismo Morena, sobre todo ahora que intenta tirar las candidaturas de la oposici\u00f3n a la gubernatura de Nuevo Le\u00f3n.<\/p>\n PERO OJO\u00a0<\/strong><\/p>\n S\u00ed, pero ojo, una cosa es usar programas sociales con fines electorales y otra es ofrecer programas sociales como parte de la propuesta de campa\u00f1a o como parte de la propaganda electoral.<\/p>\n Vaya, la misma ley ordena que las campa\u00f1as electorales deben basarse en la oferta pol\u00edtica de los partidos y de los candidatos y candidatas.<\/p>\n Adem\u00e1s, una cosa es oferta de campa\u00f1a y otra, solicitar votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestaci\u00f3n.<\/p>\n En fin.<\/p>\n EL PROYECTO ORIGINAL\u00a0<\/strong><\/p>\n El Pleno de la Sala Superior rechaz\u00f3 el proyecto inicial, el cual planteaba que el INE violaba el principio de reserva de ley e invadi\u00f3 la esfera competencial del Poder Legislativo, al ejercer la facultad de atracci\u00f3n para fijar mecanismos y criterios sobre la aplicaci\u00f3n de programas sociales y sus recursos conforme los principios de imparcialidad y de equidad, tanto para las elecciones federales como las locales.<\/p>\n El proyecto inicial era de la ponencia de la magistrada M\u00f3nica Soto Fregoso.<\/p>\n Claro, cada magistrado y cada magistrada tiene su propio criterio; sin embargo, cuando se juzga a la luz de lo que establecen las mismas normas da como resultado precisamente eso: El rechazo al sentido de un proyecto. Claro, ha habido excepciones en sentido contrario.<\/p>\n Ojal\u00e1 la construcci\u00f3n del proyecto haya sido en base al estricto criterio de la magistrada Soto Fregoso, sin ninguna presi\u00f3n de \u00edndole pol\u00edtica.<\/p>\n EJEMPLOS\u00a0<\/strong><\/p>\n El acuerdo impugnado, que ya qued\u00f3 firme, norma situaciones como las siguientes:<\/p>\n \u201c<\/em>Se considera que la regulaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y utilizaci\u00f3n del padr\u00f3n de personas beneficiarias de los programas sociales con fines y en t\u00e9rminos distintos a los establecido en las reglas de operaci\u00f3n aplicables, con el objeto de promocionar a cualquier gobierno, partido pol\u00edtico, coalici\u00f3n o candidatura en el marco de los procesos electorales federal y locales de 2020-2021, es contraria al principio de imparcialidad y, en consecuencia, afecta la equidad en la contienda y el efectivo ejercicio del derecho al voto libre.\u201d\u00a0<\/em><\/p>\n \u201cLas quejas y denuncias por violaciones al principio de imparcialidad con motivo de la aplicaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n y reparto de bienes, servicios y recursos relativos a programas sociales, as\u00ed como aquellas presentadas por violaciones al principio de imparcialidad en la aplicaci\u00f3n de recursos p\u00fablicos que involucren la difusi\u00f3n en radio o televisi\u00f3n de cualquier clase de propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ser\u00e1n radicadas y sustanciadas como procedimientos sancionadores\u2026y, en caso de que \u00e9stos pudieran constituir alg\u00fan delito en materia electoral, se dar\u00e1 vista a la Fiscal\u00eda Especializada en Delitos Electorales\u201d.\u00a0<\/em><\/p>\n